El inicio de curso llega marcado por un calendario de conflictividad laboral que no responde a una convocatoria única, sino a un mosaico de negociaciones autonómicas abiertas de forma simultánea. Cataluña abrirá el curso el 8 de septiembre con una huelga convocada desde la primera jornada de clase, mientras que en la Comunidad Valenciana hay manifestaciones anunciadas para el 12 de septiembre. CSIF ha fijado una movilización ante el Ministerio de Educación para el 16 de septiembre, y Andalucía tiene previsto un paro el 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales de Cantabria y Baleares han amenazado también con convocar huelgas, sin fecha confirmada.
En Madrid, CCOO y UGT han anunciado una huelga indefinida del profesorado y del personal de la educación pública a partir del 14 de octubre, una convocatoria que se solaparía con el calendario de tramitación parlamentaria del proyecto de ley de ratios. Las reivindicaciones sindicales giran, según han trasladado las organizaciones convocantes, en torno a mejoras salariales y laborales, la reducción de la carga burocrática, más plazas de especialistas para la atención al alumnado con necesidades específicas, recursos para la inclusión y la atención a la diversidad, y avances en el Estatuto Docente, una norma pendiente de acuerdo definitivo.
El calendario madrileño, confirmado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, establece el 7 de septiembre como fecha de inicio para Infantil, Primaria y Educación Especial, y el 8 de septiembre para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Cada comunidad autónoma fija sus propias fechas dentro del margen que permite la legislación educativa, que atribuye a las administraciones regionales la gestión del calendario escolar sobre un mínimo lectivo estatal. Ese reparto competencial explica que la conflictividad se articule por territorios y no como un único conflicto de alcance nacional.
La reforma de las ratios, en el Congreso
El expediente parlamentario con mayor capacidad de transformar las condiciones de escolarización es el proyecto de ley que el Gobierno aprobó en abril de 2026. El texto plantea reducir la ratio máxima de alumnos por aula en Primaria de 25 a 22, y en la Educación Secundaria Obligatoria de 30 a 25. Además, fijaría un tope de 23 horas lectivas semanales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas para el resto de las enseñanzas no universitarias, en lo que constituye una de las principales reivindicaciones históricas de los sindicatos docentes.
El Congreso rechazó en junio las enmiendas a la totalidad presentadas contra la iniciativa, lo que permitió que el texto siguiera vivo y pasara a la fase de enmiendas parciales, cuya tramitación se reanuda ahora tras el receso de agosto. El recorrido de una ley en materia educativa suele extenderse varios meses entre el debate en comisión, el pleno del Congreso y, en su caso, el paso por el Senado antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, plazos que hacen difícil una entrada en vigor inmediata durante el curso que arranca.
Aunque el proyecto lograra su aprobación definitiva durante este curso, el propio texto registrado en la Cámara Baja contempla una implantación progresiva. La reducción de ratios comenzaría a aplicarse en el curso 2027-2028 para determinados niveles de Infantil y Primaria, se extendería a primero de la ESO en 2028-2029 y a primero de Bachillerato en 2029-2030, hasta alcanzar su despliegue completo en el curso 2031-2032. El calendario 2026-2027 que ahora empieza no se vería, por tanto, afectado por el cambio normativo en el grueso de las aulas.
Un decreto paralelo sin paso por el Congreso
De forma simultánea a la tramitación legislativa, el Ministerio de Educación trabaja en un real decreto que avanzaría por una vía administrativa distinta, sin necesidad de sortear la votación en el Pleno del Congreso ni el trámite en el Senado. El proyecto contemplaría, según la información difundida por la agencia Efe, máximos de cuatro bebés por educador en aulas de menores de un año, seis entre uno y dos años, ocho entre dos y tres años, y 22 alumnos entre tres y seis años. Para Bachillerato se plantearía un tope de 30 estudiantes, y de 15 para la Formación Profesional Básica.
El borrador incorporaría también que los alumnos con necesidades educativas especiales computen como dos plazas a efectos del cálculo de ratio, así como un refuerzo de los recursos de orientación educativa y la consolidación de la figura del coordinador de bienestar en los centros. Al tratarse de una norma de rango reglamentario, su aprobación corresponde al Consejo de Ministros y no exige la mayoría parlamentaria que sí necesita el proyecto de ley que tramita el Congreso.
La convivencia de dos instrumentos —una ley en trámite parlamentario y un decreto en fase de elaboración ministerial— para regular una misma materia no es inusual en el ordenamiento español, donde el Gobierno puede desarrollar reglamentariamente los aspectos no reservados a ley, siempre que no contradigan la norma de mayor rango una vez esta entre en vigor. El trasfondo de las reivindicaciones sindicales conecta además con un debate de más largo recorrido: el Estatuto Docente, una norma pendiente desde hace años que regularía de forma integral las condiciones laborales del profesorado, incluidas la carrera profesional, la movilidad y el reconocimiento de la función directiva, y cuya ausencia las organizaciones sindicales citan como una de las causas de fondo de la conflictividad recurrente.
Los precedentes de huelgas educativas en España se remontan a distintos momentos desde la Transición, coincidiendo habitualmente con reformas de calado como la LOGSE en los años noventa o la LOMLOE más recientemente, cuando los cambios normativos coincidieron con periodos de movilización del profesorado en varias comunidades. El patrón de este curso, con convocatorias fragmentadas por territorio antes que una huelga general única, mantiene esa lógica de reivindicaciones ancladas en negociaciones autonómicas específicas.
El horizonte inmediato pasa por comprobar si el Congreso avanza en septiembre y octubre con el debate en comisión del proyecto de ley de ratios, si el Ministerio culmina la tramitación de su real decreto y si las huelgas convocadas en Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía derivan o no en una convocatoria de mayor alcance en las semanas siguientes al inicio de curso. La primera prueba llegará el mismo 8 de septiembre, con el arranque del curso en Cataluña bajo huelga desde la jornada inicial.