El Real Decreto 316/2026 ampara únicamente a quienes residían en España antes del 1 de enero de ese año y puedan acreditar cinco meses de residencia ininterrumpida. Según el expediente, ninguno de los más de una docena de certificados y formularios adjuntos a la solicitud acredita la presencia del interesado en territorio español antes de esa fecha. El justificante de registro presenta el volante de empadronamiento como documentación acreditativa de la permanencia, pero el ayuntamiento de un municipio de la costa mediterránea lo expidió a finales de junio de 2026, con una inscripción del mismo día.
El pasaporte completa el itinerario: un sello de la inmigración nepalí registra la salida de Katmandú en agosto de 2025, y otro de la frontera rumana su entrada por el aeropuerto Henri Coandă de Bucarest. El solicitante permaneció en Rumanía con un visado expedido en Nueva Delhi en julio de 2025, válido hasta el 10 de enero de 2026 —con la observación de «trabajador permanente»—, antes de volar a España con la compañía húngara de bajo coste ya fuera del plazo que marca el decreto.
La solicitud se acogió al supuesto de situación de vulnerabilidad, para lo que se aportó un certificado firmado el 29 de junio por una ONG senegalesa inscrita en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que marca las casillas de carencia de ingresos, riesgo de exclusión económica y dificultad de acceso a empleo. El mismo 30 de junio, el solicitante firmó una declaración jurada asegurando que su certificado de antecedentes penales se encontraba en trámite, pese a que la Policía de Nepal lo había emitido el 25 de junio y la Embajada de España en Nueva Delhi había legalizado la firma consular el día 29.
La resolución de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería es explícita en sus efectos inmediatos:
«El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional, a la persona solicitante a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad», recoge el escrito.
La Administración le ha asignado un número de identidad de extranjero (NIE) y le ha requerido el pago de una tasa de 38,28 euros, si bien el propio texto precisa que la autorización «NO habilita para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)». La resolución recuerda que la decisión final tiene un plazo máximo de tres meses, prorrogable, y que la denegación de la solicitud supondría la pérdida automática de la autorización provisional para trabajar.
La regularización arrancó el 27 de enero de 2026, cuando el Consejo de Ministros dio vía urgente a un real decreto concebido inicialmente para medio millón de extranjeros. El plazo de solicitudes, abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio sin opción de prórroga, terminó acumulando 1.174.978 peticiones. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, había acusado ya en enero al Gobierno de intentar manipular el censo tras conocerse el pacto con Podemos para sacar adelante la norma.
El episodio evoca las irregularidades detectadas en la llamada Ley de Nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abrió la puerta a conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados del franquismo. Hasta el cierre de ese plazo, el 22 de octubre de 2025, se acumularon más de 2,4 millones de peticiones, de las que solo se ha rechazado el 1,32% de las resueltas, frente al 20% que denegaba la ley de 2007. El Archivo Diocesano de Ourense alertó de la venta en Cuba de partidas de nacimiento y certificados de defunción falsos por 2.000 euros para esos trámites.
Debates paralelos sobre el control de los procedimientos migratorios recorren otras decisiones recientes del Ejecutivo, como la constatación de que el Gobierno no corregirá en la nueva Ley de Extranjería el vacío de las devoluciones por mar. En el caso de la regularización, la resolución advierte de que la denegación acarrea la pérdida de la autorización, pero el título provisional ya concedido permite trabajar mientras se resuelve el expediente.
La Ley de Nietos exigía demostrar un abuelo; la regularización extraordinaria exige una fecha. En el expediente de este joven nepalí, la única prueba de su llegada a España la firma una aerolínea de bajo coste: un vuelo del 20 de mayo de 2026, fuera del plazo que marca el decreto.
