La formación que lidera Santiago Abascal reclama la relación completa de todas las denuncias registradas entre 2021 y 2025 vinculadas al uso de estos fondos, destinados a financiar actuaciones municipales y autonómicas contra la violencia machista. En caso de que el Ejecutivo no facilite esos datos, Vox pide que se explique la «imposibilidad o negativa» de hacerlo, además de denunciar lo que considera «falta de transparencia» en el control y la fiscalización del dinero público.
El partido también pregunta por el número de quejas que han derivado en la apertura de expedientes, en procedimientos sancionadores o en el archivo de las actuaciones sin consecuencias administrativas o judiciales. Asimismo, exige conocer qué mecanismos ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad desde 2021 para prevenir irregularidades en la gestión de estas ayudas, que se canalizan a través de comunidades autónomas y ayuntamientos.
En su contestación, el Gobierno sostiene que el proceso de revisión de los fondos del Pacto de Estado no persigue sancionar a las entidades locales, sino comprobar que el dinero se destina al fin para el que fue concedido. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en el Congreso en 2017 con el respaldo de la mayoría de grupos, articula transferencias finalistas a administraciones territoriales para programas de prevención y atención a las víctimas.
«Las quejas recibidas son objeto de un procedimiento de análisis y seguimiento administrativo, en el que se solicita información a las entidades locales correspondientes a efectos de verificar la adecuación de las actuaciones a los fines del Pacto de Estado. Estas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino de control y verificación del cumplimiento de la finalidad de los fondos. Si no están vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se financian», asegura el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria.
El Gobierno precisa que, desde 2024, el Ministerio de Igualdad ha reforzado el control sobre la aplicación de estos fondos por parte de los ayuntamientos. Entre las medidas citadas figura la elaboración de una guía de «buen uso» del Pacto de Estado renovado, presentada el 7 de mayo de 2025 y distribuida a través de la Federación Española de Municipios y Provincias a los 7.880 municipios del país.
«Estas medidas tienen como finalidad reforzar la trazabilidad, la transparencia y el control del carácter finalista de los fondos», afirma el Ministerio de Igualdad en el texto remitido al Congreso.
El Ejecutivo detalla además la existencia de un buzón y un teléfono específicos para resolver dudas de los ayuntamientos durante la ejecución de los proyectos, así como un refuerzo en la revisión de las justificaciones presentadas, con solicitud de subsanaciones cuando se detectan actuaciones no financiables y control de los remanentes no ejecutados. A ello se suman acciones formativas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales para homogeneizar los criterios de elegibilidad de los proyectos.
El pulso parlamentario entre Vox y el Ministerio de Igualdad se produce en vísperas de una cita electoral marcada, con España convocada a las urnas el 29 de noviembre. El Gobierno recuerda que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, remitió una carta a los ayuntamientos tras la aprobación de los fondos del Pacto de Estado correspondientes a 2024 y 2025, en la que se recordaban los criterios de «buen uso» y ejecución del dinero público asignado.
