El derrumbe de las Torres Gemelas, el impacto contra el Pentágono y la caída del vuelo 93 en Pensilvania alteraron de forma inmediata la política exterior de Estados Unidos y de sus aliados occidentales. La Administración de George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo semanas después, lo que derivó en la invasión de Afganistán en octubre de 2001 y, dos años más tarde, en la de Irak, dos conflictos cuyas consecuencias todavía condicionan Oriente Próximo y Asia Central.
Cuatro de los diecinueve responsables de los atentados siguen recluidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba, entre ellos Jalid Sheij Mohamed, señalado como el cerebro de la operación. Su proceso, tramitado ante una comisión militar estadounidense, arrastra dos décadas de aplazamientos por cuestiones procesales, denuncias de tortura durante los interrogatorios y disputas sobre la validez de las pruebas obtenidas. El juicio no comenzará hasta 2028, veintisiete años después de los hechos.
La prisión de Guantánamo, abierta en enero de 2002 para recluir a sospechosos de terrorismo capturados fuera de territorio estadounidense, se convirtió en símbolo de controversia internacional por el limbo legal en que quedaron sus reclusos, ajenos tanto al derecho penal ordinario como a las garantías de los prisioneros de guerra que recoge el Convenio de Ginebra. Naciones Unidas ha reclamado en repetidas ocasiones su cierre.
El balance de víctimas del yihadismo en estos veinticinco años no se limita a los grandes atentados en suelo occidental, como los de Madrid en 2004, con 192 muertos, Londres en 2005, con 52, o París en 2015, sino que incluye una cifra mucho mayor de ataques en países como Irak, Afganistán, Nigeria, Somalia o Siria, donde grupos como Al Qaeda, el Estado Islámico o Boko Haram han mantenido una actividad terrorista sostenida durante años.
La cifra de 240.000 muertos en más de 60.000 atentados desde 2001 refleja un fenómeno que ha mutado en sus formas: de los ataques organizados y de gran escala del 11-S se ha pasado a una violencia más dispersa, protagonizada en ocasiones por células autónomas o actores radicalizados sin vínculo operativo directo con las organizaciones matrices, un patrón que los servicios de inteligencia europeos denominan terrorismo de baja intensidad o de lobo solitario.
En España, el recuerdo del 11-S está unido al de los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004, el ataque yihadista más mortífero sufrido en Europa hasta la fecha, que dejó 192 muertos y cerca de 2.000 heridos en cuatro trenes de cercanías. Aquel ataque, tres días antes de las elecciones generales, situó a España en primera línea de la amenaza yihadista y reforzó la cooperación antiterrorista con Estados Unidos y el resto de socios europeos.
La amenaza sigue viva en el debate público: una iniciativa ciudadana pide retirar a España del Mundial 2030 por motivos de seguridad y política exterior, mientras persisten las tensiones migratorias y de seguridad en la frontera sur.
A veinticinco años de aquel martes de septiembre en que el mundo vio en directo el derrumbe de las Torres Gemelas, el proceso judicial contra los responsables directos del atentado sigue sin cerrarse: su resolución definitiva no llegará antes de 2028.
