"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana durante un periodo de tres días, dado que Canadá y Estados Unidos, a la espera de que se ultimen los documentos, han llegado a un acuerdo", escribió Trump. El republicano vinculó la decisión al reinicio de las obras del oleoducto, una infraestructura que, según sostuvo, fue "enterrada hace tiempo por el 'adormilado' Joe Biden" y que ahora "podría resurgir de entre los muertos".
La tregua llega apenas un día después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, avanzara su intención de mantener una conversación con Trump para negociar el paquete arancelario y tratar de amortiguar su impacto sobre la economía de Canadá. Carney, que asumió el cargo en marzo de 2025 tras la salida de Justin Trudeau, había enmarcado la medida estadounidense en "una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos" que describió como "medidas y amenazas a la soberanía canadiense".
El paquete de gravámenes que Washington tenía previsto activar este jueves contemplaba un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses, desde el vino hasta los palos de hockey, pasando por el cemento y el sector del automóvil. La Administración estadounidense cifró el impacto económico de estas medidas en unos 20.000 millones de dólares (17.280 millones de euros), una cantidad que afectaría de forma directa a industrias con fuerte peso en las provincias de Ontario y Quebec.
La Administración Trump ha justificado los gravámenes alegando que Canadá aplica un trato discriminatorio a determinadas exportaciones estadounidenses, en particular automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos. Estos últimos están protegidos por el sistema canadiense de gestión de la oferta ("supply management"), vigente desde los años setenta, que limita las importaciones mediante cuotas y aranceles fuera de cuota. Esas cuestiones centrarán previsiblemente buena parte de las conversaciones bilaterales.
Un oleoducto con quince años de disputas
El Keystone XL, pieza central del acuerdo, arrastra más de quince años de litigios regulatorios. Propuesto por la empresa canadiense TC Energy en 2008, el proyecto preveía transportar crudo pesado desde las arenas bituminosas de Alberta hasta refinerías estadounidenses. Barack Obama vetó la construcción en 2015 alegando razones climáticas; Trump revocó ese veto en 2017 durante su primer mandato, y Biden canceló el permiso presidencial el mismo día de su investidura, en enero de 2021, en nombre del compromiso de Estados Unidos con la reducción de emisiones. TC Energy abandonó formalmente el proyecto meses después.
De confirmarse su reactivación, el oleoducto tendría que sortear la oposición de comunidades indígenas y organizaciones ecologistas que litigaron durante más de una década contra el trazado original, así como la eventual renovación de permisos estatales y federales caducados tras la cancelación de 2021. Ni la Casa Blanca ni el Gobierno canadiense han precisado el calendario de reanudación de las obras ni si el proyecto requeriría nuevas autorizaciones medioambientales antes de reactivarse.
La relación comercial entre ambos países se rige desde 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994. Canadá figura entre los primeros socios comerciales de Estados Unidos, con el petróleo y sus derivados como principal partida de exportación, seguidos del automóvil y la maquinaria. Esa dependencia estructural del mercado estadounidense explica la premura de Ottawa por evitar una escalada arancelaria sostenida.
El pulso actual no es el primero desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, periodo en el que Washington ha combinado aranceles sectoriales con referencias del propio presidente a Canadá como un hipotético "51º estado". El precedente más cercano se remonta a 2018, durante su primer mandato, cuando Estados Unidos impuso aranceles al acero y al aluminio canadienses invocando razones de seguridad nacional al amparo de la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense. Aquella disputa se resolvió en 2019 con la retirada de los gravámenes tras negociaciones bilaterales.
La suspensión de tres días no equivale, según el propio mensaje presidencial, a una retirada definitiva de los aranceles, sino a un compás de espera mientras se "ultiman los documentos" del acuerdo. La atención se centra ahora en si Washington y Ottawa logran cerrar el pacto dentro del plazo fijado por Trump o si, por el contrario, los aranceles del 50% terminan entrando en vigor, con el consiguiente impacto en los sectores vinícola, cementero y automovilístico a ambos lados de la frontera.
