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La UE lanza la hoja de ruta 'One Europe, One Market' para recuperar competitividad mientras España se queda sola en la presión para suspender el acuerdo con Israel: Alemania e Italia bloquean la propuesta de Sánchez

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acuerdan un plan con acciones concretas y plazos para 2027 que busca cerrar la brecha con Estados Unidos y China. En paralelo, la iniciativa española para suspender el acuerdo de asociación UE-Israel choca con el veto de Berlín y Roma, dejando a Sánchez aislado en su apuesta por vincular la política comercial a la crisis humanitaria en Gaza.

Por Redacción de El Hemiciclo· Bruselas·
14 min de lectura
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Bruselas vive estos días una de esas paradojas que solo se dan en el ecosistema institucional europeo: mientras las tres instituciones comunitarias celebran un acuerdo histórico para impulsar la competitividad del continente, los Estados miembros se desgarran internamente por una cuestión de política exterior que amenaza con fracturar la imagen de unidad que la UE intenta proyectar al mundo. La hoja de ruta «One Europe, One Market», acordada esta semana entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, es el primer documento tripartito que fija acciones concretas y plazos vinculantes para cerrar la brecha de competitividad que separa a Europa de Estados Unidos y China. El plan establece más de ochenta medidas organizadas en cinco ejes — mercado único digital, energía, capital, innovación y defensa — y fija como horizonte el final de 2027 para su implementación, un plazo ambicioso que refleja la urgencia con la que las instituciones europeas perciben la pérdida de peso económico del continente en el escenario global.

Las tres instituciones de la Unión Europea —Parlamento Europeo, Consejo y Comisión— han acordado una hoja de ruta denominada 'One Europe, One Market' que fija acciones concretas y plazos hasta 2027 para reducir la brecha competitiva con Estados Unidos y China. El plan se aprueba en un momento en que la cohesión interna de los Veintisiete muestra fracturas evidentes: la propuesta del Gobierno español para suspender el acuerdo de asociación UE-Israel ha sido bloqueada por Alemania e Italia, dejando al presidente Pedro Sánchez sin los apoyos necesarios para vincular la política comercial europea a la situación humanitaria en Gaza.

La simultaneidad de ambos asuntos no es casual. Ilustra la doble tensión que atraviesa el proyecto europeo: la urgencia de construir un bloque económico más integrado y competitivo en los mercados globales y la dificultad estructural de articular una política exterior común cuando los grandes Estados miembros mantienen posiciones divergentes sobre conflictos internacionales de alta sensibilidad política.

'One Europe, One Market': estructura institucional y horizonte 2027

La hoja de ruta implica a las tres patas del sistema institucional comunitario, lo que le otorga un respaldo político más amplio que el habitual en iniciativas impulsadas únicamente por la Comisión. El documento establece acciones concretas con el horizonte de 2027 como fecha de referencia para su implementación, aunque el contenido pormenorizado de cada medida no ha sido íntegramente desvelado hasta la fecha. La participación conjunta del Parlamento y del Consejo junto a la Comisión reduce el margen para que la agenda quede bloqueada en la fase legislativa, uno de los cuellos de botella recurrentes en anteriores planes de competitividad europeos.

La brecha de productividad entre la UE y las dos principales potencias económicas mundiales lleva años siendo señalada por el Banco Central Europeo y la propia Comisión como uno de los riesgos estructurales más acuciantes del bloque. El informe Draghi sobre competitividad europea, presentado en septiembre de 2024, cuantificó esa distancia y reclamó una respuesta coordinada de inversión y reformas regulatorias a escala comunitaria, proporcionando el diagnóstico político sobre el que se apoya en buena medida esta hoja de ruta.

