«Las cárceles no pueden seguir funcionando como universidades del crimen. En mi gobierno se transformarán en espacios de disciplina y productividad. El que quiera comer, tendrá que trabajar, llevaremos a los criminales más peligrosos al medio del mar, para que ya no puedan seguir delinquiendo», señaló De la Espriella. El mandatario vincula la iniciativa a su programa de gobierno de construir grandes centros penitenciarios inspirados en el modelo salvadoreño impulsado por Nayib Bukele, que ha sido objeto de críticas internacionales por presuntas irregularidades en el debido proceso.
Según la información trasladada por medios colombianos, los camarotes de los buques quedarían convertidos en celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros, equipadas con una litera y sin acceso a televisión, radio ni ningún equipo de comunicación. El diseño busca un aislamiento total que impida a los reclusos mantener contacto con sus estructuras criminales en el exterior, uno de los problemas recurrentes que las autoridades atribuyen a la coordinación del delito desde el interior de las prisiones.
La iniciativa cobró impulso en el consejo de seguridad celebrado el domingo 23 de agosto en Barranquilla, donde el Gobierno también anunció el refuerzo de la seguridad pública con 2.000 nuevos agentes de policía, la incorporación de 50 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército y el despliegue de 60 uniformados adicionales para el control de corredores estratégicos que conectan el departamento del Atlántico con el resto del país. Según fuentes consultadas por el diario El Tiempo de Bogotá, la ejecución del plan recaería en la Dirección General Marítima (DIMAR), bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.
El proyecto contempla la disposición de embarcaciones en dos frentes marítimos: el Caribe, en aguas próximas a Cartagena, y el Pacífico, cerca de Buenaventura, donde permanecerían internos considerados de alta peligrosidad. Ambos puertos figuran entre los principales corredores de salida de cocaína del país hacia mercados de consumo en Norteamérica y Europa.
Un sistema penitenciario al 128% de su capacidad
La propuesta llega en un contexto de crisis estructural del sistema carcelario colombiano. Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en junio de 2026, la sobrepoblación en los centros de reclusión del país alcanza el 28,6%, con un total aproximado de 104.395 internos frente a una capacidad instalada de 81.139 cupos. El propio organismo advirtió de que «la situación se torna crítica en los centros de detención transitoria donde el hacinamiento promedio alcanza el 127%, registrándose picos regionales superiores al 500%».
Ese diagnóstico sitúa el plan de los buques-prisión no como una solución al hacinamiento general, sino como un mecanismo de aislamiento selectivo dirigido a un grupo reducido de reclusos —unos 40, según las cifras manejadas hasta ahora— cuya capacidad de coordinación criminal desde la cárcel se considera prioritaria de neutralizar. La construcción de grandes penales, que De la Espriella defiende como objetivo de fondo, figura como la vía permanente frente a la cual los barcos operarían como medida puente.
El uso de embarcaciones como espacio de reclusión no carece de precedentes en la historia colombiana. Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), varias fragatas militares fueron empleadas para retener en alta mar a presos vinculados al narcotráfico y a estructuras guerrilleras, en episodios puntuales y no como política penitenciaria permanente. Más atrás en el tiempo, la penitenciaría de la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano, operó entre 1960 y 1984 aprovechando el aislamiento natural del enclave —a unos 50 kilómetros del continente— y las condiciones adversas del entorno, desde fuertes corrientes marinas hasta la presencia de especies peligrosas.
La fórmula de los buques-cárcel tiene también antecedentes internacionales de mayor calado histórico. En el siglo XIX, tanto España como el Reino Unido recurrieron a grandes embarcaciones para el cautiverio de prisioneros de guerra. Durante la Guerra Civil española, el buque Uruguay permaneció anclado en el puerto de Barcelona como centro de detención en los años treinta. Y en Chile, ya bajo la dictadura de Augusto Pinochet en los años setenta, el buque escuela Esmeralda fue utilizado en el puerto de Valparaíso con el mismo propósito.
La propuesta de De la Espriella no ha sido, por el momento, objeto de un desarrollo normativo público ni de un marco jurídico detallado que regule las condiciones de reclusión en alta mar. La reclusión en buques plantea interrogantes sobre el acceso a defensa legal, visitas familiares y atención médica, aspectos que el derecho penitenciario colombiano exige garantizar bajo estándares constitucionales y compromisos internacionales suscritos por el país, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El plan se inscribe además en el marco más amplio del Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional promovida por Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump, que sitúa a Colombia como uno de sus puntos de aplicación prioritarios. La cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha antidroga entre Bogotá y Washington ha sido, durante décadas, uno de los ejes de la política exterior colombiana, con episodios de tensión y colaboración que se remontan al Plan Colombia de finales de los años noventa.
Organizaciones de derechos humanos, la propia Defensoría del Pueblo y sectores de la oposición no se han pronunciado todavía de forma extensa sobre la iniciativa, cuyo debate previsiblemente se intensificará si el Gobierno avanza en su desarrollo reglamentario. Por el momento no se ha hecho público un calendario concreto de implementación ni el nombre de las embarcaciones que eventualmente serían destinadas a este uso, ni tampoco un presupuesto estimado para adaptar los buques de la Armada a su nueva función.
Las próximas semanas, y en particular el desarrollo de las gestiones dentro del Ministerio de Defensa y la DIMAR, serán determinantes para saber si la propuesta se traduce en un proyecto normativo formal o queda como un anuncio dentro de la batería de medidas de seguridad presentadas en el consejo de Barranquilla. De concretarse, marcaría un punto de inflexión en la política penitenciaria colombiana de las últimas décadas.
