La norma no construye ni un solo reactor por sí misma. Fija un cuadro de reglas para lo que el Gobierno de Giorgia Meloni llama «nuclear sostenible» y encarga al Ejecutivo la redacción, en un año, de los decretos que deberán regular seguridad, autorizaciones, gestión de residuos y relación con los territorios donde eventualmente se instalen las plantas. Es, en sentido estricto, una ley marco, no una licencia de obra.
Italia apagó su último reactor en 1990, tras el referéndum de 1987 celebrado al calor del desastre de Chernóbil, que llevó a los italianos a rechazar en las urnas la energía atómica. Un segundo referéndum, en 2011, apenas semanas después del accidente de Fukushima, volvió a bloquear cualquier intento de relanzar el sector. Desde entonces el país ha dependido de importaciones eléctricas de sus vecinos —principalmente Francia, con el parque nuclear más grande de Europa— sin poder generar esa energía dentro de sus fronteras.
Meloni ha enmarcado la reforma como la corrección de esa dependencia histórica.
«Hoy importamos electricidad producida por las centrales nucleares de naciones cercanas, pero no podemos producirla nosotros. Esta ley sirve para cambiar las cosas», declaró Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia.
La premier ha insistido en que la reforma no habla de resucitar las viejas centrales de los años setenta y ochenta, sino de apostar por tecnologías de nueva generación, en particular los pequeños reactores modulares (SMR), presentados como más seguros y adaptables que los diseños clásicos. Según el argumentario del Ejecutivo, esa energía sería estable, de bajas emisiones y complementaria a las renovables, en un contexto de demanda eléctrica al alza impulsada por los centros de datos y la inteligencia artificial. Meloni ha sostenido que la medida reduce la exposición a crisis internacionales «que hemos pagado en la factura».
Pichetto Fratin sitúa los reactores en 2033
El ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, calificó la jornada de histórica y avanzó un calendario: los primeros reactores podrían entrar en funcionamiento entre 2033 y 2034, casi una década después de la aprobación de la ley. El Gobierno italiano estima que, si el nuclear llegara a cubrir al menos el 11% de la combinación energética nacional, el ahorro en costes de descarbonización rondaría los 17.000 millones de euros hasta 2050. El Plan Nacional de Energía y Clima eleva esa cuota potencial hasta el 22%, aunque ambas cifras dependen de decisiones que aún no se han tomado.
La oposición parlamentaria votó en bloque contra el texto y cuestionó tanto los plazos —casi una década hasta el primer reactor operativo— como los costes, que considera inciertos, y la madurez tecnológica de los SMR, que todavía no están plenamente comercializados a escala industrial. Los grupos críticos recordaron además que la ciudadanía italiana rechazó la energía nuclear en dos referendos, en 1987 y en 2011, un argumento que la mayoría de Meloni contrapone con el hecho de que ninguna de esas consultas prohibió de forma permanente legislar sobre la materia.
Una encuesta de junio del instituto Demopolis retrata esa tensión social: un 51% de los italianos apoyaría la reapertura de la producción nuclear en el país, pero una mayoría se muestra contraria a que una central se instale cerca de su vivienda, la clásica paradoja del «síndrome NIMBY» que ha frenado infraestructuras energéticas en buena parte de Europa.
Francia, el espejo y el proveedor
El caso italiano se lee en paralelo al modelo francés, que sostiene alrededor del 65% de su electricidad con energía nuclear a través de decenas de reactores construidos desde los años setenta bajo el programa Messmer, lanzado tras la crisis del petróleo de 1973. Francia ha sido durante décadas la principal exportadora de electricidad a Italia, una relación que Roma querría reequilibrar sin renunciar a la interconexión eléctrica europea, gestionada bajo las reglas del mercado interior de la Unión Europea.
La reforma se inscribe también en un giro más amplio dentro de la UE, donde Francia, Polonia, República Checa y varios países del este han presionado para que Bruselas reconozca la energía nuclear como tecnología «verde» a efectos de financiación climática, frente a las reticencias tradicionales de Alemania y Austria. Italia, hasta ahora en la orilla antinuclear, se desplaza con esta ley hacia el bloque proatómico, aunque sin capacidad de producción propia hasta bien entrada la próxima década.
Meloni cerró su intervención pública con un tono de balance de legislatura: «Otro compromiso que hemos cumplido», dijo, situando la reforma nuclear junto a otras medidas de su Gobierno presentadas como cumplimiento del programa electoral, en la misma línea en que semanas atrás anunció una ley para restringir el uso del burka y el hiyab en los colegios italianos y limitar el número de alumnos extranjeros por aula.
El siguiente paso ya no depende del Parlamento. El Ejecutivo italiano dispone de doce meses, a contar desde la aprobación definitiva del Senado, para redactar los decretos que trasladarán la ley marco a normas de aplicación concretas sobre seguridad nuclear, procedimientos de autorización y gestión de residuos radiactivos. Solo cuando esos decretos estén en vigor podrá determinarse si Italia logra cumplir el calendario apuntado por Pichetto Fratin y ver sus primeros reactores modulares operativos hacia 2033.
