El estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho entre Irán y Omán, constituye una de las arterias energéticas más sensibles del planeta. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por esta vía transita en torno a una quinta parte del petróleo consumido a escala mundial, lo que convierte cualquier tensión en la zona en un asunto de alcance global y no meramente regional. De ahí que la retórica sobre su control se lea siempre en clave de mercados y no solo de seguridad.
Trump defendió que la presencia naval estadounidense garantiza la libertad de navegación en el estrecho y calificó de «increíblemente hipócritas» a las autoridades iraníes, sin que la Casa Blanca precisara qué episodio concreto motivó la acusación. El mandatario tampoco detalló el alcance operativo de ese «muro de acero», una expresión que no corresponde a ninguna denominación oficial del Pentágono ni de la Quinta Flota, con base en Baréin desde su reactivación en 1995 como principal instrumento del despliegue naval permanente de Washington en el golfo Pérsico.
En paralelo, un oficial del CENTCOM habría solicitado por correo electrónico a analistas del mando propuestas «ingeniosas» para presionar a Teherán, según la información disponible. El contenido exacto de esa comunicación y su alcance dentro de la cadena de mando no han sido confirmados por el Departamento de Defensa, que no ha realizado declaraciones públicas al respecto ni ha convocado comparecencia alguna para detallar si existen planes operativos concretos derivados de esa búsqueda de opciones. La Casa Blanca ha remitido las consultas sobre estrategia militar en el golfo al propio Pentágono.
El pulso se produce en un contexto de deterioro sostenido de las relaciones entre ambos países desde la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, durante el primer mandato de Trump, en 2018. Aquel pacto, suscrito por Irán con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Su ruptura desencadenó una espiral de incidentes en el golfo Pérsico que se ha prolongado durante casi una década.
Teherán ha rechazado recientemente una propuesta de mediación de Omán orientada a repartir responsabilidades de control sobre el tráfico marítimo en Ormuz, y ha retomado acciones hostiles contra intereses estadounidenses en la región, según la información disponible. El Gobierno iraní no ha ofrecido una versión pública detallada de los motivos de ese rechazo ni de la naturaleza exacta de los ataques mencionados, ni ha reaccionado formalmente a las últimas declaraciones de Trump. Portavoces de su Ministerio de Asuntos Exteriores han sostenido en ocasiones anteriores que cualquier presencia militar extranjera en el golfo constituye una «provocación» y reivindican el derecho de Teherán a operar en aguas que considera de soberanía compartida con los países ribereños.
Antecedentes en un paso amenazado pero nunca cerrado
El estrecho ha sido escenario de episodios de tensión similares. En 2019, durante la llamada «guerra de los petroleros», varios buques comerciales sufrieron ataques que Washington atribuyó a Irán, responsabilidad que Teherán negó. En 2011 y 2012, el Gobierno iraní amenazó reiteradamente con cerrar el paso ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, sin llegar a ejecutar el bloqueo, una medida de enorme coste económico y diplomático para el propio régimen, dado que buena parte de sus exportaciones dependen de esa misma ruta.
En el plano normativo, la navegación por Ormuz se rige por el derecho internacional del mar recogido en la Convención de las Naciones Unidas de 1982, que Irán firmó pero no ratificó y cuyo principio de paso en tránsito reconoce solo parcialmente. Estados Unidos tampoco ha ratificado la convención, si bien sostiene aplicar sus normas consuetudinarias para justificar el despliegue permanente de su Quinta Flota. Esa asimetría jurídica alimenta interpretaciones enfrentadas sobre qué maniobras militares son legítimas en el estrecho.
El papel de otros actores regionales resulta clave para entender el tablero. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, principales exportadores de crudo a través de Ormuz junto a Irán, Catar y Kuwait, han evitado pronunciamientos directos, priorizando la estabilidad de sus rutas de exportación. Omán ha intentado posicionarse como mediador, dada su ubicación en el otro extremo del estrecho y su tradición de neutralidad diplomática. China, principal comprador de petróleo iraní pese a las sanciones estadounidenses, observa la escalada con cautela: Pekín depende de esa ruta para una parte relevante de su abastecimiento energético y ha evitado hasta ahora tomar partido de forma explícita en el contencioso.
La escalada retórica se enmarca además en la incertidumbre sobre el futuro del programa nuclear iraní, tras el colapso efectivo del JCPOA y la ausencia de un mecanismo de verificación internacional pleno desde que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunciara restricciones de acceso a instalaciones clave en Irán. Cualquier movimiento militar en Ormuz puede leerse como parte de una presión más amplia vinculada a ese contencioso, que Washington y Teherán interpretan en claves opuestas.
A falta de confirmación oficial sobre el contenido y alcance de las gestiones internas del CENTCOM, y sin reacción formal de Teherán a las declaraciones de Trump, la situación permanece abierta. Los próximos hitos —una posible respuesta del Gobierno iraní, nuevas comparecencias del Pentágono o incidentes navales en el estrecho— determinarán si el pulso se mantiene en el plano verbal o escala hacia una confrontación con efectos directos sobre los mercados energéticos globales.
