Según los datos trasladados por el Interior bávaro, los ciudadanos extranjeros —que representan en torno al 15,5% de la población del estado— concentraron una proporción muy superior a su peso poblacional en los delitos violentos investigados en 2025. Entre las nacionalidades más señaladas figuran sirios (1.284 sospechosos), turcos (799), ucranianos (797), afganos (784) y rumanos (687), un reparto que refleja tanto los flujos migratorios recientes hacia Alemania como la presencia de comunidades asentadas desde hace décadas, caso de la turca.
Las cifras se agravan en los delitos más graves: en homicidios y asesinatos, los sospechosos sin pasaporte alemán supusieron el 43,1% de los 411 casos registrados; en violaciones y agresiones sexuales, incluidas las que acabaron en muerte, el porcentaje fue del 42,8% sobre 1.288 sospechosos. Son magnitudes que muestran una sobrerrepresentación relevante, aunque los propios datos difundidos no permiten establecer causalidad ni descartar otros factores asociados a la migración reciente, como la edad media más joven de estas poblaciones o su concentración en entornos urbanos con mayor incidencia delictiva general.
Un matiz metodológico resulta clave para interpretar el conjunto: las estadísticas policiales alemanas, tal y como se elaboran a nivel federal y regional, no recogen si los sospechosos de nacionalidad alemana tienen a su vez origen migrante, es decir, si son alemanes nacidos en el país de padres extranjeros o nacionalizados. Esa omisión, común a los registros de la Policía Criminal Federal (BKA) y replicada en los länder, impide conocer el peso real de la población con trasfondo migratorio en el total de la delincuencia violenta.
El diputado Böhm enmarcó los datos bávaros en el debate migratorio nacional y calificó la violencia registrada como un problema «importado» en una medida «demasiado alta». «Ninguna cantidad de edulcoración o trivialización ayudará. Los números hablan por sí mismos», declaró el legislador. AfD ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de otras formaciones por su uso de estadísticas de criminalidad con fines electorales, un reproche que el partido rechaza.
Un dato en plena ola electoral de AfD
La difusión llega tras el avance de la formación en Sajonia-Anhalt, uno de sus mejores resultados desde su fundación en 2013, en un land del este de Alemania. En ese contexto, colectivos de acogida han reclamado a las autoridades regionales la puesta en marcha de programas específicos de apoyo ante el temor de las comunidades migrantes a un repliegue de las políticas de integración. Según informaciones recogidas tras los comicios, hasta un 80% de los inmigrantes residentes en el estado se plantearía abandonarlo.
Baviera, gobernada desde 2018 por la Unión Social Cristiana (CSU) en coalición con los Electores Libres, ha mantenido tradicionalmente una política de seguridad más restrictiva que otros länder y su Ministerio del Interior ha sido más proclive que el Gobierno federal a difundir desgloses de criminalidad por nacionalidad, una práctica que en estados como Renania del Norte-Westfalia genera mayor resistencia por parte de las autoridades de protección de datos.
El debate sobre criminalidad y migración no es nuevo en Alemania. Ya en 2016, tras los ataques masivos contra mujeres en la Nochevieja de Colonia, atribuidos mayoritariamente a hombres de origen norteafricano y de Oriente Próximo, el país vivió una primera oleada de escrutinio público sobre las estadísticas de criminalidad desagregadas por nacionalidad, que contribuyó al ascenso inicial de AfD como fuerza parlamentaria en las elecciones federales de 2017. Desde entonces, el BKA publica anualmente un informe específico sobre criminalidad de sospechosos no alemanes, una decisión adoptada bajo presión política y objeto de críticas por su uso partidista y por su valor como herramienta de transparencia.
Representantes del Partido Socialdemócrata (SPD), que gobierna en coalición federal con la CDU/CSU desde las elecciones de febrero de 2025, han insistido en ocasiones anteriores en que los datos policiales brutos, sin ponderar por variables socioeconómicas, edad o estatus legal de residencia, tienden a sobreestimar el papel de la nacionalidad como factor explicativo de la delincuencia. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han reclamado que estas estadísticas se acompañen siempre de un análisis contextualizado que evite su uso como argumento aislado.
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) y el BKA elaboran cada año el Informe de Criminalidad Policial (Polizeiliche Kriminalstatistik), fuente oficial de referencia a nivel nacional, si bien los desgloses regionales como el bávaro no siempre se integran de forma homogénea en ese documento, lo que explica que datos como los solicitados por Böhm surjan de peticiones parlamentarias específicas antes que de publicaciones sistemáticas.
AfD se ha consolidado en los últimos ciclos electorales como una de las primeras fuerzas en varios länder del este, incluidos Turingia y Sajonia, mientras la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) mantiene bajo escrutinio a parte de la organización por sospecha de extremismo, una calificación que el partido recurre en los tribunales y que condiciona el debate sobre una eventual ilegalización, nunca activada hasta la fecha.
El uso político de estadísticas de criminalidad desagregadas por nacionalidad seguirá previsiblemente en el centro del debate público alemán de cara a las próximas citas electorales regionales, mientras el Gobierno federal evalúa reformas en la forma de recopilar y publicar estos datos que permitan mayor precisión sin alimentar interpretaciones simplificadas, un equilibrio aún no resuelto para ninguna de las partes del espectro político.