La Universidad George Washington sustituyó en mayo su Oficina de Diversidad, Igualdad y Compromiso Comunitario por una Oficina de Comunidad, Cultura e Inclusión. Meses antes, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign había rebautizado su departamento equivalente como Oficina de Acceso, Derechos Civiles y Comunidad. La tendencia se repite en campus de estados tanto republicanos como demócratas, y detrás del cambio lingüístico late una campaña de represión legislativa que ya ha cristalizado en 34 leyes en 19 estados.
Un análisis de nóminas de varios sistemas universitarios estatales, realizado por The Economist, sugiere que el impacto real de esa campaña ha sido hasta ahora limitado pese al ruido político. La mayoría de las instituciones ha optado por reorganizar y renombrar sus oficinas antes que suprimirlas, un enfoque que les permite conservar personal y objetivos mientras dan impresión de cumplir la norma y atraen menos escrutinio conservador.
El caso de la Universidad Estatal de Ohio
Antes de que entrara en vigor en 2025 el proyecto de ley del Senado n.º 1, que prohibió los programas de DEI en los centros públicos de Ohio, la Universidad Estatal de Ohio contaba con más de 150 empleados dedicados a diversidad, con un coste anual estimado en 11,2 millones de dólares. Tras la norma, los puestos y departamentos con esa etiqueta desaparecieron prácticamente por completo, pero casi cuatro de cada cinco trabajadores permanecieron en nómina bajo nuevos cargos o departamentos, según los registros consultados por The Economist. La reducción del gasto de personal en ese área fue de solo el 14%.
Jerry Cirino, senador estatal republicano y promotor de esa ley, admite el patrón: «Varias instituciones han cambiado los títulos y los nombres de los departamentos». Cirino se declara en general satisfecho con el grado de cumplimiento, aunque reconoce su límite.
«La práctica sigue existiendo, solo que ahora la llaman de otra manera», afirma Jerry Cirino, senador estatal de Ohio y promotor del proyecto de ley del Senado n.º 1.
Quienes defienden estos programas coinciden en el diagnóstico, con distinta valoración. Emelyn A. de la Peña, presidenta de la Asociación Nacional de Responsables de Diversidad en la Educación Superior, sostiene que el cambio ha sido sobre todo cosmético.
«Algunas personas han cambiado el lenguaje que utilizan en público, pero el trabajo subyacente es muy similar», afirma Emelyn A. de la Peña, presidenta de la Asociación Nacional de Responsables de Diversidad en la Educación Superior.
Frente a la presión política y judicial, las universidades han seguido tres vías. Un grupo reducido, con Harvard como referencia, ha rechazado abiertamente desmantelar sus programas pese a las exigencias de la Casa Blanca, que condicionaba la financiación federal. Otras han reafirmado su compromiso: el rector del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York aseguró ante los legisladores que no tenía «ninguna intención de dar marcha atrás», promesa que repitió el rector de la Universidad de Minnesota.
Un segundo bloque ha optado por el cumplimiento estricto. En Texas, tras la aprobación en 2023 del proyecto de ley del Senado n.º 17, que prohibía las oficinas de DEI en las universidades públicas, la Universidad de Texas en Austin comunicó el despido de 49 trabajadores —cifra que la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios elevó a 62—. Su entonces rector, Jay Hartzell, explicó que los fondos destinados a diversidad se «reasignarían para apoyar la docencia y la investigación».
La tercera vía, mayoritaria según los datos manejados, es el cambio de nombre sin eliminación real de funciones. El trasfondo enlaza con debates sobre financiación y autonomía universitaria que en otros países adoptan otras formas, como el pulso entre administraciones y campus que en España se cruza con las tensiones entre el Gobierno y sus socios, aunque con marcos normativos y actores muy distintos.
