La iniciativa respondería a la estrategia estadounidense de blindar el desarrollo de redes de sexta generación (6G) y otras tecnologías emergentes frente a la influencia china, en la línea de las restricciones impuestas desde 2019 a compañías como Huawei o ZTE en las redes 5G de varios países occidentales. La lista de 24 socios incluiría a quince naciones europeas, sin que se haya precisado cuáles más allá de que España no figuraría entre ellas.
Fuentes de la Administración estadounidense habrían advertido a Madrid de las consecuencias de mantener proveedores chinos en su infraestructura digital. «Los países que eligen proveedores chinos no fiables desincentivan nuestra inversión», habría trasladado un responsable de EEUU, en una fórmula que vincula explícitamente la elección tecnológica de un país con el flujo de inversión estadounidense y la transferencia de I+D hacia ese territorio. La consecuencia práctica de una exclusión, de confirmarse, sería doble: España podría quedar al margen de las decisiones que fijen los estándares técnicos del 6G —la tecnología que sucederá al 5G a lo largo de la próxima década— y correría el riesgo de perder inversión digital procedente de Estados Unidos en un momento de fuerte competencia por atraer capital tecnológico.
De Huawei al 5G: por qué Washington desconfía
La tensión entre Washington y los proveedores chinos de telecomunicaciones no es nueva. Desde 2019, la Administración estadounidense —primero con Trump y después con Joe Biden— impulsó una campaña internacional para excluir a Huawei y ZTE del despliegue de redes 5G, alegando riesgos de seguridad nacional vinculados a la legislación china, que obliga a las empresas del país a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín si así se les requiere. Reino Unido, Australia, Japón o Suecia optaron por vetar total o parcialmente a estos proveedores, mientras que España mantuvo una posición más abierta, permitiendo la participación de Huawei en determinadas infraestructuras de operadoras.
La Unión Europea no ha impuesto una prohibición vinculante sobre los proveedores chinos, y deja la decisión final en manos de cada Estado miembro dentro del marco de la llamada «caja de herramientas 5G», aprobada por la Comisión Europea en enero de 2020, que recomienda pero no obliga a excluir a proveedores de «alto riesgo». Esa heterogeneidad de posiciones habría sido, según fuentes estadounidenses, uno de los factores tras la exclusión de la nueva alianza.
El precedente inmediato es la propia batalla del 5G. Washington logró que buena parte de sus aliados de la Alianza de los Cinco Ojos —Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— restringieran a los fabricantes chinos, mientras que en Europa continental la respuesta fue desigual. El nuevo grupo de 24 «socios de confianza» reproduciría esa lógica de círculos concéntricos, esta vez aplicada a una tecnología aún en fase de definición.
Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el de Transformación Digital han confirmado oficialmente, hasta la fecha, la existencia formal de la lista de 24 países ni la exclusión de España. Fuentes gubernamentales consultadas en ocasiones anteriores sobre la relación tecnológica con Washington han defendido que España mantiene un marco de seguridad propio, alineado con las directrices europeas, y que las decisiones sobre proveedores de telecomunicaciones corresponden a la soberanía nacional dentro del marco comunitario.
La Comisión Europea tampoco se ha pronunciado sobre este supuesto pacto bilateral de Washington con un grupo selecto de países del continente, lo que abre un interrogante sobre la cohesión de la política tecnológica europea frente a terceros. Bruselas ha insistido en los últimos años en la necesidad de una «autonomía estratégica» en materia digital, un concepto que ha chocado en la práctica con las divergencias entre Estados miembros respecto a China y Estados Unidos.
Estados Unidos figura de forma sostenida entre los principales inversores extranjeros en España, con presencia relevante en los sectores tecnológico y energético, según los datos de inversión bilateral que recoge el Ministerio de Economía. Una eventual retirada o ralentización de esos flujos, en caso de materializarse la exclusión, tendría un impacto que aún no ha sido cuantificado públicamente.
El 6G, un tablero geopolítico en construcción
El desarrollo del 6G se ha convertido en un terreno de competencia estratégica entre bloques, comparable a la carrera por los estándares del 5G que enfrentó a Occidente con China durante la última década. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de la ONU encargada de coordinar los estándares globales, prevé que las primeras especificaciones técnicas del 6G se definan hacia el final de esta década, con despliegue comercial estimado para los años 2030. Quien controle esos estándares tendrá ventaja en la fabricación de equipos, chips y software asociado.
China ha invertido de forma sostenida en investigación sobre 6G a través de programas estatales y empresas como Huawei, ZTE o China Mobile, en un esfuerzo por no repetir la dependencia tecnológica de generaciones anteriores. Estados Unidos, con aliados como Corea del Sur, Japón o Finlandia —sede de Nokia—, ha buscado desde 2020 coordinar una respuesta conjunta a través de foros como la Next G Alliance, impulsada por la industria estadounidense, que podría ser el germen del actual grupo de 24 países.
Para España, quedar al margen de ese grupo restringido implicaría, de confirmarse, no solo un riesgo económico, sino también una pérdida de influencia en la definición de reglas técnicas que afectarán a toda la industria digital europea en la próxima década, incluidos sectores como la automoción conectada, la telemedicina o la industria 4.0, dependientes de las capacidades que ofrecerá el 6G.
A falta de confirmación oficial por parte de Washington o Madrid, el asunto previsiblemente se abordará en los próximos foros bilaterales entre ambos gobiernos, así como en los contactos periódicos entre la Comisión Europea y la Administración estadounidense sobre comercio y tecnología. Hasta la fecha, el Gobierno español no ha anunciado ninguna revisión de su política hacia los proveedores chinos de telecomunicaciones.
