El acuerdo no equivale a un respaldo judicial a la operación: el propio Bonta aclaró que el pacto no constituye un aval a la fusión, aunque los fiscales consideran que resuelve sus inquietudes antimonopolio. Un juez federal debe todavía aprobar los términos, paso previo indispensable para que se combinen los servicios de streaming HBO Max y Paramount+ bajo una sola empresa.
La demanda, presentada a finales de julio por la coalición de fiscales estatales, argumentaba que la fusión otorgaría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% del segmento de grandes estrenos, además de reforzar su posición en los canales básicos de televisión por cable.
"Hemos logrado un acuerdo que resuelve nuestras preocupaciones antimonopolio sobre la fusión Warner Bros./Paramount. garantizando una inversión masiva en la producción cinematográfica nacional y estableciendo salvaguardias exigibles para ayudar a mantener competitivos los precios del cable", declaró Rob Bonta, fiscal general de California.
Como parte del pacto, Paramount deberá constituir un fondo de $47.5 millones para los trabajadores afectados por la fusión, junto con restricciones sobre la forma en que la empresa negocia sus contratos de televisión por cable, medida orientada a contener el alza de tarifas para los consumidores.
Antes de sentarse a negociar, Paramount había exigido a los estados demandantes depositar una fianza de $1,900 millones, alegando pérdidas económicas por el retraso de la operación, y llegó a amenazar con retirar su presencia del estado de California si la disputa se prolongaba. De concretarse la fusión, la compañía resultante controlaría, además de la cadena CBS, decenas de canales de cable entre los que figuran CNN, TBS, HGTV, Food Network y Comedy Central.
La FCC eliminó el límite a capital extranjero
El pacto con los fiscales llega días después de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobara la solicitud de Paramount para permitir que hasta el 49.5% de su capital quede en manos de inversionistas extranjeros una vez cerrada la fusión, eliminando el tope previo del 25% sobre propiedad foránea y fijando en 20% el máximo por inversor individual.
El organismo precisó, no obstante, que esos inversionistas no tendrán acciones con derecho a voto. Según el texto de la FCC, dichos inversionistas "no tendrán ninguna influencia, dirección ni control sobre las decisiones de Paramount en materia de contenido, gestión de la empresa ni acceso a datos no públicos sobre ciudadanos estadounidenses, ni podrán ofrecer comentarios ni orientación al respecto".
Esa decisión de la FCC desestimó las objeciones de un grupo de senadores demócratas, que habían advertido sobre riesgos de seguridad ante una eventual entrada de fondos soberanos de inversión de Oriente Medio en el capital de la compañía. La aprobación final del acuerdo judicial queda ahora en manos del juez federal que revisa los términos pactados.