La figura de la intervención estatal sobre un agente privado tiene sentido pleno cuando el objetivo es la liquidación de una empresa por insolvencia irreparable o pérdida de su objeto social. En ese escenario, el interventor cumple una misión acotada por la ley: apropiar los bienes del agente intervenido y saldar las cuentas conforme a un orden legal de prelación en el acceso a los recursos recaudados. Su gestión, según esta lectura, resulta predecible, evaluable y litigiosa si contraviene la normativa.
El problema surge cuando la intervención no busca liquidar sino administrar y, eventualmente, recuperar la empresa. Ahí las causales se vuelven imprecisas: definir qué constituye una gestión inadecuada queda a discreción de quien ordena la medida, se pierde la trazabilidad y se genera un poder desproporcionado en quien toma las decisiones. Son procesos vulnerables a la manipulación política, como quedó demostrado, según el análisis, en los pasados cuatro años.
Interventores de cuatro meses en promedio
Uno de los puntos más críticos de ese modelo es la selección de los interventores. El gobierno Petro pasó por encima de los protocolos para escoger a quienes terminarían administrando activos muy cuantiosos de las EPS intervenidas, y la experiencia, según el análisis, fue desastrosa: una rotación acelerada de interventores que permanecían en el cargo cuatro meses en promedio antes de ser retirados por cuestionamientos sobre sus capacidades y por el fantasma de la corrupción.
Los órganos de control del Estado —Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación— han mostrado, de acuerdo con el material, el legado de ese modelo, aunque el análisis no precisa investigaciones abiertas por nombre o número de radicado. Esa ausencia de trazabilidad no exime, sin embargo, de señalar el patrón: activos públicos de alto valor gestionados sin los mecanismos habituales de rendición de cuentas que exige cualquier entidad vigilada por la Superintendencia de Salud.
Sin junta directiva ni pesos y contrapesos
El diseño mismo de la intervención para administrar, más que para liquidar, elimina el gobierno corporativo de la entidad intervenida desde el momento en que se decreta la medida. No hay juntas directivas, no hay sistema de pesos y contrapesos, no hay controles ni controladores que fiscalicen al interventor en tiempo real. Su delegación emana directamente de la Superintendencia de Salud, lo que coloca a ese organismo, según el análisis, en un conflicto de interés y lo hace vulnerable a la manipulación.
Ese vacío de control se agrava con la rotación constante de interventores, que permite diluir responsabilidades individuales entre gestiones sucesivas. Cuando uno es retirado por cuestionamientos, el siguiente hereda una situación deteriorada sin que exista un mecanismo claro para exigir cuentas al anterior por las decisiones tomadas durante su gestión.
El desfinanciamiento como telón de fondo
El contexto en que operan estas intervenciones agrava el riesgo. El sistema de salud arrastra un problema de desfinanciamiento que ha dejado a proveedores desesperados por recursos y a usuarios enfrentando desabastecimiento de servicios y medicamentos. En ese escenario, advierte el análisis, las intervenciones se transformarán en un poderoso bumerán, y lo último que necesita el sistema son nuevos escándalos de corrupción.
La tensión fiscal atraviesa otros sectores estratégicos del Estado. Así como Noguera reporta un faltante de $5,5 billones en vigencias futuras de la ANI, el sistema de salud enfrenta su propio desfase entre recursos disponibles y obligaciones acumuladas, un patrón en el que la falta de planeación presupuestal de mediano plazo termina golpeando servicios esenciales para la ciudadanía.
Las EPS actualmente intervenidas están en situación crítica, y el diagnóstico, según el análisis, ya está hecho y no requiere más demoras: hay entidades que claramente no tienen viabilidad y deben liquidarse, mientras que otras, viables o cuya liquidación tendría un impacto sistémico inasumible, habrá que reflotarlas con la inyección de capital que les permita responder por sus afiliados.
Pero la definición de qué EPS entra en cada categoría no puede hacerse en el vacío. Requiere, según el análisis, una definición clara del modelo de aseguramiento que regirá el sistema y del esquema de territorialización que determinará cómo se distribuye la prestación de servicios en las regiones. Sin ese marco de mediano plazo, cualquier plan de choque inmediato corre el riesgo de quedarse en un parche sobre un problema estructural.
El riesgo de manipulación política en el manejo de entidades del Estado no es exclusivo del sector salud. Tal como consta en la denuncia ante organismos de control que señala clientelismo en la Cancillería, ese patrón atraviesa distintas dependencias cuando los mecanismos de control interno se debilitan o se subordinan a decisiones discrecionales.
El gobierno cuenta, según el análisis, con capital político y respaldo del sector salud para acometer esas redefiniciones, pero ninguno de los dos será eterno. Es ineludible acompasar el plan de choque con la visión de mediano plazo del sistema y aprovechar ese cuarto de hora para efectuar las redefiniciones necesarias, más que administrar el sistema a través de intervenciones sucesivas.
