"Creemos que esto se puede hacer, creemos que se debe hacer ya y esperamos que el PP también lo entienda así", afirmó Abascal, que centró su argumentación en la gestión gubernamental de la llegada de migrantes a Ceuta. A su juicio, la actuación del Ejecutivo "sólo puede ser interpretada bajo el prisma de la traición". El dirigente vinculó su petición a la relación del Gobierno con Marruecos y acusó a Sánchez de actuar "por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles" al servicio de Rabat.
Un mecanismo excepcional, nunca activado desde 1978
El artículo 102 de la Constitución regula la responsabilidad penal del presidente y los demás miembros del Gobierno. Establece que, en caso de acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, esta solo podrá plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, es decir, un mínimo de 88 diputados sobre los 350 de la Cámara. La aprobación exigiría después mayoría absoluta, 176 votos, según el propio texto. Su apartado tercero añade que la prerrogativa de gracia del Rey no será aplicable a estos supuestos, de modo que, de prosperar, no cabría un indulto posterior.
Se trata de un mecanismo excepcional dentro del ordenamiento español, nunca activado desde la aprobación de la Constitución en 1978. Ningún presidente del Gobierno de la democracia ha sido sometido a este procedimiento, lo que convierte la petición de Vox en un hecho inédito. El precedente más cercano en el debate público sobre responsabilidad de altos cargos remite a las comisiones de investigación parlamentarias, que carecen de capacidad para depurar responsabilidad penal y solo pueden trasladar sus conclusiones a la Fiscalía o exigir responsabilidad política.
El recorrido de la iniciativa está condicionado por los trámites que exige el propio artículo 102, cuyo desarrollo corresponde al Reglamento del Congreso. La presentación formal de la petición marcaría el inicio de un proceso que, de no reunir el número mínimo de firmas, ni siquiera llegaría a debatirse en el pleno. Vox cuenta con una representación muy inferior por sí sola a los 88 diputados necesarios, lo que hace que la iniciativa dependa por completo de que el PP se sume.
Abascal reprochó a Sánchez no haber criticado ni al Gobierno marroquí ni al rey Mohamed VI durante una entrevista concedida este mismo lunes, pese a la magnitud de la llegada de personas a la ciudad autónoma. "No es normal que, después de padecer la invasión de 10.000 personas en nuestro territorio, el presidente del Gobierno, al ser preguntado hoy insistentemente en una entrevista, no haya deslizado ni una sola crítica al régimen de Marruecos ni una sola crítica a Mohamed VI", declaró. El líder de Vox concluyó que "hoy Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos".
La cifra de 10.000 personas mencionada por Abascal no ha sido contrastada con datos oficiales del Ministerio del Interior ni de la Delegación del Gobierno en Ceuta, organismos competentes para el registro y difusión de estos balances. Episodios de entradas masivas en la frontera ceutí, como el ocurrido en mayo de 2021 con la llegada de varios miles de personas en apenas 48 horas, han sido documentados por Interior y por la agencia europea de fronteras Frontex, con cifras que en aquella ocasión rondaron las 8.000 según balances oficiales del Gobierno.
La ofensiva forma parte de un paquete más amplio anunciado por Vox, que reclamará la suspensión del acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Marruecos y exigirá revisar las relaciones políticas y diplomáticas con Rabat. Abascal reclamó además al PP que rompiera en Ceuta "todos los acuerdos y todos los contactos que mantiene con los islamistas y con los restos del PSOE que gobiernan junto a" Juan José Vivas, en referencia al gobierno de la ciudad autónoma, y que pusiera fin a sus pactos con los socialistas en Bruselas en materia de política migratoria.
El Partido Popular no se ha pronunciado públicamente sobre la petición de activar el artículo 102 ni sobre la exigencia de romper acuerdos locales y europeos. La formación de Feijóo ha mantenido en otras ocasiones una postura crítica con la gestión migratoria del Ejecutivo, pero sin respaldar mecanismos de este calibre jurídico contra el jefe del Gobierno. Sin sus votos, la iniciativa no alcanzaría siquiera el umbral de 88 diputados necesario para plantear la acusación ante el Congreso.
Moncloa tampoco ha respondido de forma directa a las acusaciones de Abascal. El Gobierno ha defendido en anteriores episodios de tensión migratoria en Ceuta y Melilla que su actuación se ajusta al marco de cooperación con Marruecos reconstruido en 2022, tras la crisis diplomática de 2021 provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que derivó en la entrada masiva de personas por la frontera ceutí aquel mes de mayo.
Abascal extendió sus críticas al conjunto de la política del Ejecutivo, al que acusó de provocar "la ruina", el deterioro de los servicios públicos y la destrucción de la seguridad, sin aportar datos oficiales que sustentaran esas afirmaciones. Advirtió también de que el Gobierno recurrirá en el nuevo curso político a "lo posible y lo imposible, lo legal o lo ilegal" para debilitar a la oposición, y sostuvo que el Ejecutivo estaría dispuesto a alterar el censo electoral de cara a futuras elecciones mediante "cualquier tipo de estratagema", sin especificar mecanismos ni presentar pruebas.
La decisión recae ahora sobre el PP: sin sus votos, la iniciativa no reunirá el respaldo parlamentario mínimo y quedaría archivada sin someterse a votación en el pleno. La postura que adopte la formación de Feijóo determinará si la petición avanza o se frustra en el arranque del curso político, un pulso que Vox ha situado deliberadamente en el terreno del principal partido de la oposición.