Las declaraciones se producen después de que trascendieran documentos desclasificados relativos a la gestión de la llegada de cerca de 80.000 personas a Ceuta a finales de julio, un episodio que ha marcado la agenda parlamentaria y ha reabierto el debate sobre el reparto de competencias migratorias entre el Estado y las comunidades autónomas. Según la portavoz, esos informes evidenciarían fisuras internas en la coordinación entre distintos organismos del Ejecutivo central: «Parece que en el seno de este Gobierno y de toda la estructura que representa un Estado no hay confianza entre ellos mismos», declaró, antes de calificar la situación de «panorama desolador».
A partir de ese diagnóstico, Nogueras insistió en que las fronteras que interesan a su partido son, en primer término, «las de Cataluña». La iniciativa que Junts presentó de nuevo en solitario a finales de agosto incorpora la cesión a la Generalitat de la gestión del control fronterizo en materia de inmigración. «Ya que desde el Gobierno español son incapaces de poder hacer este trabajo, que como mínimo nos den a Cataluña la oportunidad de hacerlo a nuestra manera», reclamó la dirigente.
Una competencia que la Constitución reserva al Estado
La inmigración, la extranjería y el derecho de asilo figuran entre las materias que el artículo 149.1.2 de la Constitución reserva en exclusiva a la Administración central. Una delegación de esas funciones a una comunidad autónoma requeriría, en consecuencia, una reforma de calado o fórmulas de cooperación administrativa que hasta ahora no se han articulado en España. El control de fronteras, en particular, depende de los cuerpos de seguridad del Estado y de los compromisos asumidos por España en el marco del espacio Schengen.
La misma propuesta ya fue sometida a votación en el Congreso en una ocasión anterior sin que prosperase su toma en consideración, circunstancia que Nogueras atribuyó a Podemos. La portavoz anunció que la iniciativa volverá a debatirse «en las próximas semanas» y lanzó un aviso a los grupos que entonces se opusieron: «Veremos aquí los partidos que votaron en contra la última vez cómo van a actuar ahora».
Nogueras sostuvo que el objetivo de su formación sería «incrementar» el control fronterizo desde la comunidad autónoma, a la que definió como «puerta a Europa». «Cataluña, con este control de fronteras y con estas competencias en materia de inmigración, puede ser un socio fiable, puede generar una estabilidad que hoy no está dando el Gobierno español», declaró.
Sobre los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva de finales de julio, la portavoz pidió «prudencia» y cuestionó la idoneidad de asumir compromisos de acogida sin los recursos adecuados. «Si no tienes los recursos y la estructura para poder darles esta acogida, es absurdo que digas que tienes que acoger si no lo puedes hacer bien», afirmó, en línea con la posición que su partido mantuvo en 2024 durante la crisis migratoria de Canarias.
Aquel episodio canario de 2024 constituye el precedente que Junts esgrime. Entonces, el reparto de menores no acompañados entre comunidades generó una fuerte tensión territorial que derivó en una modificación de la Ley de Extranjería para articular la distribución solidaria. Nogueras recordó ese antecedente para sostener que existen comunidades que «jamás han acogido» o que «nunca han llegado a cubrir las plazas estructurales» que tienen asignadas, frente a lo que describió como el histórico compromiso catalán, que según su relato «siempre está por encima del límite» de acogida.
«¿Por qué seguir tensionando a aquellos que hemos hecho siempre los deberes y que nadie puede cuestionar nuestra solidaridad y no se empieza a dar su responsabilidad a las comunidades que no lo han hecho nunca?», planteó la portavoz. En el reparto derivado de la crisis canaria, según recordó, a Cataluña no le correspondió acoger a ningún menor adicional, dato que utilizó como argumento a favor de la coherencia de su posición.
En el plano europeo, la Comisión Europea aprobó una ayuda urgente de 114,7 millones de euros para atender la emergencia surgida en Ceuta tras la llegada de decenas de miles de personas a finales de julio. Ese fondo se enmarca en los mecanismos de gestión de crisis previstos por el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado en 2024 tras años de negociación entre los Estados miembros.
El Ejecutivo ha defendido en ocasiones anteriores que la gestión de la crisis de Ceuta se ha ajustado al marco legal vigente y a la coordinación con las instituciones europeas. Junts, cuyos votos resultaron decisivos para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, ha endurecido su posición hacia el Gobierno a lo largo de la legislatura y condiciona su apoyo a distintas iniciativas, entre ellas la tramitación de la quita de deuda autonómica.
El calendario parlamentario marcará los próximos pasos. La nueva votación sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña, anunciada para las próximas semanas, será el primer test para comprobar si el resto de grupos —incluidos los que bloquearon la iniciativa en su anterior intento— mantienen o modifican su posición. De su resultado dependerá si el debate territorial sobre el control de fronteras avanza en sede parlamentaria o queda de nuevo aparcado, mientras persiste la incógnita sobre el contenido íntegro de los informes desclasificados sobre la gestión de la crisis de Ceuta.
