El CACCO cuenta con cinco módulos de 17 celdas cada uno, de 90 metros cuadrados, con capacidad para 60 reos por celda. El complejo ocupa unos 91,000 metros cuadrados y, según Casa Presidencial, tuvo un costo de ₡16,774 millones, equivalentes a unos $35 millones. Los internos recibirán uniformes de color naranja, tendrán acceso a apenas una hora de sol al día, no podrán conservar objetos personales y estarán sujetos a un régimen de visitas muy restringido, condiciones calcadas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño.
La apertura ocurre en un país que durante décadas figuró entre los más seguros de América Latina y que ahora enfrenta una escalada de homicidios que las autoridades costarricenses atribuyen al narcotráfico. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta de la historia del país.
Durante la inauguración, Fernández recorrió uno de los módulos y presentó el nuevo centro como la expresión de su política de seguridad frente al crimen organizado, en particular el ligado al narcotráfico.
"Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional [.] Vamos a ejercer mano dura porque 'el que la hace la paga'", declaró Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, durante el acto de inauguración.
A la ceremonia asistieron los ministros salvadoreños de Seguridad y de Defensa, Gustavo Villatoro y René Merino, en un gesto que subraya la cercanía institucional entre ambos gobiernos en materia penitenciaria. Fernández, quien sucedió a Rodrigo Chaves en la jefatura del Ejecutivo costarricense en mayo pasado, viajará este viernes al Cecot para conocer de cerca el modelo que, según dijo, busca replicar.
"Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal", afirmó la mandataria costarricense en la misma actividad.
Un modelo que se extiende por la región
Costa Rica no es el único país que ha mirado hacia El Salvador en busca de respuestas a la inseguridad. Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, adoptó medidas similares, al igual que los nuevos gobiernos de Perú y Colombia, mientras otros países, de Honduras al Cono Sur, evalúan fórmulas de mano dura que cuentan con el respaldo de Estados Unidos. Bukele ya había visitado Costa Rica en noviembre de 2024, cuando recorrió la principal cárcel del país y advirtió de "síntomas" de criminalidad comparables a los que enfrentó El Salvador con las pandillas antes de su régimen de excepción. Chaves, entonces presidente y hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, visitó el Cecot en diciembre siguiente, y apenas un mes después ambos colocaron juntos la primera piedra del CACCO.
El régimen de excepción salvadoreño, que limita derechos constitucionales y lleva en vigor más de cuatro años, redujo de forma drástica los homicidios en ese país: en 2015, cuatro años antes del primer mandato de Bukele, El Salvador registraba 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador registrado en el país. A cambio, el país centroamericano se convirtió en el de mayor tasa de encarcelamiento del planeta, con 1,659 presos por cada 100,000 habitantes, equivalente al 1.6% de su población total.
La organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los detenidos bajo ese régimen son inocentes y que más de 500 han muerto bajo custodia estatal. El propio Bukele, en una rueda de prensa el martes centrada en el anuncio de inversión extranjera en su país, dijo que una comisión evalúa otorgar "libertad condicional" a parte de los detenidos bajo el régimen de excepción, lo que podría beneficiar "hasta al 50% de los presos".
El respaldo ciudadano a endurecer la legislación contra el crimen organizado es amplio en Costa Rica: un 96% de los costarricenses considera que las leyes deben endurecerse, según la última encuesta de la firma OPol Consultores, publicada en agosto. Ese consenso social contrasta con las advertencias de organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición, que cuestionan que un país con fama internacional de respeto a las garantías individuales replique un modelo que, según un grupo de expertos de Naciones Unidas, ha derivado en crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
Fernández respondió a esos señalamientos con un mensaje dirigido también al Poder Judicial costarricense, al que acusó de excesiva benevolencia con los delincuentes. En un abierto enfrentamiento con jueces y fiscales, a los que calificó de "blandos" con los delincuentes, la mandataria aseguró que su gobierno respetará los derechos humanos.
"Vamos a ser duros, sí, porque quien comete el delito tiene que pagarlo. Pero, al mismo tiempo, vamos a honrar la tradición costarricense de respetar los derechos humanos fundamentales", sostuvo la presidenta Fernández.
El choque entre el Ejecutivo costarricense y el Poder Judicial se inscribe en un debate regional más amplio sobre los límites entre la reducción de la violencia y la preservación de garantías constitucionales, una tensión que atraviesa a buena parte de los gobiernos latinoamericanos que han adoptado políticas de seguridad inspiradas en el modelo salvadoreño, un debate que también recorre a los actores del tablero político de Venezuela y la región.
Fernández tiene previsto viajar este viernes al Cecot, su primer contacto directo con el centro penitenciario que sirvió de modelo para el CACCO, mientras los primeros reos costarricenses serán trasladados a este a fin de mes.
