Noguera resumió su plan de gestión en tres verbos: priorizar, destrabar y ejecutar. La ministra sostuvo que el país no necesita más obras prometidas sin respaldo financiero, sino terminar las ya iniciadas, y encuadró ese propósito en lo que el Gobierno ha llamado ordenar la casa. Para cubrir el faltante de la ANI, propuso reprogramar los recursos comprometidos durante los próximos años, de manera concertada con los concesionarios, sin desconocer los contratos vigentes.
El diagnóstico que expuso la funcionaria no se limita a lo financiero. Noguera señaló que el actual Gobierno recibió cerca del 60 % de las vías nacionales a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) en mal estado, varios puentes colapsados y tres corredores viales revertidos al Estado tras la política de reversión de concesiones del Gobierno anterior. A ello sumó cuentas por pagar sin Plan Anual de Caja (PAC), es decir, obligaciones reconocidas sin efectivo disponible para honrarlas.
Para enfrentar el hueco presupuestal, la ministra planteó una revisión proyecto por proyecto de las vigencias futuras. La fórmula consiste en identificar recursos atados a obras cuyo ritmo de ejecución no justifica el monto ya asignado y reprogramarlos con los contratistas para liberar espacio destinado a proyectos con capacidad real de avanzar. Noguera insistió en que las vigencias futuras son una herramienta indispensable para la infraestructura de largo plazo, pero cuestionó que se conviertan en un recurso congelado mientras la obra no avanza.
Tres corredores revertidos, bajo revisión
Sobre los tres corredores que quedaron a cargo del Invías tras su reversión, la ministra explicó que se evaluará caso por caso entre una nueva concesión, un contrato de operación y mantenimiento o la continuidad temporal bajo el propio Invías mientras se define una salida definitiva. La prioridad inmediata, dijo, es evitar el deterioro de esas vías y garantizar la seguridad de quienes las transitan, con reglas claras, transparencia y competencia.
Entre los proyectos que la cartera considera prioritarios, Noguera mencionó el Túnel del Toyo en Antioquia, donde ya se instalan los equipos electromecánicos para su entrada en operación el próximo año, y la vía Barranquilla-Santa Marta, corredor que conecta los puertos del Caribe y cuyas obras se reactivaron tras compromisos con las comunidades de los pueblos palafíticos. La ministra también citó la reactivación de convenios suspendidos en vías terciarias, en respuesta a solicitudes de comunidades rurales.
Noguera descartó de forma explícita cualquier incremento extraordinario en las tarifas de peajes o el cobro de valorización para financiar nueva infraestructura, y sostuvo que la prioridad es administrar con mayor eficiencia los recursos ya disponibles. La funcionaria anunció además una modificación a la Ley de APP para ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas, con la que espera atraer capital privado para carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, corredores fluviales y centros logísticos.
La reversión de peajes y concesiones fue una bandera del Gobierno de Gustavo Petro, cuya política de estatización trasladó al Invías corredores antes operados por privados. El esquema de vigencias futuras, por su parte, opera en Colombia desde el estatuto orgánico de presupuesto y permite comprometer recursos de años posteriores para obras de largo aliento, un mecanismo que gobiernos sucesivos han usado —y tensionado— para financiar la red vial, como ocurrió en su momento con las concesiones de cuarta generación.
La cartera adelanta también una revisión del Código de Tránsito que incluiría los costos de licencias, la revisión técnico-mecánica, los cobros de patios, grúas y fotodetección. Noguera argumentó que el aumento sostenido de multas y trámites en los últimos años no redujo la siniestralidad vial y, en cambio, elevó las deudas de los ciudadanos y llenó los patios de vehículos abandonados porque recuperarlos cuesta más de lo que valen. La ministra afirmó que las sanciones deben ser proporcionales y que se eliminarán intermediarios.
