El fracaso de las negociaciones Sefcovic-Greer del miércoles ha dejado un vacío diplomático que Europa intenta llenar con una mezcla de amenazas calculadas y gestos de buena voluntad que, por el momento, no parecen impresionar a una administración Trump que ha hecho del proteccionismo su seña de identidad electoral de cara a las midterm elections de noviembre. Según las fuentes europeas que han participado en la delegación de Sefcovic en Washington, la reunión comenzó con un tono que parecía constructivo: Greer presentó una lista de catorce productos europeos que Estados Unidos estaría dispuesto a excluir de los aranceles a cambio de concesiones europeas en tres áreas — la apertura del mercado agrícola europeo a la carne de vacuno estadounidense tratada con hormonas de crecimiento, la eliminación de la tasa digital que la UE aplica a las grandes tecnológicas estadounidenses y la reducción de los subsidios europeos a Airbus. Sefcovic, que llevaba un mandato negociador aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores del lunes, ofreció la eliminación gradual de la tasa digital en un plazo de tres años y la apertura de cuotas limitadas para el vacuno estadounidense en el mercado español, portugués e italiano, pero rechazó categóricamente cualquier concesión sobre los subsidios a Airbus, un tema que Bruselas considera una línea roja innegociable porque afecta a la soberanía industrial europea en el sector aeroespacial. Greer calificó la oferta de insuficiente y dio por terminada la reunión a las dos de la tarde con una frase que los diplomáticos europeos consideran deliberadamente humillante: el presidente les ha dado hasta el cuatro de julio, y el reloj sigue corriendo. Desde entonces, no ha habido ningún contacto formal entre ambas partes.
La respuesta europea al fracaso negociador se está articulando en dos niveles: el institucional y el político. En el nivel institucional, el Parlamento Europeo ha convocado para el pleno del diecinueve de mayo una resolución de salvaguarda que, si es aprobada por mayoría simple — algo que las fuentes parlamentarias dan por descontado —, autorizaría a la Comisión Europea a activar un paquete de aranceles de represalia del veinticinco por ciento sobre una lista de productos estadounidenses que incluye la soja, el maíz, el bourbon, los semiconductores, los vehículos eléctricos Tesla y las licencias de software de Microsoft, Apple y Google. La resolución, redactada por la ponente socialdemócrata Iratxe García Pérez y copatrocinada por el Grupo Popular Europeo, el grupo Renew y los Verdes, tiene un doble objetivo: presionar a Trump para que vuelva a la mesa de negociación antes del cuatro de julio y dotar a la Comisión de un mandato político claro para activar las contramedidas si la presión no funciona. El vicecomisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha declarado este viernes que la UE no busca la confrontación pero que tiene la obligación de proteger su mercado interior y sus empleos industriales, una frase que los analistas han interpretado como la señal más clara hasta la fecha de que Bruselas se está preparando para una guerra comercial que ya no considera evitable sino solo gestionable.
En el nivel político, la cumbre bilateral Macron-Scholz prevista para el lunes en Berlín se ha convertido en el evento diplomático más esperado de la semana, no solo por la relevancia de los dos interlocutores sino por la magnitud de las diferencias que deberán superar para presentar una posición común ante Washington. Francia y Alemania, los dos motores de la integración europea, mantienen posturas divergentes sobre cómo responder al ultimátum de Trump: Macron es partidario de una respuesta dura e inmediata que incluya no solo aranceles de represalia sino también la restricción del acceso de las empresas tecnológicas estadounidenses al mercado de datos europeo, una medida que el presidente francés lleva proponiendo desde su primer mandato y que la crisis arancelaria le ha proporcionado la excusa perfecta para relanzar; Scholz, por su parte, prefiere una estrategia de contención que evite la escalada y que priorice la negociación sobre la confrontación, una posición que refleja la vulnerabilidad extrema de la economía alemana ante una guerra comercial con Estados Unidos — el treinta por ciento de las exportaciones del sector automovilístico alemán tienen como destino el mercado estadounidense, y cualquier arancel del cincuenta por ciento las haría inviables. La tensión entre ambos enfoques se ha manifestado públicamente esta semana cuando el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, declaró que Alemania no puede permitirse el lujo de copiar la retórica belicista de París, una frase que el Elíseo ha interpretado como un desplante y que ha obligado a los sherpas diplomáticos de ambos países a trabajar durante el fin de semana para preparar un comunicado conjunto que salve las diferencias y proyecte una imagen de unidad que, en realidad, no existe.
El ERTE de SEAT en Martorell ha puesto rostro humano a las consecuencias de la guerra comercial en España y ha convertido una crisis que hasta ahora se percibía como abstracta y lejana — aranceles, negociaciones en Washington, resoluciones del Parlamento Europeo — en un problema concreto que afecta a tres mil cuatrocientos familias catalanas que a partir del dos de junio verán reducidos sus ingresos a la prestación por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal. La dirección de SEAT, que pertenece al grupo Volkswagen y que fabrica en Martorell los modelos Ibiza, Arona y León con un ritmo de producción de dos mil trescientos vehículos diarios, ha justificado el ERTE con un informe de cien páginas presentado a los sindicatos en el que documenta una caída del diecinueve por ciento en los pedidos de los mercados europeos durante el mes de abril, un encarecimiento del veintidós por ciento en los componentes electrónicos importados de Taiwán y Corea del Sur, y una incertidumbre regulatoria generada por la amenaza arancelaria de Trump que ha paralizado las decisiones de compra de las flotas de empresa y de las compañías de leasing en Alemania, Francia e Italia, tres mercados que representan el sesenta y ocho por ciento de las ventas de la planta de Martorell. Los sindicatos UGT y CCOO han aceptado el ERTE bajo protesta y han exigido al gobierno de España que active un plan de rescate para el sector automovilístico que incluya ayudas directas a los trabajadores afectados, moratorias hipotecarias y un fondo de formación para la reconversión hacia el vehículo eléctrico que permita a la planta de Martorell mantener su competitividad cuando la tormenta arancelaria amaine.
