La presión partió de Ada Colau, que a última hora del miércoles emplazó a sus colegas de Sumar a dejar «solo» al PSOE «si no está dispuesto a hacer políticas valientes» y sentenció: «Se acabó». Ningún partido del espacio secundó su idea de romper el Ejecutivo, pero sí cerraron filas frente a los ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, que cuestionó el «izquierdismo» de quienes le daban «lecciones» desde Sumar y arremetió contra la propia Colau.
Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, respondió directamente al dirigente socialista con un mensaje de contención interna antes que de ruptura.
«Óscar, es importante no confundirnos de adversario», declaró Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid.
El desahucio había elevado la tensión desde primera hora del jueves en el Congreso, donde la ministra de Vivienda y sus socios lo describían como «punto de inflexión» para legislar. Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificó el caso de «tragedia social» y trasladó la responsabilidad a las administraciones madrileñas, en línea con la estrategia de Moncloa de señalar al PP, que gobierna la mayoría de comunidades donde no se aplica la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023. El presidente recordó además que la iniciativa que habría impedido el desahucio decayó en abril por falta de mayoría.
Malestar socialista con Sumar
En el ala socialista del Gobierno la maniobra de Sumar generó malestar, también dentro del propio espacio de Yolanda Díaz, donde se considera que no era el momento de plantear una ruptura que desvía el foco de la inacción atribuida al PSOE y de la responsabilidad compartida con las derechas. Fuentes gubernamentales sostienen que el socio minoritario «equivoca el enemigo» al situar la presión en el Ejecutivo, cuando el texto de abril decayó por falta de mayoría en un Congreso donde, subraya el PSOE, existe «una mayoría de derechas».
El pulso reproduce el de marzo, cuando Sumar dilató la celebración del Consejo de Ministros que debía aprobar el decreto sobre la crisis de Irán, también a cuenta de la vivienda. El PSOE aceptó entonces elaborar un nuevo texto asumiendo que no prosperaría, y el mes de vigencia de sus medidas generó, según fuentes socialistas, un laberinto judicial para los inquilinos que buscaban prorrogar sus contratos.
Junts regresa a la mesa de negociación
Fuentes socialistas señalan que trabajan para llevar un nuevo texto al Consejo de Ministros del martes, tal y como exige Sumar, aunque insisten en que de poco sirve aprobarlo en Moncloa si después se bloquea en la Carrera de San Jerónimo. La presión se dirige ahora hacia Podemos, reacio a que el decreto incluya la reforma de la ley del suelo, y sobre todo hacia Junts, que exige beneficios fiscales y medidas antiocupación como condición.
«Los socios que apoyan al Gobierno tendrán que entender que deben ceder para que salga adelante», recuerdan fuentes socialistas, que atribuyen el nuevo impulso a la movilización social de las últimas horas tras el desahucio. La vivienda figura como principal preocupación de los españoles, un frente en el que la normativa habitacional genera fricciones cotidianas como las que recoge la Ley de Propiedad Horizontal sobre el uso de espacios comunes.
Los diputados de Junts, alejados de la mesa de negociación desde su ruptura hace casi un año, anunciaron este jueves de forma sorpresiva su regreso a las conversaciones con el Ejecutivo, un movimiento que podría resultar determinante para que el decreto supere el trámite parlamentario que hundió su primera versión en abril.
