El proyecto nació de un protocolo bilateral acordado entre Roma y Tirana y preveía trasladar a territorio albanés a migrantes rescatados en aguas internacionales por buques italianos para tramitar allí sus solicitudes de asilo o su expulsión, sin que llegaran a pisar suelo italiano. El complejo, financiado por Italia y operado por personal italiano bajo jurisdicción de ese país, incluye un centro de primera acogida en la costa y otro de mayor capacidad en Gjadër.
Desde su apertura, la puesta en marcha chocó repetidamente con los tribunales. Los primeros traslados, en octubre de 2024, fueron revertidos en cuestión de días por jueces italianos que invocaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la definición de «países de origen seguros», la categoría jurídica que determina qué solicitantes pueden ser derivados a procedimientos acelerados de expulsión. Aquella resistencia judicial obligó al Gobierno a paralizar el mecanismo en sucesivas ocasiones durante 2024 y 2025.
La entrada en vigor, en junio de 2026, del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que introduce procedimientos fronterizos acelerados y controles reforzados para las expulsiones, alimentó las expectativas de un impulso definitivo. Meloni anunció que reanudaría los traslados este verano, presentando el pacto como el respaldo normativo que su plan necesitaba.
Sin embargo, el nuevo marco comunitario no incorpora el esquema de externalización que sustenta el centro de Gjadër, que sigue rigiéndose por el protocolo bilateral con Albania y no por la normativa europea recién estrenada. Esa desconexión jurídica explica que la instalación continúe prácticamente vacía a las puertas de cumplir dos años en octubre próximo.
Un modelo que sigue en litigio
El debate sobre la externalización del asilo tiene un precedente reciente en el acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, impulsado por el Gobierno conservador de Boris Johnson y continuado por Rishi Sunak, que pretendía procesar solicitudes de asilo en territorio ruandés. Aquel plan fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico en noviembre de 2023 y finalmente abandonado por el Ejecutivo laborista de Keir Starmer en 2024, sin que llegara a trasladarse a ningún solicitante bajo ese esquema.
Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han denunciado que el modelo albanés dificulta el acceso de los solicitantes a asistencia letrada y a recursos judiciales efectivos fuera del territorio de la Unión Europea. El Gobierno italiano ha defendido, por su parte, que el mecanismo respeta el derecho comunitario y sirve como elemento de disuasión frente a las travesías irregulares por el Mediterráneo central.
La Comisión Europea ha mantenido una posición cautelosa sobre el modelo italiano: no lo ha incorporado explícitamente al nuevo Pacto migratorio, pero tampoco lo ha condenado, un equilibrio que refleja las divisiones internas de la UE sobre la externalización de fronteras. Varios Estados miembros han mostrado interés en fórmulas similares a la espera de que la experiencia italiana arroje resultados.
El Gobierno de Meloni ha insistido en que el centro albanés, aunque de aplicación limitada hasta ahora, forma parte de una estrategia más amplia contra la inmigración irregular. La oposición italiana ha reclamado la reasignación de sus fondos a políticas de acogida, mientras los socios de coalición del Ejecutivo respaldan mantener la instalación operativa como elemento disuasorio, con independencia de su nivel de ocupación real.
A falta de una reforma del protocolo bilateral que lo alinee con el nuevo Pacto europeo, o de una decisión judicial que despeje las dudas sobre la aplicación de la categoría de país seguro, el centro de Gjadër afronta su segundo aniversario en octubre de 2026 en situación de práctica inactividad. Su futuro depende de nuevas resoluciones judiciales y de la voluntad política de Roma para insistir en un modelo que, hasta la fecha, no ha producido los resultados anunciados por su promotora.