Mientras Europa debate cómo responder a Trump, en el otro extremo del tablero geopolítico se desarrolla una partida paralela cuyo resultado podría alterar el equilibrio energético mundial y, por extensión, la capacidad europea de resistir la presión económica estadounidense. Irán ha confirmado este sábado a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que está evaluando el memorándum de catorce puntos negociado en Mascate con la delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, un documento que, según las fuentes iraníes, contempla una moratoria nuclear de diez años a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones secundarias que impiden a Irán exportar petróleo a sus clientes tradicionales — China, India, Corea del Sur y Japón — y acceder al sistema financiero internacional a través de bancos europeos y asiáticos. Los catorce puntos del memorándum, cuyo contenido completo no ha sido hecho público pero cuyas líneas generales han filtrado tanto fuentes iraníes como estadounidenses, abordan también la apertura gradual del estrecho de Ormuz a la navegación comercial sin escolta militar, la liberación de fondos iraníes congelados en bancos suizos y coreanos por un valor estimado de sesenta mil millones de dólares, el régimen de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con acceso a instalaciones no declaradas, y una serie de compromisos sobre derechos humanos y libertad de prensa que Teherán considera injerencia en sus asuntos internos pero que Washington ha incluido como condición sine qua non para cualquier acuerdo.
El precio del petróleo refleja con exactitud barométrica la compleja interacción entre la amenaza arancelaria de Trump y las expectativas de una apertura energética iraní. El Brent, que cerró el viernes en noventa y tres dólares con veinte centavos por barril, se ha mantenido estable durante las operaciones electrónicas del sábado, un comportamiento que los analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley atribuyen a dos fuerzas contradictorias que se anulan mutuamente: por un lado, la expectativa de que un acuerdo nuclear con Irán abriría el grifo del crudo iraní al mercado mundial, añadiendo entre un millón quinientos mil y dos millones de barriles diarios a la oferta global, lo que presionaría los precios a la baja hasta el entorno de los setenta y cinco dólares; por otro lado, la certeza de que una guerra comercial entre EEUU y la UE provocaría una recesión global que reduciría la demanda de petróleo pero que también desestabilizaría las cadenas de suministro energético de una forma que podría generar picos de precio temporales por encima de los cien dólares. Esta ambivalencia explica que el Brent lleve tres semanas cotizando en una banda estrecha entre los noventa y los noventa y cinco dólares, un rango que los traders denominan el pasillo de la indecisión y que solo se romperá cuando uno de los dos escenarios — acuerdo iraní o guerra comercial — se materialice con la suficiente claridad como para que los mercados puedan descontar su impacto.
La UE se encuentra así atrapada en un triángulo de presiones que no tiene precedentes en su historia como bloque económico: por el oeste, el ultimátum arancelario de Trump amenaza con destruir el comercio transatlántico que representa el treinta por ciento del PIB europeo; por el este, las negociaciones iraníes en Mascate podrían alterar el mapa energético global de una forma que beneficiaría a Europa — al reducir su dependencia del gas ruso y del crudo del Golfo — pero que también podría desestabilizar los frágiles equilibrios de Oriente Medio si el acuerdo fracasa; y por dentro, las divergencias entre Francia y Alemania sobre cómo gestionar la crisis amenazan con paralizar el proceso de toma de decisiones de una Comisión Europea que necesita actuar con rapidez para proteger una economía que ya muestra signos de fatiga. La cumbre Macron-Scholz del lunes será la primera prueba de fuego de la capacidad europea para articular una respuesta coherente, pero los diplomáticos más experimentados de Bruselas advierten de que una cumbre bilateral no puede sustituir al consenso de los veintisiete y que, sin un acuerdo en el Consejo Europeo extraordinario que Von der Leyen convocará probablemente para finales de mayo, la resolución del Parlamento Europeo del diecinueve se quedará en un gesto político sin consecuencias operativas.
La noche cae sobre Bruselas con la pesadez de las noches de primavera que preceden a las tormentas, y en el edificio del Berlaymont, donde las luces de los despachos de la planta trece — el piso de la presidencia de la Comisión — permanecen encendidas como cada sábado desde que Trump anunció su ultimátum, los asesores de Von der Leyen preparan los dossieres para una semana que promete ser la más decisiva desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de dos mil veintidós. El lunes, Macron y Scholz en Berlín. El martes, reunión extraordinaria del Comité de Política Comercial de la UE. El miércoles, videoconferencia con el representante comercial de EEUU para tantear la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones. El jueves, presentación del informe de impacto de los aranceles sobre el sector agrícola europeo. Y el viernes, la primera votación en la comisión de comercio del Parlamento Europeo sobre la resolución de salvaguarda del diecinueve de mayo. Europa entra en la semana más importante de su historia comercial reciente con más dudas que certezas, con más divisiones que consensos, y con la sombra del cuatro de julio acercándose a cada día que pasa como un reloj de arena cuya última gota de arena podría caer sobre una economía de quinientos millones de personas que todavía no ha decidido si quiere luchar o negociar.
