La decisión afectaría a los bloqueadores de la pubertad, los tratamientos hormonales de afirmación de género y las intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual en menores. El mandatario republicano escribió que «los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños». Según lo trasladado por el propio presidente, la retirada de fondos no alcanzaría a la atención de salud mental para menores diagnosticados con disforia de género, que seguiría contando con cobertura pública: la restricción se centra en las intervenciones médicas y quirúrgicas, no en el acompañamiento psicológico.
Medicaid es el programa de cobertura sanitaria pública para personas de bajos ingresos, gestionado conjuntamente por el Gobierno federal y los estados, mientras que CHIP cubre a menores de familias con ingresos moderados que no califican para Medicaid pero no pueden permitirse un seguro privado. Ambos programas, creados en 1965 y 1997 respectivamente, dependen de fondos federales que Washington puede condicionar mediante decisiones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), aunque su implementación efectiva pasa por reglamentos que habitualmente se someten a un periodo de comentario público antes de entrar en vigor.
De la orden ejecutiva de 2025 al control del gasto federal
El anuncio se produce después de que Trump firmara en enero de 2025, apenas iniciado su segundo mandato, una orden ejecutiva que instaba a los hospitales y centros médicos receptores de fondos federales a dejar de ofrecer estos tratamientos a menores de 19 años bajo amenaza de perder financiación. Aquella orden fue impugnada ante los tribunales por organizaciones médicas y familias afectadas, y varios jueces federales dictaron medidas cautelares que frenaron parcialmente su aplicación, en un pulso judicial que no ha quedado resuelto de forma definitiva.
El nuevo anuncio sobre Medicaid y CHIP abriría una vía distinta y más directa: en lugar de presionar a los proveedores sanitarios, actúa sobre la financiación pública de los propios tratamientos, lo que reduciría el margen de maniobra judicial si se articula como una decisión administrativa sobre qué servicios cubren los programas federales, una potestad que los tribunales han reconocido históricamente al Ejecutivo dentro de ciertos límites.
La atención médica de afirmación de género a menores es objeto de un intenso debate clínico y político en Estados Unidos desde hace más de una década. La Academia Americana de Pediatría ha respaldado protocolos de tratamiento gradual basados en guías internacionales, mientras que países europeos como Reino Unido, Suecia y Finlandia han revisado a la baja sus propios protocolos en los últimos años, restringiendo el acceso a bloqueadores de la pubertad para menores fuera de ensayos clínicos controlados, tras revisiones de la evidencia científica disponible.
Réplica de las organizaciones de derechos civiles
Organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, como la Human Rights Campaign, han denunciado que estas medidas ponen en riesgo la salud de menores trans y vulneran garantías de igualdad ante la ley recogidas en la Decimocuarta Enmienda. Estas entidades sostienen que la interrupción de tratamientos en curso, aunque se aplique de forma escalonada hasta abril de 2027, puede tener consecuencias médicas y psicológicas graves para quienes ya siguen una terapia hormonal.
Desde la Casa Blanca y sectores conservadores, en cambio, se defiende que los fondos públicos no deben extenderse a procedimientos que consideran experimentales o irreversibles en población menor de edad, una postura que también ha sostenido el American College of Pediatricians, asociación minoritaria dentro del gremio pediátrico estadounidense pero influyente en círculos republicanos.
La medida se enmarca en una batería más amplia de decisiones de la Administración Trump sobre políticas sanitarias y educativas vinculadas a la identidad de género, que incluye restricciones al uso de determinados baños y vestuarios en centros públicos, la eliminación de la mención de identidad de género en documentos federales y la presión sobre universidades y equipos deportivos escolares para excluir a atletas trans de competiciones femeninas, todo ello aún sujeto a litigios en distintas instancias judiciales.
El precedente de esta disputa entre Gobierno federal y estados sobre cobertura sanitaria se remonta a la propia creación de Medicaid en 1965, cuando el Congreso otorgó a los estados amplia flexibilidad para definir beneficios adicionales dentro de un marco federal mínimo, un equilibrio que ha sido fuente de litigios recurrentes, desde la cobertura del aborto en los años setenta hasta la expansión sanitaria de la reforma de Barack Obama en 2010, conocida como Obamacare.
La aplicación efectiva del anuncio dependerá de que el HHS publique una norma formal en el Registro Federal, trámite que suele incluir un periodo de comentarios públicos de entre 30 y 60 días antes de su entrada en vigor, y que previsiblemente será impugnado ante los tribunales por organizaciones de defensa de derechos civiles, como ya ocurrió con la orden ejecutiva de enero de 2025.
El calendario marcado por la Casa Blanca sitúa el 13 de octubre como fecha de entrada en vigor para nuevos casos y abril de 2027 como límite para retirar la cobertura a quienes ya están en tratamiento, plazos que podrían verse alterados si los tribunales conceden medidas cautelares similares a las dictadas contra la orden previa. El desenlace de estos litigios, y la respuesta de los estados que gestionan Medicaid con sus propios fondos complementarios, determinará el alcance real de una medida que, de aplicarse tal como se ha anunciado, endurecería el acceso a estos tratamientos para las familias que dependen de la cobertura pública.
