El planteamiento sostiene que la cuenca hidrográfica 148, correspondiente al lago Bayano, representa la reserva de mayor potencial para aliviar la presión sobre el sistema de lagos del Canal. Según el texto, el Gobierno habría delegado en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los estudios de viabilidad para aprovechar esa fuente, pero rehuiría la ejecución de una toma directa en el propio embalse. En su lugar, las autoridades impulsarían la llamada "Alternativa 12", que capta el recurso "aguas abajo" del lago.
Esa opción, de acuerdo con el autor, expondría a la ciudad a riesgos de salinidad con tal de no restar metros sobre el nivel del mar a la generación eléctrica de la concesionaria que opera la zona. El texto apunta directamente a la empresa AES, a la que critica por donar fondos para reforestar la cuenca del Canal mientras, dice, la cuenca 148 de la que extrae sus ganancias se llena de sedimentos.
Hacia el occidente, el documento advierte que, pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que devolvió a la ACP la jurisdicción sobre las cuencas occidentales, el daño ambiental seguiría avanzando. Señala un aviso oficial sobre abrir una explotación minera "para cerrar la mina en décadas", lo que comprometería aún más la cuenca del río Coclé del Norte y plantearía el riesgo de que agua contaminada termine filtrándose hacia el lago Gatún.
El texto menciona además un "limbo minero" en otras concesiones suspendidas en la cordillera, sobre las cuales no habría pronunciamiento oficial, y deja a Río Indio como la única fuente que describe libre de ese pasivo ambiental en la frontera occidental. El debate sobre la minería en la cordillera no es nuevo: la operación de Minera Panamá en Donoso fue ordenada cerrar por la Corte Suprema a fines de 2023, tras las masivas protestas ciudadanas de aquel año contra el contrato minero.
Río Indio, cuyo propósito original es garantizar el volumen operativo de las esclusas del Canal, funcionaría hoy además como fuente de abastecimiento urbano, según el análisis. El autor advierte que, de mantenerse el vínculo entre las reservas canaleras y la demanda de la ciudad, el crecimiento urbano terminaría por agotar ese embalse, debilitando a su vez el objetivo de sostener la competitividad logística de la vía interoceánica.
Idaan, cisternas y Ministerio de Ambiente
El documento critica la gestión institucional: afirma que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recurriría al alquiler de camiones cisterna para atender crisis de abastecimiento en comunidades, mientras el Ministerio de Ambiente no habría intervenido frente a la deforestación de los afluentes del Bayano, un fenómeno que provocaría la sedimentación de esa cuenca. La propuesta de fondo del autor es separar las fuentes: convertir Bayano en la gran potabilizadora nacional para liberar a Gatún, Alhajuela y, más adelante, a Río Indio de una carga que considera insostenible.
El texto extiende el diagnóstico a la región de Azuero y las provincias centrales, donde la falta histórica de embalses e infraestructura hídrica habría quedado expuesta tras el reciente sismo que afectó la zona, obligando a encarar la reconstrucción con una red de agua potable que califica de precaria. El Canal, cuyas reservas también gestiona la ACP, ha enfrentado en años recientes severas restricciones de calado por la sequía, un contexto que enmarca la discusión sobre nuevas fuentes.
El análisis cierra con una pregunta sobre el ritmo de los trámites para la interconexión eléctrica con Colombia, en contraste con la lentitud atribuida a los proyectos de agua potable: "¿Acaso nos preparamos para facilitar la exportación de energía al mercado sudamericano a costa de dejar a nuestra propia capital bebiendo las sobras salobres de las turbinas?".
