El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el pasado 20 de febrero la mayor parte de los aranceles universales que Trump había decretado invocando poderes de emergencia económica, al considerar que excedían las facultades que el Congreso puede delegar en el Ejecutivo sin una autorización expresa más específica. Aquella sentencia obligó a la Administración a rediseñar su estrategia arancelaria y abrió una ventana transitoria —que se cierra este viernes— durante la cual las tasas universales han seguido aplicándose mientras se preparaba una fórmula alternativa.
La respuesta que estaría ultimando el Despacho Oval consistiría en sustituir el paraguas arancelario genérico por gravámenes calculados país por país, apoyados en presuntos incumplimientos de normas laborales, medioambientales o de competencia desleal. Ya en junio la Administración había planteado aranceles a la Unión Europea, China o México basados en supuestos incumplimientos de las reglas de trabajo forzado, una vía jurídica distinta a la de emergencia económica que, en teoría, ofrecería mayor blindaje frente a nuevos recursos judiciales.
El caso de Brasil ejemplifica el patrón que se repetiría con el resto de países afectados. Washington impuso el pasado 16 de julio tasas del 25% a la mayor parte de los productos brasileños, acompañando la medida de la acusación al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no negociar de buena fe. El Gobierno brasileño ha rechazado esa caracterización y ha reclamado canales de diálogo técnico antes de cualquier represalia, en un contexto en el que Brasil ejerce este año la presidencia rotatoria de los BRICS.
Canadá ha sido el otro gran afectado en la última semana. El pasado 20 de julio, Trump aprobó aranceles de hasta el 50% para productos canadienses en pleno proceso de renegociación del T-MEC, el tratado que sustituyó en 2020 al TLCAN vigente desde 1994. Ottawa ha calificado la medida de contraria al espíritu del acuerdo trilateral y ha advertido de posibles contramedidas, mientras el Gobierno mexicano observa el desenlace consciente de que cualquier fórmula aplicada a sus socios norteamericanos podría extenderse a sus propias exportaciones.
Del poder de emergencia a las vías sectoriales
Desde el punto de vista normativo, la diferencia entre la vía de emergencia económica —anulada por el Supremo— y las vías sectoriales resulta determinante. Estas últimas exigen investigaciones previas del Departamento de Comercio o de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), procesos que pueden alargarse meses pero que ofrecen una base legal más sólida frente a impugnaciones judiciales. El precedente más directo se remonta a 2018, cuando la primera Administración Trump impuso aranceles al acero y al aluminio invocando motivos de seguridad nacional al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y también aranceles a China bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Aquellas medidas desataron una guerra comercial con Pekín que solo se atenuó parcialmente con el acuerdo de «fase uno» firmado en enero de 2020.
El trasfondo político de esta escalada remite a un momento delicado para la Casa Blanca. Trump ha quedado atrapado en la gestión de la crisis con Irán, un frente que ha consumido capital diplomático, mientras el descontento ciudadano con sus políticas alcanza el máximo desde que regresó al poder en enero de 2025. El recurso a los aranceles, una herramienta que ya empleó de forma intensiva en su primer mandato (2017-2021), reaparece como eje central de su agenda económica exterior.
La Unión Europea, que figura entre los bloques mencionados en los planteamientos arancelarios de junio, mantiene abiertos canales de negociación con Washington a través de la Comisión Europea, que ostenta la competencia exclusiva en política comercial común desde el Tratado de Roma de 1957. Bruselas ha insistido en que cualquier gravamen adicional debería ajustarse a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha reservado la posibilidad de aplicar aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, como ya hizo en episodios anteriores del mandato de Trump.
China, otro de los países señalados, ha combinado hasta ahora una postura de cautela pública con preparativos de contramedidas, en un patrón similar al de la guerra comercial de 2018-2020. Pekín ha reiterado su defensa del multilateralismo comercial y ha advertido de que cualquier arancel basado en acusaciones de trabajo forzado sin sustento probatorio suficiente sería recurrido ante los mecanismos de resolución de disputas de la OMC, cuyo órgano de apelación permanece parcialmente paralizado desde 2019 por el bloqueo de nombramientos de jueces por parte de Estados Unidos.
El calendario inmediato fija este viernes como fecha límite de la vigencia de las tasas universales, lo que obligaría a la Casa Blanca a activar cuanto antes el nuevo esquema de aranceles individuales si quiere evitar un vacío regulatorio. Se espera que en los próximos días la USTR y el Departamento de Comercio publiquen las listas definitivas de países y productos afectados, así como los porcentajes aplicables a cada caso, y que las capitales concernidas fijen entonces sus eventuales respuestas.
