El anuncio llega en medio de una serie de encuentros que el mandatario ha sostenido con líderes de pueblos indígenas y representantes de comunidades negras, en un giro de interlocución que la Casa de Nariño describe como una ruptura con la lógica de confrontación atribuida a la administración anterior. La fórmula no es nueva: desde la Constitución de 1991, que reconoció la jurisdicción especial indígena y la consulta previa como derecho fundamental, cada gobierno ha debido definir su propio canal de diálogo con las organizaciones étnico-territoriales, con resultados desiguales.
El CRIC, fundado en 1971 en el norte del Cauca, es una de las organizaciones indígenas más antiguas y con mayor capacidad de movilización del país. Durante décadas ha sido interlocutor casi exclusivo del Estado con los pueblos nasa, misak y otros del departamento, y ha protagonizado mingas que en gobiernos anteriores derivaron en bloqueos prolongados de la vía Panamericana, uno de los corredores logísticos más sensibles del suroccidente colombiano.
La cifra que el Gobierno anunció revisar —$1,13 billones— corresponde a los recursos que, según el propio Ejecutivo, el Estado reporta haber entregado a la organización, sin que se haya precisado el periodo exacto ni el desglose por rubros. La revisión se enmarca en las facultades de control que corresponden a la Contraloría General de la República sobre la ejecución de recursos públicos girados a terceros, incluidas las organizaciones sociales que administran programas con financiación estatal.
El mensaje de fondo del Ejecutivo es que la representación de una comunidad no puede traducirse en el monopolio de la interlocución con el Estado ni convertirse, según la lectura oficial, en un mecanismo de presión permanente. Esa es la tensión que atraviesa el debate: distinguir entre la defensa de un territorio y el uso de la movilización como palanca de negociación frente a decisiones que el Gobierno considera que deben tomarse por otras vías institucionales.
Un asistencialismo que el Gobierno busca superar
La administración de la Espriella ha planteado que buena parte de la relación entre el Estado y las comunidades étnicas durante el gobierno anterior se sostuvo sobre un esquema de subsidios y transferencias que, aunque atendía necesidades inmediatas, no integró a esas poblaciones en una visión de desarrollo basada en sus capacidades productivas y su autonomía territorial. La discusión no es ajena al debate público: el DANE ha documentado de manera recurrente las brechas de pobreza multidimensional entre los departamentos con mayor población indígena y afrodescendiente —como Cauca, Chocó y La Guajira— y el promedio nacional, brechas que sucesivos gobiernos han intentado cerrar con fórmulas distintas y resultados limitados.
La apuesta declarada del nuevo Gobierno es abrir espacio a liderazgos alternativos dentro de las propias comunidades, capaces de sentarse a discutir soluciones de desarrollo y no únicamente a reclamar recursos. Esa línea conecta con otros episodios recientes en los que la asignación de fondos públicos a territorios y organizaciones sociales ha quedado bajo escrutinio, como el giro de más de $20.000 millones que el Ministerio del Interior destinó a Soledad semanas antes del cambio de gobierno, un caso que ilustra las dificultades de trazabilidad del control fiscal sobre transferencias a entidades territoriales y sociales.
Consulta previa y el vacío sobre la representación
El marco normativo que rige estas disputas tiene origen en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 21 de 1991, y en el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional ha hecho del derecho a la consulta previa en decenas de sentencias. Ese cuerpo normativo reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes el derecho a ser consultadas sobre decisiones que afecten su territorio, pero no define con precisión quién ostenta la representación legítima cuando varias organizaciones pretenden interlocución sobre una misma comunidad, un vacío que ha alimentado disputas similares en otras regiones.
Ese es uno de los puntos de fricción que atraviesa al país en materia de representación territorial y control de recursos, como evidencia la denuncia de un campesino de Nóvita sobre una toma minera de 13.000 hectáreas con nexos políticos en Chocó, donde también se discute quién habla legítimamente en nombre de una comunidad frente a intereses económicos y políticos en disputa.
La posición del Gobierno no cierra la puerta al diálogo con el CRIC ni desconoce su legitimidad histórica, pero condiciona la negociación a que se produzca por canales institucionales y no mediante la amenaza de bloqueos o movilizaciones. Esa distinción —entre protesta legítima y negociación bajo presión— ha sido terreno de disputa recurrente: el paro agrario de 2013 y las mingas del Cauca de esa misma década terminaron con el Estado cediendo recursos adicionales bajo la presión de bloqueos viales prolongados.
El trasfondo de este episodio se inscribe en un relevo de gobierno que el comunicado oficial describe como una ruptura con una etapa de confrontación institucional permanente. Esa lectura corresponde a la narrativa del Ejecutivo; el CRIC ha reivindicado históricamente la minga como mecanismo legítimo de interlocución con el Estado y la defensa de sus territorios en el Cauca.
El propio presidente fijó el límite de la negociación en términos categóricos sobre la minga anunciada.
«El Gobierno respeta la protesta pacífica, pero no está dispuesto a negociar bajo presión, mediante vías de hecho o amenazas», afirmó el presidente Juan Carlos de la Espriella.
