El origen del caso está en la ceremonia de toma de posesión, celebrada el 7 de agosto, en la que intervinieron tres líderes religiosos de distintas confesiones. El rabino David Michaan leyó versículos del Antiguo Testamento y cerró su intervención con el grito "Viva Colombia y viva Israel". Le siguieron el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y el monseñor católico Francisco Múnera, que pidieron, por separado, el cese de los atentados terroristas, el retorno de la seguridad y la unión nacional.
Fue en ese mismo acto cuando De la Espriella pronunció por primera vez como mandatario la expresión "¡Viva Cristo Rey!", que desde entonces se ha convertido en cierre habitual de sus discursos y publicaciones en redes sociales. La frase, de fuerte carga simbólica en el imaginario católico latinoamericano, abrió de inmediato el debate sobre los límites entre la fe personal de un jefe de Estado y el carácter laico que la Constitución colombiana atribuye a sus instituciones.
La respuesta judicial llegó mediante una acción de tutela, el recurso de amparo previsto en el ordenamiento colombiano para la protección inmediata de derechos fundamentales. Al resolver en primera instancia, el juez determinó que el mandatario debía disculparse ante el país "por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado" en una alocución por radio y televisión programada para el 30 de septiembre de 2026.
De la Espriella cumplió con el requerimiento y ofreció la disculpa exigida, pero de forma simultánea presentó apelación contra el fallo, con lo que la disputa legal continúa abierta. El presidente ha seguido utilizando el lema en casi todas sus intervenciones públicas posteriores a la orden, un gesto que sus opositores interpretan como un desafío a la resolución y que su entorno presenta como coherencia con sus convicciones.
La profesora Bibiana Ortega, del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá, señaló a la agencia EFE que el uso de la religión forma parte de "la batalla cultural" que el mandatario ha afirmado que dará bajo su mandato. Según Ortega, el cristianismo funciona en ese discurso como "un pilar" identitario que el presidente proyecta como aglutinante nacional, y que no gira solo en torno a la Iglesia católica, sino alrededor de varios credos con sus respectivos grupos de interés.
El perfil religioso del gobierno se reforzó tras el triunfo electoral del 21 de junio de 2026, cuando De la Espriella designó al pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, un nombramiento leído como señal hacia la feligresía evangélica que respaldó su candidatura. Buena parte de su electorado procede de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a lo que denomina "ideología de género".
La trayectoria personal del mandatario añade un matiz a la controversia. Videos y mensajes suyos en redes sociales de hace más de una década lo muestran declarándose ateo, una postura que él mismo explica como superada: sostiene que hace seis años recuperó la fe y se declaró católico. Durante la campaña, su partido, Defensores de la Patria, señaló que De la Espriella "no se considera un político tradicional, sino un instrumento de la voluntad de Dios llamado a cambiar el rumbo de Colombia de manera definitiva".
El 1 de agosto, seis días antes de asumir el cargo, De la Espriella organizó un retiro espiritual con quienes integrarían su gabinete, en el que aseguró que pondría a Dios "en el centro de cada decisión". En ese encuentro entregó una Biblia a cada asistente, y en los registros audiovisuales difundidos por su entorno se le ve arrodillado rezando, junto con imágenes de un sacerdote oficiando una misa.
Ortega interpretó el fenómeno como un uso simbólico orientado a legitimar el proyecto político que el propio mandatario fundó. "Una de las patas de ese proyecto político se fundó en ciertos temas religiosos. Me parece que si él está buscando hablarle a un público, pues ahí le está hablando a su público y su público se siente representado y no se siente amenazado", añadió la académica, que enmarca el discurso como un mecanismo de reafirmación de la base electoral más que de ampliación hacia sectores no religiosos.
Colombia se define constitucionalmente como un Estado laico, principio que no impide la libertad de culto individual de sus gobernantes. La tensión entre la fe personal del jefe de Estado y la laicidad institucional atraviesa la historia política latinoamericana desde los procesos de secularización constitucional del siglo XIX y XX, cuando la mayoría de repúblicas de la región desligaron progresivamente al Estado de la Iglesia católica. El caso colombiano reabre ese debate en clave contemporánea, con la novedad de la pluralidad de credos que convoca el mandatario.
El desenlace del litigio quedará en manos de la instancia de apelación, que deberá resolver si el fallo que ordenó la disculpa pública se confirma, se modifica o se revoca. Mientras el recurso avanza, la fecha del 30 de septiembre de 2026, fijada para la alocución de disculpas, permanece como hito concreto del calendario judicial, aunque la apelación del mandatario podría alterar los términos de su cumplimiento definitivo.