La respuesta se produce en un momento en que la Casa Blanca ha convertido la inteligencia artificial en uno de los ejes de su política exterior y económica, con Pekín como principal rival en la carrera por el desarrollo de sistemas cada vez más potentes. Washington ha optado por una estrategia de desregulación acelerada que prioriza la velocidad de despliegue sobre las cautelas planteadas en los últimos años por investigadores, laboratorios y organismos internacionales.
Las advertencias sobre riesgos existenciales asociados a la superinteligencia artificial no son nuevas. Desde hace años, científicos de referencia en el campo del aprendizaje automático han alertado sobre escenarios en los que sistemas de IA superen las capacidades humanas de forma descontrolada, un debate que ha marcado cumbres internacionales y ha empujado a algunos gobiernos a plantear marcos regulatorios específicos. El Reglamento europeo de IA, aprobado por la Unión Europea, entró en vigor de forma progresiva desde 2024 y es la primera norma integral del mundo sobre esta tecnología.
Frente a ese enfoque, la Administración estadounidense ha defendido públicamente que cualquier freno regulatorio interno debilitaría la posición de Estados Unidos frente a China, que destina recursos masivos al desarrollo de sus propios modelos de IA generativa y de aplicaciones militares y civiles asociadas. Esa lógica de competencia geoestratégica ha sido el argumento central esgrimido por Trump y por su entorno tecnológico desde el inicio del mandato.
El tablero de la inteligencia artificial se ha convertido en una prolongación de la rivalidad comercial y tecnológica que ambas potencias mantienen desde hace más de una década, con episodios como las restricciones a la exportación de semiconductores avanzados o las disputas por el control de las cadenas de suministro de chips. La Casa Blanca ha situado el liderazgo en IA en el mismo plano estratégico que el dominio de tecnologías críticas como los semiconductores o las telecomunicaciones de quinta generación.
Ese enfoque no ha estado exento de controversia dentro del propio ecosistema tecnológico estadounidense. Empresas y laboratorios de IA han mantenido posiciones divididas entre quienes reclaman una regulación más estricta ante los riesgos de sistemas cada vez más autónomos y quienes defienden que cualquier limitación normativa solo beneficiaría a competidores extranjeros menos escrupulosos con esas cautelas.
El rechazo de Trump llega, además, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad inmediata de estos sistemas, más allá de los escenarios de riesgo existencial a largo plazo. Un reciente ciberataque en el que miles de agentes de IA de OpenAI quedaron involucrados en una operación de conspiración informática, calificado como histórico, ha reavivado el debate sobre la fragilidad de los sistemas actuales frente a usos maliciosos, un asunto distinto pero conectado con el que plantean los científicos que alertan sobre la superinteligencia.
