La cuestión de la soberanía de Ceuta y Melilla reaparece con cierta periodicidad en la agenda bilateral hispano-marroquí, normalmente ligada a episodios de tensión migratoria, pesquera o diplomática. Rabat ha reivindicado históricamente ambas ciudades como parte de su territorio nacional, una posición que Madrid rechaza de forma constante alegando su plena soberanía sobre plazas que forman parte del territorio español desde antes de la constitución del Estado marroquí moderno.
Ruiz, natural de Ceuta, sostiene que la comparación que en ocasiones se establece entre Ceuta y Gibraltar carece de fundamento histórico. «No tiene absolutamente nada que ver», ha declarado, subrayando que ambos territorios siguieron procesos jurídicos y políticos completamente distintos. El caso de Gibraltar remite al Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión española y mediante el cual la Corona cedió el peñón a Gran Bretaña, dando lugar a una disputa de soberanía que se mantiene abierta hasta hoy y que ha sido objeto de negociaciones específicas en el marco del Brexit.
Ceuta, en cambio, siguió una trayectoria diferente. Según recuerda el historiador, permaneció bajo dominio portugués desde su conquista en 1415 hasta que el Tratado de Lisboa de 1668 formalizó su integración en la Corona española, poniendo fin a un periodo de indefinición jurídica posterior a la separación de Portugal de la Monarquía Hispánica en 1640. Cuando Portugal se independizó de España ese año, los habitantes de Ceuta optaron por mantenerse fieles al rey Felipe IV en lugar de seguir al nuevo monarca portugués, una decisión que el tratado terminaría por reconocer casi tres décadas después.
Este episodio, señala Ruiz, es clave para entender que la vinculación de Ceuta con España no responde a una conquista o anexión posterior, sino a una continuidad histórica que se remonta a más de tres siglos y medio. A partir de ese recorrido, el historiador rechaza también la caracterización de Ceuta como territorio colonial, un término que en ocasiones se emplea para cuestionar la presencia española en la ciudad. «El concepto colonial no tiene cabida en la historia de Ceuta», ha afirmado, distinguiendo su caso del de los procesos de colonización europea en África, que se produjeron mayoritariamente entre finales del siglo XIX y mediados del XX, tras la Conferencia de Berlín de 1884-1885.
El anacronismo del Estado marroquí
El argumento de mayor calado en la entrevista es el que atañe a la propia existencia del Estado marroquí. Según Ruiz, situar el origen de Marruecos como entidad estatal unificada en 1956 —año en que el país obtuvo la independencia del protectorado franco-español establecido en 1912— resulta determinante para valorar cualquier reivindicación histórica sobre Ceuta. Antes de esa fecha, sostiene, el territorio del actual Marruecos estaba fragmentado entre distintos sultanatos y estructuras tribales, sin una autoridad política unificada equiparable al Estado moderno. «Eran territorios enfrentados entre sí, con guerras internas y poderes muy diferentes; no existía un Estado marroquí unificado como el que conocemos hoy», ha explicado, al considerar que aplicar retroactivamente la noción de «Marruecos» a esos siglos previos constituye un anacronismo que distorsiona la lectura histórica del litigio.
Frente a esta interpretación, historiadores marroquíes y analistas próximos a las tesis de Rabat han defendido que la soberanía sobre estos territorios debe entenderse en clave de continuidad cultural y religiosa con los sultanatos preexistentes, y no exclusivamente en términos de Estado-nación moderno, un debate historiográfico que sigue abierto en el ámbito académico y que trasciende la disputa política bilateral.
El marco jurídico internacional sobre la soberanía de Ceuta se apoya, del lado español, en el principio de continuidad histórica y en su condición de territorio integrado en el Estado antes de la formación de los actuales Estados del Magreb, así como en su estatuto de ciudad autónoma reconocido por la Constitución española de 1978 y su Estatuto de Autonomía de 1995. Marruecos, por su parte, ha defendido en distintos foros —incluida la Organización de la Unidad Africana y posteriormente la Unión Africana— que Ceuta y Melilla forman parte de su «integridad territorial», una posición que España considera contraria al derecho internacional.
Ningún organismo internacional, ni la ONU ni la Unión Africana, ha reconocido formalmente la reivindicación marroquí como una cuestión de descolonización pendiente, a diferencia de lo ocurrido con el Sáhara Occidental, que figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas desde 1963. Esta distinción jurídica es habitualmente invocada por la diplomacia española para diferenciar ambos expedientes ante la comunidad internacional.
El Gobierno de España ha reiterado en distintas etapas, con independencia del color político del Ejecutivo, que la españolidad de Ceuta y Melilla no está sujeta a negociación, una postura que ha generado fricciones puntuales con Rabat. Los precedentes más notorios son la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando miles de personas migrantes entraron en Ceuta en pocas horas en un contexto de tensión bilateral, y el incidente del islote de Perejil en julio de 2002, resuelto mediante mediación estadounidense tras el despliegue de efectivos por ambas partes.
La entrevista de Ruiz se produce en una fase de normalización relativa de las relaciones entre Madrid y Rabat tras los acuerdos alcanzados desde 2022 en materia migratoria, comercial y de cooperación sobre el Sáhara. La cuestión de Ceuta y Melilla permanece, no obstante, como uno de los asuntos de fondo no resueltos de la agenda bilateral, sin que ninguna de las dos partes haya planteado formalmente una negociación de soberanía en los términos que sí existen entre España y Reino Unido respecto a Gibraltar.
No hay previsión de que el debate se traslade a un plano institucional o judicial en el corto plazo, y tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como el Gobierno marroquí mantienen sus posiciones históricas sin cambios anunciados. El próximo hito relevante será la celebración de una nueva reunión de alto nivel entre ambos países, el mecanismo bilateral en el que periódicamente se abordan cooperación, migración y comercio, sin que el estatuto de las ciudades autónomas figure entre los asuntos previstos.
