El contrato de Maricarmen pertenecía al régimen español conocido como renta antigua, firmado por su padre en 1956, durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y heredado primero por su madre y, tras la muerte de esta en 2005, por ella misma. Ese régimen fijaba condiciones distintas a las de los alquileres nuevos, entre ellas una renta históricamente baja: Maricarmen pagaba 500 euros mensuales (unos $573), una cantidad muy inferior al valor de mercado para un piso de ese tamaño en uno de los barrios más acomodados de Madrid.
La ley española permitió que algunos contratos antiguos siguieran vigentes, pero modificó las reglas sobre la actualización de la renta y sobre qué familiares podían continuar el arrendamiento al fallecer el inquilino. Por eso el cambio de dueño no extinguía automáticamente el alquiler: había que determinar antes si el contrato seguía en pie. Según la interpretación del Tribunal Supremo, en este caso el arrendamiento no podía prolongarse de forma indefinida por tratarse de una segunda sucesión dentro del mismo núcleo familiar.
La vivienda cambió de manos en dos ocasiones. En 2018 la familia propietaria original vendió el edificio a la empresa Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247,000 euros ($282,000), oferta que ella rechazó por no poder costearla. Ese mismo año, Renta Corporación transfirió el inmueble a Urbagestión, la empresa que finalmente ejecutó el desahucio.
Urbagestión reclamó inicialmente una renta mensual de 2,650 euros ($3,018) y posteriormente redujo la exigencia a 1,650 euros ($1,879), cifra que aun así superaba en 300 euros la pensión mensual de 1,350 euros ($1,537) que percibe la inquilina. Según su abogada, Maricarmen nunca dejó de pagar la renta que venía abonando ni se negó a cubrir el monto original del contrato, mientras la empresa sostenía que el acuerdo antiguo había expirado legalmente.
El litigio se prolongó durante varios años. Los tribunales aplazaron tres fechas anteriores para ejecutar el desahucio y fijaron el último intento para este miércoles 23 de septiembre. A primera hora del día la comisión judicial ingresó al inmueble y concretó el desalojo. Maricarmen, que vivía en un sexto piso y tiene dificultades para caminar, salió en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón.
"Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado", denunció Beatriz Duro, abogada de Maricarmen.
La escena frente al edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda reunió a decenas de activistas que acamparon la noche previa y a cientos de personas que se congregaron la mañana del desalojo para bloquear el portal y las escaleras, coreando consignas como "Maricarmen se queda". Entre los presentes figuraron el actor Carlos Bardem —hermano de Javier Bardem— y la cantante Ana Belén.
Cargas policiales frente al edificio
La policía acordonó un tramo de la vía y retiró a manifestantes y periodistas de la entrada, donde hubo cargas contra algunos de los activistas, que denunciaron golpes y el uso de gas pimienta. La Delegación del Gobierno español afirmó que los agentes actuaban por mandato judicial. El episodio reactivó el debate sobre la Ley de Vivienda española, en vigor desde 2023, y sobre la tensión entre el derecho de propiedad y el acceso a la vivienda, una pugna presente también en las grandes capitales de América Latina, donde el encarecimiento del alquiler urbano presiona a inquilinos de la tercera edad.
"Una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero", expresó Maricarmen en un video difundido en redes sociales tras agradecer el apoyo recibido.
En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU solicitó que se paralizara el desahucio mientras examinaba el caso, o que se ofreciera a Maricarmen una alternativa habitacional adecuada, una petición que finalmente no impidió la ejecución judicial. El Ministerio de Vivienda de España afirmó, además, que la entidad pública CASA 47 había ofrecido comprar el piso directamente a Urbagestión, propuesta que la empresa rechazó.
Según medios españoles, una escritora que prefirió mantener el anonimato se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba la inquilina y los 2,650 euros reclamados por la empresa, así como cualquier deuda pendiente, oferta que también fue desestimada por Urbagestión, de acuerdo con la abogada de la afectada.
El caso de los contratos de renta antigua, que fijan precios muy por debajo del mercado y regulan su transmisión familiar, vuelve a colocar en el centro la fricción entre regulación estatal e intereses privados en el mercado inmobiliario, un choque que se repite en otros frentes internacionales, como la reciente resolución entre Paramount y fiscales estadounidenses que allanó el camino a una fusión de $111,000 millones.
Tras salir del hospital, Maricarmen rechazó la opción de alojarse en una residencia temporal ofrecida por la Comunidad de Madrid y decidió instalarse en casa de familiares, cerrando así, al menos por ahora, un litigio que se extendió durante años entre instancias judiciales y que dejó expuestas las tensiones del régimen de renta antigua en la capital española.