Según el relato reconstruido a partir de las imágenes grabadas por los propios camarógrafos de la cadena, el equipo —cuatro miembros— se encontraba entrevistando a Abdullah y a su familia sobre el desalojo que, según denunció la mujer, sufrieron a manos de colonos que operan en los alrededores de Jalud. Durante la grabación, un vehículo gris con matrícula israelí se aproximó de forma agresiva al grupo, con un hombre vestido con chándal azul asomado por la ventanilla trasera y armado con un palo.
Al detenerse el coche, cuatro individuos con el rostro cubierto descendieron y comenzaron a golpear tanto a la entrevistada como a los periodistas, además de dañar la luna frontal del vehículo de la cadena. Los afectados sostienen que los agresores lanzaron piedras contra ellos antes de subir de nuevo al automóvil y huir del lugar. No consta información sobre detenciones vinculadas a este incidente.
El ataque no fue un hecho aislado esa jornada. Ese mismo sábado, decenas de colonos enmascarados rociaron con gas pimienta a trabajadores palestinos y arrojaron piedras contra un edificio en la localidad de Qusra, que según los residentes lleva semanas bajo el asedio de grupos de colonos. El Ejército israelí informó de que sus tropas tuvieron que intervenir para expulsar a los atacantes y poner fin a los enfrentamientos, que se saldaron con varios heridos entre la población palestina.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu emitió un comunicado condenando los «actos criminales de violencia» cometidos en Qusra y Jalud, atribuidos a «un puñado de alborotadores que violan la ley». El Ejecutivo y el Ejército israelí han sido acusados de hacer la vista gorda ante los ataques de colonos contra palestinos y extranjeros en Cisjordania, sin que las condenas oficiales se hayan traducido, según denuncian organismos de derechos humanos, en un incremento sustancial de procesamientos.
Críticas desde la oposición israelí
La reacción del Gobierno no evitó las críticas dentro de Israel. El exministro de Defensa Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! (¡Recto!) y, según las encuestas, principal rival de Netanyahu, calificó el episodio de «vergüenza en materia de seguridad, liderazgo, política y valores» que, subrayó, no representa a la «inmensa mayoría» de los israelíes.
Yair Golán, líder del partido de centroizquierda Demócratas y también exministro, fue más allá al sostener que «el terrorismo judío en Cisjordania pone en peligro la seguridad de Israel». Golán denunció que el Ejército se ve obligado «una y otra vez» a desviar fuerzas destinadas a la defensa de los ciudadanos israelíes para atender la violencia de colonos, y acusó a Netanyahu de permitir esa situación de «anarquía».
Cisjordania es un territorio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967, sometido a un régimen administrativo dividido en las llamadas Áreas A, B y C conforme a los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, que otorgan a la Autoridad Palestina distintos grados de control civil y de seguridad según la zona. La proliferación de asentamientos israelíes, considerados ilegales por el derecho internacional según sucesivas resoluciones de Naciones Unidas, ha ido acompañada en los últimos años de un aumento de la violencia de colonos contra la población palestina, documentado por organizaciones como B'Tselem y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
El contexto en el que se produce el ataque no es ajeno a la escalada del conflicto en Gaza desde octubre de 2023, que ha ido acompañada de un repunte paralelo de la tensión en Cisjordania, con más colonos armados y una presencia militar israelí reforzada en enclaves como Nablus, Hebrón o Ramala. Human Rights Watch y otras organizaciones han alertado de que la impunidad ante estos ataques ha coincidido con desplazamientos forzados de comunidades palestinas, especialmente en zonas rurales próximas a asentamientos.
El episodio de Jalud se produce apenas días después de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura clave de la coalición de Gobierno y máximo responsable político de la policía israelí, generara polémica por sus comentarios hacia una presa palestina, a la que afirmó que «se acabaron los campamentos de verano en las cárceles israelíes», en referencia a un endurecimiento de las condiciones de reclusión. Ben Gvir es una de las figuras más señaladas por la oposición como responsable político de la laxitud frente a la violencia de colonos.
La implicación de un equipo de NBC News añade una dimensión adicional al episodio, al tratarse de periodistas extranjeros que cubrían la situación en la zona. Washington no ha emitido hasta el momento una reacción oficial detallada sobre el ataque a sus nacionales, aunque el Departamento de Estado ha expresado en el pasado su preocupación por la seguridad de la prensa internacional en Cisjordania.
La respuesta institucional a este tipo de incidentes queda ligada a la investigación que corresponde abrir a la policía israelí ante ataques de estas características, aunque las organizaciones de derechos humanos llevan años señalando la escasa tasa de condenas efectivas contra colonos por estos delitos. La presión de la oposición, unida a la repercusión internacional del ataque a periodistas estadounidenses, podría traducirse en los próximos días en gestos públicos adicionales del Gobierno de Netanyahu, aunque no consta por el momento ninguna medida concreta más allá del comunicado de condena emitido el sábado.
