La sentencia de instancia impuso a La Regina tres años de prisión de cumplimiento condicional, reglas de conducta estrictas y el decomiso de la retroexcavadora empleada en los hechos, además de restricciones para circular con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles. La fiscalía recurrió ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut solicitando que se ratifique íntegramente esa condena por los delitos de daños agravados y crueldad animal, según INFOBAE.
El expediente es el resultado de más de tres años de instrucción en los que se acumularon pericias ambientales, imágenes satelitales, inspecciones oculares en el terreno y el testimonio de cerca de 92 personas, un volumen probatorio que explica en buena medida por qué el caso trascendió el ámbito local. La Regina fue condenado en primera instancia, y es esa condena la que ahora se somete a revisión extraordinaria, el último escalón dentro de la jurisdicción provincial antes de una eventual vía federal. Mientras no se resuelva el recurso, la sentencia no adquiere firmeza, aunque el fallo condenatorio ya fue dictado y hecho público.
Según la acusación, la maquinaria pesada atravesó sectores activos de nidificación durante el ciclo reproductivo de la colonia, removiendo la capa superficial del suelo y destruyendo refugios donde los pingüinos incuban y crían a sus polluelos. La instalación de alambrados y la apertura de caminos habrían añadido, de acuerdo con los peritajes citados en el expediente, una alteración física que compromete los corredores naturales que los animales utilizan para desplazarse entre el mar y las zonas de nidificación.
Punta Tombo, en la costa atlántica de Chubut, alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas del hemisferio sur, con animales que regresan cada temporada a nidos excavados en el suelo. La zona afectada por las obras limita con la reserva natural provincial, aunque los hechos ocurrieron en un terreno de titularidad privada, un matiz central en el debate jurídico del caso.
Los límites de la propiedad privada frente a la fauna protegida
El núcleo jurídico de la causa gira en torno a un principio que los tribunales argentinos vienen consolidando: la propiedad privada no exime del cumplimiento de la normativa ambiental cuando en el predio existe fauna silvestre protegida, nidos activos y un ecosistema no reconstruible mediante una simple reparación material. La Ley General del Ambiente argentina (25.675) y las normas provinciales de Chubut sobre evaluación de impacto ambiental exigen autorización previa para cualquier obra que pueda afectar a especies protegidas, un requisito que, según la fiscalía, no se cumplió.
El precedente más citado en el derecho ambiental argentino es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza, de 2008, sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que estableció la doctrina de que el daño ambiental colectivo exige medidas de recomposición además de sanción. Ese criterio ha ido siendo aplicado por tribunales inferiores a casos de menor escala como el de Punta Tombo, donde la reversibilidad del daño es una de las cuestiones en discusión.
La defensa de La Regina no ha trasladado públicamente, hasta el momento, los argumentos que sostendrá ante el tribunal superior, aunque el propio recurso de revisión extraordinaria presupone que la parte condenada dispone de vías para cuestionar tanto los hechos probados como la calificación jurídica aplicada. El sistema procesal argentino contempla que este tipo de revisión se limite, en general, a cuestiones de derecho y a la interpretación de la prueba ya valorada en instancias previas.
El caso se suma a una serie de procesos judiciales en Argentina por daños a hábitats de fauna protegida en terrenos privados, aunque la combinación de una condena penal —hoy pendiente de revisión—, el número de ejemplares afectados y el uso de maquinaria pesada lo distingue de causas anteriores centradas habitualmente en sanciones administrativas o civiles. Por eso el expediente empieza a citarse como referencia en materia de responsabilidad penal ambiental.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut no ha fijado, según la información disponible, fecha para resolver el recurso de revisión extraordinaria. De confirmarse la condena, la pena de tres años de prisión condicional, las reglas de conducta y el decomiso de la maquinaria adquirirían firmeza, cerrando una causa que combinó pericias ambientales, prueba testifical extensa y un debate sobre los límites de la propiedad privada frente a la fauna silvestre protegida.
