La sentencia del Alto Tribunal interpretó la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, fijada en 2021, que permite devolver a quienes son sorprendidos superando «los elementos de contención fronterizos» en Ceuta y Melilla. Según esa lectura, el régimen de rechazo solo se aplica a «aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas», un requisito que no se cumple cuando la entrada se produce por el agua, donde no existe una delimitación fronteriza equivalente.
Casi un mes antes del asalto migratorio, la Guardia Civil remitió una comunicación, después desclasificada por el Gobierno, en la que pedía reformar esa disposición adicional décima para que incluyera «la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados», y que ese régimen operase «con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro)».
La misma comunicación alertaba de un «riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto llamada» derivado de la interpretación judicial. El Ejecutivo no atendió entonces esa petición. Semanas después, casi 80.000 personas entraron en Ceuta en apenas 24 horas a través de la frontera con Marruecos, en uno de los episodios de mayor magnitud registrados en la frontera sur.
Boyas con desperfectos el 23 de septiembre
Ante la sentencia, Interior optó por reforzar el perímetro marítimo con boyas, de modo que su instalación permitiera considerar «superado» un elemento de contención también en el agua y habilitar así las devoluciones. Esas boyas amanecieron con desperfectos y dejaron tramos desprotegidos el pasado 23 de septiembre, jornada en la que, según fuentes del Ministerio de Defensa, ya existían avisos sobre una posible entrada masiva.
El Gobierno ha anunciado infraestructuras de mayor calado: la prolongación en 100 metros del espigón de El Tarajal mediante un dique vertical y un nuevo sistema de balizamiento que llegue hasta el fondo marino para evitar entradas submarinas, en sustitución de las boyas actuales. Se trata, no obstante, de obras que Interior prevé ejecutar a largo plazo, mientras el borrador —orientado a adaptar la norma a las exigencias de la Unión Europea— no toca el régimen especial de 2021 que el Supremo interpretó en junio.
El Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo, ha registrado en el Senado una proposición de ley para modificar ese régimen especial, que se votará la próxima semana. Desde Génova sostienen que el problema no reside en la infraestructura sino en la redacción legal de la norma.
«El Supremo no dice que falten boyas o vallas, dice que la letra de la ley actual limita así su aplicación (.) el problema es de la ley, no de infraestructura», sostienen fuentes del PP.
«Mientras la ley siga redactada en torno a la existencia y superación de un elemento de contención, cualquier entrada que no encaje exactamente en ese supuesto seguiría quedando fuera del régimen especial», subrayan desde el PP.
La proposición popular busca que el régimen de rechazo en frontera se aplique también «donde es mucho más difícil establecer elementos de contención y verificar cuándo se da ese supuesto», en referencia expresa al medio marítimo. En paralelo al debate legislativo sigue abierta la causa judicial sobre lo ocurrido aquel 30 de julio: la juez que instruye la entrada en Ceuta ha apreciado indicios contra altos cargos y ha vetado informar a sus superiores.
