La vinculación entre cooperación nuclear y normalización diplomática no es una fórmula nueva en la diplomacia estadounidense hacia el golfo Pérsico. Washington lleva más de una década tratando de persuadir a Riad de que renuncie al enriquecimiento propio a cambio de garantías de seguridad y tecnología civil, en línea con el llamado «estándar de oro» de no proliferación que Estados Unidos aplicó en su acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Que el pacto contemple ahora la posibilidad de enriquecimiento en suelo saudí marcaría una ruptura respecto a esa doctrina, y explicaría por qué la Casa Blanca habría optado por atar la contrapartida política a la relación con Israel.
Arabia Saudí es, junto con Irán, uno de los grandes actores con capacidad de alterar el equilibrio de poder en la región. El reino, que gestiona algunas de las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, ha mantenido durante décadas una relación con Washington basada en el suministro energético y la compra de armamento a cambio de protección militar, un pacto tácito que se remonta al encuentro entre Franklin D. Roosevelt y el rey Abdulaziz Ibn Saúd en 1945 a bordo del crucero USS Quincy.
Del margen a la mesa: la cuestión palestina como condición
La cuestión de la normalización con Israel enlaza directamente con los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo mediación de la primera Administración Trump, que llevaron a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán a establecer relaciones diplomáticas con Israel. Arabia Saudí, pese a las presiones de Washington, se mantuvo entonces al margen, condicionando cualquier acercamiento a avances sustanciales en la causa palestina, singularmente la creación de un Estado propio.
El estallido de la guerra en la Franja de Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 congeló durante meses cualquier perspectiva de acercamiento saudí-israelí, dado el rechazo en el mundo árabe a normalizar relaciones en pleno conflicto. La reactivación de ese proceso dependería en última instancia de cómo evolucione la situación humanitaria y política en los territorios palestinos, un extremo que ni la Casa Blanca ni el Gobierno saudí han despejado públicamente.
Netanyahu ha presentado el eventual avance como un hito histórico para la estabilidad regional, en línea con el relato que su Gobierno sostiene desde la firma de los Acuerdos de Abraham. Sin embargo, su Ejecutivo de coalición incluye a formaciones ultranacionalistas contrarias a cualquier concesión territorial a los palestinos, lo que reduce el margen del primer ministro para ofrecer contrapartidas que satisfagan las condiciones históricas de Riad. Las autoridades saudíes no han detallado públicamente qué exigencias plantearían a cambio de la normalización.
Un enriquecimiento que evoca el fantasma iraní
Desde el punto de vista de la no proliferación, el precedente más relevante es el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y el grupo P5+1 —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania—, conocido como JCPOA, que limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Washington se retiró unilateralmente de ese pacto en 2018, también bajo la primera presidencia de Trump, lo que abrió una escalada de tensión con Teherán que constituye el telón de fondo estratégico de cualquier nuevo acuerdo nuclear en la región.
Que Arabia Saudí obtenga capacidad de enriquecimiento, aunque sea con fines civiles, generaría comparaciones inevitables con el programa iraní y podría reabrir el debate sobre una carrera nuclear regional. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es el encargado de verificar que los programas civiles no se desvíen hacia fines militares, en aplicación del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, del que Arabia Saudí es signataria. El reino ha sostenido reiteradamente que su programa persigue fines pacíficos.
El interés saudí responde también a una lógica de diversificación energética. El plan Visión 2030, impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, fija el objetivo de reducir la dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética interna, liberando mayor volumen de petróleo para la exportación. La energía nuclear civil se presenta en ese marco como vía complementaria a las renovables, con Riad negociando en paralelo acuerdos de cooperación con distintas potencias además de Estados Unidos.
Ni la Casa Blanca ni el Gobierno saudí han detallado públicamente el calendario ni las condiciones técnicas exactas del acuerdo, y las autoridades israelíes tampoco han precisado qué pasos concretos exigirían a Riad más allá de la declaración de Netanyahu. La ausencia de un texto oficial difundido íntegramente obliga a tratar con prudencia el alcance real del pacto, en particular el grado de enriquecimiento permitido, un punto que en el pasado ha sido objeto de disputas técnicas y políticas incluso entre aliados de Washington.
El Congreso de Estados Unidos tiene un papel constitucional en la supervisión de los acuerdos de cooperación nuclear con terceros países, conforme a la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954, que exige la revisión parlamentaria de este tipo de pactos antes de su entrada en vigor plena. Ese trámite, de activarse, podría convertirse en el primer test real sobre el alcance del acuerdo y abriría un debate en Washington sobre las implicaciones de seguridad regional de permitir enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí.
A partir de ahora, los movimientos a vigilar son la eventual publicación de los términos completos del acuerdo, la reacción de Irán —que ha denunciado en el pasado cualquier avance nuclear de sus rivales regionales como una amenaza a su seguridad— y la respuesta de los países agrupados en el Consejo de Cooperación del Golfo, que podrían reclamar garantías similares. La evolución del proceso de normalización entre Riad y Tel Aviv, condicionada al curso de la crisis en Gaza, será el indicador más claro de si la apuesta de Trump logra el resultado político que la Casa Blanca y Netanyahu han planteado como posible.
