Sigamos aceptando. De esos 38 inmuebles, 14 permanecen cerrados, 20 operan con uso restringido y cuatro presentan daños menores o ninguna afectación visible. Siete áreas continúan en evaluación técnica en Veraguas, Los Santos y Herrera. Nadie podrá reprochar a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural que haya ocultado el inventario de la herida. Está todo contado, provincia por provincia, biblioteca por biblioteca, hasta el Museo de la Sal y el Azúcar Stella Sierra de Aguadulce. Un Estado que sabe exactamente qué se le ha agrietado es un Estado serio. Démosle ese punto también.
Aceptemos el tercero. Las acciones de emergencia incluyen el acordonamiento de áreas vulnerables, el apuntalamiento de estructuras dañadas y trabajos de estabilización y seguridad en 14 sitios, donde ya operan empresas en el lugar. Se resguardan imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos; se retiran, de forma controlada, tejas, cielos rasos y ornamentos que amenazaban con caer sobre quien pasara debajo. Todo correcto. Todo urgente. Nada que objetar a la secuencia técnica.
Aceptemos el cuarto, que es el más elegante de todos: la respuesta se coordina con las diócesis, los municipios, el Ministerio de Educación y la propia Dirección Nacional de Patrimonio. Una orquesta de instituciones afinando a la vez. Y aceptemos el quinto, que MiCultura subraya con cierto orgullo: el seguimiento a los bienes patrimoniales transcurre en paralelo a una programación que no se ha detenido, porque entre el 9 y el 15 de octubre la agenda cultural de Panamá reunió folclore, sinfónica y ciencia en distintos puntos del país. La vida sigue. El dron vuela. La sinfónica toca. Admirable simultaneidad.
Hasta aquí todo encaja y todo es verdad. El problema, como suele, no está en lo que se dice sino en la frase que viene después y que nadie termina de pronunciar. Porque hay un verbo que aparece en el comunicado con la naturalidad de quien no espera que nadie pregunte: en 14 sitios 'ya operan empresas en el lugar'. Ya operan. Reparen ustedes en la economía de ese 'ya'. Significa que alguien contrató, alguien firmó, alguien decidió a qué empresa se le encarga apuntalar la Basílica Menor de Santiago Apóstol, en Natá de los Caballeros, fundada en 1522 y una de las iglesias más antiguas en pie de la vertiente del Pacífico americano. Cinco siglos resistiendo. Y ahora, en cuestión de días, un contrato.
Escribió Ricardo Miró que la patria es el recuerdo de pedazos de vida envueltos en amor. Estos 45 pedazos de vida llevan nombre y están envueltos, por ahora, en lonas y apuntalamientos. Pero los apuntalamientos los coloca una empresa, y la empresa cobra, y lo que cobra sale del Presupuesto General del Estado, y en Panamá todo contrato estatal necesita una firma antes de ser legítimo: el refrendo del contralor. Esa es la pieza que falta en el inventario tan pulcro que nos entregaron. Sabemos cuántas tejas se retiraron. No sabemos, porque no nos lo cuentan, con qué procedimiento se escogió a quién se las paga por retirarlas.
Y aquí es donde el razonamiento oficial, seguido con lealtad, revienta por su propio peso. Si la emergencia justifica actuar deprisa —y lo justifica—, entonces justifica también saltarse los tiempos de la contratación ordinaria. Démoslo por bueno. Pero sígase la lógica hasta el final: la urgencia que nos dispensa de la licitación pausada no nos dispensa del refrendo ni de la Contraloría General; al contrario, los hace más necesarios, porque es precisamente cuando se contrata deprisa, sin competencia y con la coartada impecable de un templo que se cae, cuando conviene que alguien mire la factura con lupa. La prisa que protege la piedra es la misma prisa que, mal fiscalizada, protege a otros. El sismo sacudió 619 centros educativos y 42 instalaciones de salud; afectó a más de 20,000 personas. Esa cifra no es solo una tragedia: es también, para quien sepa leerla, un volumen de contratación de emergencia que ningún comunicado sobre tejas ha detallado.
De modo que el absurdo queda servido con toda formalidad: tenemos un Estado capaz de contar 45 sitios, 38 evaluaciones, 14 cierres, 20 usos restringidos, cuatro daños menores y siete pendientes, con una precisión que honra a cualquier burocracia del continente; y ese mismo Estado, tan minucioso con las grietas de la fachada, guarda un silencio perfecto sobre el único número que mide la grieta del bolsillo público. Se nos informa del retiro controlado de ornamentos. No del gasto controlado de la emergencia. Se vigila que no caiga una teja sobre un transeúnte. No se nos dice quién vigila que no caiga el presupuesto sobre una empresa amiga. La transparencia, cuando es selectiva, no es transparencia: es decorado. Un retablo más que resguardar.
Panamá ya aprendió una vez, con la reversión del Canal en 1999, que lo heredado solo se cuida de verdad cuando alguien rinde cuentas de cada balboa invertido en cuidarlo. Las catedrales de Natá y de Santiago llevan siglos esperando que las sostengan; pueden esperar también a que nos digan quién las sostiene y por cuánto. Así que la pregunta que queda colgada no es si se repararán los templos —se repararán—, sino una mucho más modesta y mucho más incómoda: de los contratos de emergencia por los que 'ya operan empresas en el lugar', ¿cuáles ha refrendado ya el contralor, y cuáles firmó MiCultura antes de que nadie, fuera de MiCultura, pudiera mirarlos?
