El ejercicio, centrado en los protocolos de continuidad de gobierno, habría simulado distintos escenarios de riesgo para la cúpula del Ejecutivo taiwanés, incluidos ataques con misiles, un bloqueo naval y una invasión terrestre. Este tipo de simulacros, que combinan a las Fuerzas Armadas con la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, se realizan de forma periódica desde que Lai Ching-te asumió la presidencia en mayo de 2024, aunque habrían ganado en intensidad en los últimos meses. El Gobierno taiwanés no ha detallado públicamente el contenido íntegro del protocolo ensayado, alegando razones de seguridad nacional.
Taiwán, una isla de unos 23,5 millones de habitantes situada a alrededor de 180 kilómetros de la costa china, es desde 1949 el último reducto del gobierno republicano que perdió la guerra civil frente al Partido Comunista de Mao Zedong. Pekín considera la isla una provincia rebelde pendiente de reunificación, por la fuerza si es necesario, mientras que Taipéi mantiene de facto una soberanía que apenas reconoce un puñado de aliados diplomáticos, en aplicación de la política de «una sola China» que Estados Unidos asumió en el comunicado de Shanghái de 1972.
Un paquete de 14.000 millones que debe pasar por el Congreso
El paquete de ayuda militar que Trump presentaría ante el Congreso, cifrado en 14.000 millones de dólares, se sumaría a los sucesivos envíos de armamento aprobados en los últimos años. Washington no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, pero desde la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 se compromete a proporcionarle medios de carácter defensivo, una obligación legal que sucesivas administraciones han interpretado con distinto grado de firmeza. El Departamento de Estado no se ha pronunciado públicamente sobre la información relativa al nuevo paquete.
La aprobación final corresponde al Congreso de Estados Unidos, que deberá tramitar la operación a través de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Servicios Armados de ambas cámaras, con la posibilidad de introducir enmiendas o condicionar los plazos de entrega. Paquetes anteriores de ayuda a Taiwán han sufrido retrasos de meses e incluso años en su ejecución material, debido a la saturación de la industria de defensa estadounidense y a la prioridad dada a otros frentes, como el suministro de armamento a Ucrania e Israel.
La política de «ambigüedad estratégica» que Estados Unidos ha sostenido durante décadas —no comprometerse explícitamente a defender militarmente la isla en caso de invasión, para no incentivar ni una declaración de independencia taiwanesa ni un ataque chino— ha sido puesta en entredicho por declaraciones de distintos responsables estadounidenses que sugerían una intervención directa. La Casa Blanca no ha confirmado un cambio formal de esa doctrina.
La antesala del actual pulso se remonta a 2022, cuando la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taipéi elevó la tensión con Pekín a niveles no vistos desde la crisis del estrecho de 1995-1996. Pekín sostiene que sus maniobras responden al ejercicio de su soberanía sobre lo que considera aguas y espacio aéreo propios, y ha calificado de forma reiterada la venta de armas estadounidenses a Taipéi como una «interferencia en los asuntos internos chinos» y una violación de los tres comunicados conjuntos suscritos entre Washington y Pekín entre 1972 y 1982.
Semiconductores, incursiones aéreas y división interna
La disputa se solapa con la rivalidad tecnológica: Taiwán concentra una parte muy elevada de la producción mundial de semiconductores y la mayoría de los chips más avanzados, lo que convierte a la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en un activo estratégico de primer orden para Washington, Pekín y también para una Unión Europea muy dependiente de esas importaciones. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha reportado en los últimos años un aumento sostenido de las incursiones de aviones y buques chinos en su zona de identificación de defensa aérea, con picos que han superado el centenar de aparatos en una sola jornada, según sus propios partes diarios.
El gobierno de Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista, ha defendido un aumento del gasto en defensa, con el objetivo declarado de acercarse a los estándares de la OTAN pese a que la isla no forma parte de la Alianza. La oposición del Kuomintang, partidaria de una relación menos confrontativa con Pekín, ha cuestionado en el Yuan Legislativo tanto el ritmo de las compras de armamento como el coste de los simulacros de defensa civil, en un debate que refleja la división de la sociedad taiwanesa sobre cómo gestionar la presión china.
El precedente más citado por los analistas de seguridad para entender la lógica de estos ejercicios es la invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022, interpretada en Taipéi como una advertencia sobre la necesidad de preparar a la población y a las instituciones ante un eventual ataque relámpago destinado a descabezar el liderazgo político antes de que pudiera reaccionar la comunidad internacional. Desde entonces, Taiwán ha reformado su servicio militar obligatorio, ampliándolo de cuatro meses a un año, y ha reforzado los simulacros de defensa civil en ciudades como Taipéi.
China, por su parte, ha multiplicado sus propios ejercicios militares de gran escala alrededor de la isla, entre ellos maniobras bautizadas como «Espada Conjunta», que el Ejército Popular de Liberación presenta como simulacros de bloqueo y de ataques de precisión contra objetivos de alto valor. El Pentágono, en sus informes anuales al Congreso sobre el poder militar chino, ha señalado que Pekín podría estar en condiciones de intentar una operación a gran escala contra Taiwán hacia 2027, una fecha citada como horizonte de riesgo sin que ello implique, subrayan sus autores, una predicción de conflicto inminente.
En el plano diplomático, la Unión Europea ha reiterado su adhesión a la política de «una sola China» al tiempo que ha expresado su preocupación por cualquier intento de alterar unilateralmente el statu quo en el estrecho, una fórmula que evita tomar partido explícito. Japón, por su proximidad geográfica y su propia disputa territorial con China en el mar de China Oriental, ha reforzado en paralelo su cooperación de seguridad con Washington, mientras Corea del Sur observa la evolución del conflicto con cautela por su exposición económica al mercado chino.
A partir de ahora, la atención se concentra en si la Casa Blanca formaliza efectivamente ante el Congreso el paquete de ayuda militar y en qué plazos se aprueba, así como en la respuesta que pueda dar Pekín, que históricamente ha reaccionado a los anuncios de venta de armas a Taiwán con sanciones a empresas de defensa estadounidenses y con nuevas maniobras militares alrededor de la isla. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no se ha pronunciado todavía sobre la información conocida esta semana.
