Por las aulas de la Universidad de Panamá han pasado generaciones de profesionales que luego se desempeñaron en la educación, la salud, el derecho, las ciencias y la administración pública, lo que convirtió a la institución en un canal histórico de movilidad social para sectores que de otra forma no habrían accedido a la educación superior. Su carácter público, argumenta el texto, es a la vez su mayor virtud y la razón que coloca sobre la mesa la discusión sobre sus recursos.
Una universidad estatal de esa envergadura requiere fondos sostenidos para modernizar laboratorios, bibliotecas, plataformas tecnológicas y programas de becas, según el planteamiento. La asignación se define cada año en el Presupuesto General del Estado, que el Órgano Ejecutivo propone y la Asamblea Nacional discute durante las vistas presupuestarias; la universidad, como entidad autónoma, comparece ante los diputados para defender su partida.
El planteamiento no se limita a pedir más fondos. El autor sostiene que cualquier incremento debe ir acompañado de planificación, transparencia y evaluación de resultados, de modo que la autonomía universitaria —principio consagrado para resguardar la independencia académica— conviva con mecanismos claros de rendición de cuentas ante la sociedad que financia la institución con recursos públicos.
La formación del cuerpo docente aparece como otro de los frentes señalados. La actualización permanente de los profesores en nuevas metodologías, herramientas digitales e inteligencia artificial se plantea como condición indispensable para que los estudiantes egresen con las competencias que exige un mercado laboral en transformación acelerada.
Competencias más allá del título
El dominio de los contenidos de una carrera ya no resulta suficiente, según el texto: se reclama el desarrollo de pensamiento crítico, comunicación efectiva, capacidad de resolución de problemas, conocimientos digitales, manejo de idiomas y disposición para el aprendizaje continuo, en una formación que combine lo técnico con la preparación ciudadana. A ello se suma la vinculación con las comunidades, concebida como una plataforma para proyectos de extensión, investigación aplicada e innovación social que acerquen el conocimiento de las aulas a los problemas de las regiones fuera de la capital.
La institución fue creada en 1935 durante la administración de Harmodio Arias Madrid, con el jurista Octavio Méndez Pereira como su primer rector, y se consolidó como el principal centro de formación profesional del país antes de la expansión de las universidades privadas. Su autonomía quedó reforzada en la Constitución, que le reconoce personalidad jurídica y patrimonio propios, un estatus que el artículo invoca al vincular independencia académica con responsabilidad institucional.
El aniversario coincide con un momento en que otras instituciones panameñas buscan renovar su oferta y su proyección, como ocurrió con la apertura de la Sala IFF Panamá en el Museo del Canal, un esfuerzo paralelo por modernizar espacios dedicados a la formación y la difusión cultural.
A 91 años de su fundación, el balance insiste en que la historia de la institución no debe convertirse en un freno para la innovación. El reto formulado es que la próxima etapa sea de transformación real: una universidad pública moderna, inclusiva y conectada con las necesidades del país, que combine la memoria de casi un siglo de aportes con la visión, los recursos y la voluntad para responder a los desafíos de las próximas generaciones.