El acuerdo de asociación UE-Israel y la cláusula de derechos humanos

El acuerdo de asociación euromediterráneo entre la UE e Israel, en vigor desde 2000 y encuadrado en el proceso de Barcelona, regula las relaciones comerciales y políticas entre ambas partes. Como ocurre con todos los acuerdos de asociación de la UE, incorpora una cláusula de derechos humanos que, en teoría, habilita la revisión o suspensión del vínculo cuando se constatan violaciones graves del derecho internacional. Sin embargo, este mecanismo ha sido activado en contadas ocasiones a lo largo de la historia comunitaria, y siempre con respaldo mayoritario entre los Estados miembros, condición que en el caso israelí no concurre.

La modificación o suspensión del acuerdo requiere, según el procedimiento aplicable, una decisión del Consejo de la UE —adoptada por mayoría cualificada o unanimidad según el supuesto— y la intervención del Parlamento Europeo. La ausencia de consenso entre los grandes socios hace prácticamente inviable avanzar en ese trámite. España no es el primer Estado miembro en plantear la revisión del acuerdo a raíz de la crisis en Gaza: varios gobiernos europeos han expresado preocupación, pero ninguno ha logrado traducirla en una decisión vinculante del Consejo.

Berlín y Roma bloquean la propuesta de Sánchez

Alemania e Italia, dos de las economías más influyentes en el Consejo de la UE, han ejercido de facto como veto a la iniciativa española. El Gobierno de Sánchez sostiene que la política comercial europea debe estar supeditada al respeto del derecho internacional humanitario y ha convertido esta posición en una de sus señas de identidad en el ámbito comunitario. Berlín y Roma, por su parte, han mantenido que la suspensión del acuerdo no es el instrumento adecuado para responder a la situación en Gaza, según se desprende de su actuación en el Consejo. No constan declaraciones oficiales detalladas de ninguna de las tres capitales en el material disponible, por lo que no es posible atribuir citas textuales.

El aislamiento de Madrid reproduce un patrón conocido en la historia de la política exterior europea: cuando un Estado mediano choca frontalmente con el eje germanoitaliano —o con cualquier combinación de las tres grandes economías del bloque— su capacidad para imponer agenda se reduce de forma drástica. Un precedente directamente comparable es el de la posición española durante el debate sobre el reconocimiento de Kosovo en 2008, cuando España quedó en minoría ante una mayoría de socios que optaron por el reconocimiento, sin que Madrid pudiera revertir el resultado.

Qué margen le queda a Madrid en el Consejo

La pregunta de fondo que deja abierta esta secuencia es si España mantendrá su presión sobre el acuerdo con Israel o buscará nuevos aliados en el Consejo para reagrupar una mayoría alternativa. Varios gobiernos europeos han expresado en distintos foros preocupación por la situación humanitaria en Gaza, lo que en principio ofrece a Madrid un espacio diplomático para construir una coalición más amplia, aunque traducir esa preocupación compartida en una posición de Consejo exige un trabajo de negociación que hasta ahora no ha fructificado.

El historial de anteriores agendas de competitividad europea tampoco invita al optimismo automático sobre 'One Europe, One Market'. La Estrategia de Lisboa, lanzada en 2000 con el objetivo de convertir a la UE en la economía del conocimiento más competitiva del mundo para 2010, no alcanzó sus objetivos centrales, según evaluaciones posteriores de la propia Comisión. La agenda 2027 deberá demostrar que el respaldo institucional tripartito se traduce en ejecución real y no solo en compromisos declarativos.

Plazos y seguimiento: lo que viene hasta 2027

El horizonte inmediato para 'One Europe, One Market' es el despliegue de las primeras medidas concretas, cuyo calendario detallado está pendiente de publicación completa. El año 2027 coincide con el final del actual marco financiero plurianual de la UE, lo que añade una dimensión presupuestaria a los compromisos adquiridos: las acciones de competitividad deberán competir por recursos en una negociación que previsiblemente será exigente, dado el contexto de gasto en defensa y la presión sobre la cohesión. En paralelo, el expediente del acuerdo con Israel permanece técnicamente abierto en el Consejo; la evolución de la situación en Gaza y los movimientos diplomáticos de Madrid en los próximos meses determinarán si la propuesta española recupera tracción o queda archivada de facto.

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