La juez de garantías que le impuso la medida cautelar autorizó expresamente que Lau pudiera salir de su residencia únicamente para asistir a citas médicas, de modo que su traslado a la Ciudad de la Salud quedaría amparado en esa excepción. El exfuncionario mantiene además impedimento de salida del país mientras avanza la investigación en su contra.
El caso se formalizó el 7 de octubre, cuando un juez de garantías imputó al exdirector de la entidad de seguridad social. El Ministerio Público mantiene bajo escrutinio un conjunto de bienes que, según la investigación, no guardarían correspondencia con los ingresos declarados por Lau durante su gestión al frente de la CSS.
Entre los activos figura un apartamento en el PH Empire Residences, en Santa María, valorado en $562,000, del cual Lau habría abonado $433,000. También se investiga otro inmueble en Playa Blanca, adquirido por $236,500 y sin hipoteca, además de un cuadro valorado en $50,000 y dos vehículos con un valor conjunto estimado en $20,000.
La fiscalía calcula que la presunta lesión patrimonial causada al Estado en este caso rondaría el medio millón de dólares. La figura del enriquecimiento injustificado, tipificada en el Código Penal panameño, sanciona al servidor público cuyo patrimonio exceda de modo desproporcionado sus ingresos legítimos sin justificación razonable.
El proceso se inscribe en una serie de causas recientes por presunto peculado y blanqueo que han alcanzado a exfuncionarios y empresarios vinculados a entidades estatales, como la que derivó en la detención provisional de ocho imputados por peculado de $8 millones dictada por el Tribunal Superior.
La detención domiciliaria impuesta a Lau se distingue de otras resoluciones recientes en causas similares, como la que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario para la exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña, en otro proceso por presunto blanqueo que investiga el Ministerio Público.
Lau Cortés, quien cumplió 75 años el pasado 30 de agosto, dirigió la Caja de Seguro Social, una de las instituciones de mayor peso en el gasto público del país por su administración de los fondos de pensiones y salud de la planilla estatal y privada.
El proceso se mantiene en fase de investigación. La imputación no implica una determinación de responsabilidad penal, y el exfuncionario conserva la condición de imputado mientras continúan las diligencias sobre el origen de los bienes bajo escrutinio.
