El anuncio coincidió con una jornada cargada para la gestión del Ejecutivo sobre la ciudad autónoma. El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el real decreto que declara la «situación de interés para la seguridad nacional» en Ceuta, un instrumento previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que permite activar mecanismos de coordinación reforzada entre administraciones cuando un episodio supera la capacidad de respuesta ordinaria de los cuerpos de seguridad o de la Administración autonómica y local afectada.
El decreto establece un mando único vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 que recae en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Su designación como responsable de la coordinación lo sitúa en el centro de la respuesta institucional, en un momento en que el propio Gobierno afronta preguntas internas sobre el origen de los avisos de inteligencia que precedieron a la llegada masiva del 30 de julio.
Torres respaldó públicamente la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las alertas remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las semanas previas al episodio. Esa coincidencia de relatos entre dos miembros del Gobierno no ha despejado, sin embargo, las dudas planteadas desde la oposición sobre si existieron avisos previos suficientes y si la respuesta desplegada fue proporcional a la información disponible.
Feijóo reclama la Comisión de Secretos Oficiales
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, órgano habilitado por la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y por el Reglamento de la Cámara para el control parlamentario del acceso a información clasificada. Feijóo reclamó que el CNI aclare ante ese órgano las «versiones» ofrecidas por el Gobierno, en referencia a lo que calificó de «desbarajuste» entre las explicaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y las del ministro Marlaska. «Alguien miente», sostuvo el líder de la oposición.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que la magnitud del episodio desbordó cualquier previsión razonable de los servicios de inteligencia. Torres, como coordinador del mando único, ha respaldado la versión de Interior sobre la cadena de avisos, mientras el Gobierno insiste en que las medidas activadas —incluida la declaración de interés para la seguridad nacional— responden a la excepcionalidad de la situación.
La cifra de 80.000 personas entradas en Ceuta el 30 de julio representaría un episodio sin parangón reciente en la gestión fronteriza española, muy por encima de los picos anteriores en la ciudad autónoma. En mayo de 2021, durante los saltos masivos de la valla, llegaron en un solo día más de 8.000 personas procedentes de Marruecos, según datos entonces facilitados por el Ministerio del Interior.
Aquel precedente de 2021 desembocó en una crisis diplomática con Rabat y en la intervención del Ejército para reforzar el perímetro fronterizo, además de en la apertura de expedientes de expulsión exprés que fueron cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por el Defensor del Pueblo. La magnitud del episodio actual obligaría a una respuesta logística y humanitaria de un orden distinto, tanto en acogida como en identificación y tramitación de expedientes.
En el plano de la acogida, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, regresó este miércoles a Ceuta para supervisar los trabajos de ampliación de los recursos temporales destinados a las personas migrantes. Más de un millar de las que permanecían acampadas en la playa de El Trampolín ya han sido reubicadas en dispositivos habilitados por las administraciones central y autonómica, en un intento de descongestionar el principal punto de concentración tras la llegada masiva.
La gestión de la acogida se rige por la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y por el Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gestión del asilo y la migración, que fija criterios de solidaridad entre Estados miembros ante episodios de presión migratoria excepcional. La declaración de interés para la seguridad nacional no sustituye ese marco, sino que permite agilizar la coordinación entre Interior, Defensa, Migraciones y las autoridades de la ciudad autónoma.
El debate del 3 de septiembre se producirá en un contexto de tensión sobre el relato de lo ocurrido, con el PP reclamando responsabilidades políticas y el Gobierno subrayando lo imprevisto del episodio. Sánchez deberá exponer ante el pleno tanto la secuencia de hechos como las medidas adoptadas desde el 30 de julio, incluidas la declaración de interés para la seguridad nacional y el nombramiento de Torres al frente del mando único.
La comparecencia coincide con el reinicio del curso parlamentario tras el receso estival, lo que convierte a la crisis de Ceuta en uno de los primeros grandes asuntos de septiembre en la Cámara baja. Los grupos ya han anticipado que reclamarán respuestas sobre los avisos previos del CNI, la coordinación entre ministerios y el estado de los dispositivos de acogida.
En paralelo, la petición de Feijóo de convocar la Comisión de Secretos Oficiales seguirá su propio trámite, sujeto a los plazos y mayorías de ese órgano, cuya composición y funcionamiento se rigen por acuerdo de la Mesa del Congreso y por la ley de 1968. De activarse esa vía, el CNI podría verse obligado a detallar ante los portavoces con acceso a información clasificada el contenido exacto de los avisos remitidos al Gobierno antes del 30 de julio.
