Los recursos rechazados buscaban el cierre del expediente que vincula a Hage Jalil con la explosión en pleno vuelo de la aeronave, que había despegado del aeropuerto Enrique Jiménez, en la provincia de Colón. La defensa del imputado pidió archivar la causa; las magistradas concluyeron que no se cumplían los requisitos legales para admitir esa pretensión.
Para fundamentar el rechazo, la Sala Penal invocó la Ley 121 de 2013, que adoptó medidas contra actividades relacionadas con la delincuencia organizada, junto con los artículos 2139, 2424 y 2426 del Código Judicial, que regulan los requisitos de admisibilidad de los recursos de apelación en procesos que aún se tramitan bajo el sistema inquisitivo mixto.
El sistema procesal en disputa
Ese punto —el modelo procesal aplicable— constituye uno de los ejes de la controversia jurídica. La defensa de Hage Jalil sostiene que el caso debe regirse por las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), e invoca una resolución de la propia Corte Suprema del 5 de junio de 2017, según la cual todos los procesos posteriores a enero de 2018 deben tramitarse bajo ese modelo. El SPA, implantado por etapas en Panamá desde 2011 hasta su vigencia plena en 2016, se apoya en audiencias orales y en el control de garantías por un juez, frente al carácter escrito del sistema anterior.
El expediente, sin embargo, se originó años antes de esa fecha de corte, por lo que la Fiscalía Superior de Descarga —dependencia del Ministerio Público encargada precisamente de las causas heredadas del sistema inquisitivo— y la Sala Penal han mantenido que corresponde continuar bajo las normas del sistema anterior, aplicables a los hechos investigados con antelación a la entrada en vigor del SPA.
Hage Jalil permanece detenido en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de que se resuelva su situación judicial. Su condición procesal es la de investigado dentro de una causa que aún no ha derivado en audiencia de imputación formal, por lo que continúa amparado por la presunción de inocencia.
La causa acumula más de tres décadas marcadas por interrupciones. La investigación original fue archivada de manera provisional poco después del atentado, sin que se identificara entonces a los responsables materiales o intelectuales más allá del pasajero que habría trasladado el artefacto explosivo.
Según la reconstrucción de los hechos que consta en el expediente, un pasajero identificado como Ali Hawa Jamal ocultó un artefacto explosivo en un radio troncal y lo detonó durante el vuelo, provocando la muerte de las 21 personas que iban a bordo. El cuerpo de Jamal nunca fue reclamado.
La causa se reabrió años más tarde, cuando las autoridades obtuvieron nueva información sobre la presunta vinculación de Hage Jalil con el atentado, en el marco de una acción que la investigación atribuye al grupo Hizbulá. Esa hipótesis ha sido uno de los elementos que ha sostenido el interés internacional en el caso.
La localización y posterior extradición de Hage Jalil se produjo tras un extenso trabajo de cooperación internacional en el que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El investigado residía desde hacía años en Isla Margarita, Venezuela, donde fue ubicado por las autoridades de ese país.
Su entrega a Panamá se concretó el 20 de abril de 2026, después de que las autoridades venezolanas autorizaran la extradición para que enfrentara el proceso judicial abierto por el atentado. Desde entonces, la causa ha avanzado por la vía de los recursos y planteamientos procesales de la defensa, sin que se haya fijado fecha para una eventual audiencia de fondo.
El único atentado terrorista contra la aviación civil en Panamá
El ataque al vuelo de Alas Chiricanas figura entre los episodios más graves de violencia contra la aviación civil en la historia del país y ha sido señalado como uno de los pocos atentados de esa naturaleza registrados en territorio panameño. Su investigación, con cooperación de agencias extranjeras y la reapertura tras un archivo provisional, refleja la dificultad de sostener causas de estas dimensiones décadas después de los hechos.
Con el rechazo de los dos recursos, la investigación continúa bajo la instrucción de la Fiscalía Superior de Descarga, que deberá determinar en las próximas etapas si existen elementos suficientes para solicitar una audiencia de imputación formal contra Hage Jalil. Hasta entonces, el expediente permanece en fase de instrucción y el detenido conserva su condición de investigado.