Trump vinculó el anuncio a su promesa de campaña de abaratar los costes energéticos para los hogares estadounidenses, un eje de su discurso económico desde 2024. El republicano sostuvo que el pacto «reducirá los precios de la gasolina para los estadounidenses a largo plazo», según sus propias declaraciones. La referencia a Delcy Rodríguez como interlocutora sitúa a la dirigente —vicepresidenta durante años bajo la Administración de Nicolás Maduro— en el centro de la negociación energética.
Venezuela cuenta, de acuerdo con los datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, superiores incluso a las de Arabia Saudí y concentradas sobre todo en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sin embargo, su producción real se desplomó durante la última década por la falta de inversión, las sanciones internacionales y el deterioro de la infraestructura de la estatal PDVSA, cayendo desde más de tres millones de barriles diarios a comienzos de siglo hasta cifras muy inferiores en los ejercicios recientes.
El impacto de un eventual acuerdo sobre el surtidor estadounidense resulta incierto. Estados Unidos es ya el mayor productor mundial de petróleo, con registros que superan los 13 millones de barriles diarios según la Administración de Información Energética (EIA), de modo que el efecto de un incremento de suministro venezolano sobre el precio final del combustible dependería de los volúmenes y plazos concretos, que no han sido detallados. El precio de la gasolina en Estados Unidos responde en gran medida a la cotización internacional del crudo Brent y WTI, no al origen físico del barril.
Un péndulo de sanciones y licencias
Las relaciones entre Washington y Caracas se han movido en la última década entre el embargo y las licencias puntuales. Durante la primera Administración Trump (2017-2021) se impuso un veto prácticamente total al petróleo venezolano y se reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, en una disputa de legitimidad que se prolongó durante años. La Administración de Joe Biden flexibilizó parcialmente esas sanciones en 2022 y 2023 mediante licencias a la petrolera Chevron, que permitieron cierta actividad extractiva a cambio de compromisos que Washington consideró incumplidos por Caracas.
Un pacto de la magnitud que describe Trump implicaría un giro respecto a ese historial y abriría interrogantes sobre su encaje legal. Cualquier acuerdo de este tipo requeriría revisar las órdenes ejecutivas y designaciones del Departamento del Tesoro estadounidense que mantienen a Venezuela bajo un régimen de sanciones sectoriales desde 2019, así como el estatus de PDVSA como entidad afectada por el veto financiero. Ese proceso corresponde a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que emite y modifica las licencias.
Un acercamiento de este calado alteraría el tablero de alianzas regional. Venezuela ha mantenido en los últimos años vínculos estrechos con Rusia y China —ambos acreedores y socios comerciales de PDVSA— y con Cuba, en un eje que Washington ha observado con recelo. Un giro hacia la normalización con Estados Unidos tendría lecturas inmediatas en Moscú y Pekín sobre el futuro de sus inversiones petroleras en el país caribeño.
El frente migratorio y el «tercer país seguro»
La política migratoria constituye otro frente abierto entre ambos gobiernos. Estados Unidos ha ampliado en los últimos meses sus operaciones de deportación de migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y Colombia hacia terceros países, entre ellos Liberia, designado por Washington como «tercer país seguro» para la recepción de estas expulsiones. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el mecanismo por la falta de garantías de protección en destino.
El concepto de «tercer país seguro» cuenta con precedentes en la política migratoria estadounidense: administraciones tanto demócratas como republicanas han recurrido a acuerdos similares con países centroamericanos para descongestionar la frontera sur. La designación de un Estado africano como receptor de deportados latinoamericanos constituye, sin embargo, un giro poco habitual que ha generado dudas sobre su viabilidad logística y jurídica.
En el Congreso de Estados Unidos, sectores republicanos y demócratas han mantenido en el pasado posiciones divididas sobre la conveniencia de flexibilizar sanciones a Venezuela: unos han apelado a la seguridad energética y otros a las condiciones democráticas y de derechos humanos en el país sudamericano. Ni el Departamento de Estado ni el Departamento del Tesoro habían detallado los términos del acuerdo tras el anuncio, y tampoco la cancillería venezolana se había pronunciado sobre los mismos.
La ausencia de un instrumento formal —un memorando de entendimiento o una orden ejecutiva específica— sitúa por ahora el anuncio en el terreno de la declaración presidencial. La formalización de un pacto de esta naturaleza requeriría, según el procedimiento estadounidense, actos administrativos verificables por parte del Tesoro y, eventualmente, del Departamento de Estado.
A partir de ahora, la atención se centrará en si la Casa Blanca formaliza el acuerdo mediante algún instrumento normativo, si el Tesoro modifica las licencias que rigen la actividad de Chevron y otras compañías en territorio venezolano, y si Caracas confirma los términos exactos de la cesión o venta de reservas. Hasta que esos pasos se concreten, el alcance real del anuncio dependerá de su plasmación jurídica en las próximas semanas.
