Las palabras del diputado, integrante de la formación que gobierna en coalición con el PSOE, vinculan la organización deportiva con la gestión de los flujos migratorios hacia el territorio español, especialmente en Ceuta y Melilla. Sumar ha mantenido de forma reiterada una línea crítica hacia la política migratoria de Rabat y hacia los acuerdos de externalización de fronteras suscritos por Madrid con el país vecino.
La designación de España, Portugal y Marruecos como sede conjunta del Mundial de 2030 fue ratificada por la FIFA en octubre de 2023. Aquella decisión integró también, de forma simbólica, tres partidos inaugurales en Sudamérica —Uruguay, Argentina y Paraguay— para conmemorar el centenario del primer Mundial, disputado en Montevideo en 1930. Desde entonces, la cooperación deportiva entre Madrid y Rabat ha convivido con episodios de fricción diplomática en torno a la gestión de fronteras y al reconocimiento español del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, formalizado en marzo de 2022.
De la crisis fronteriza de Ceuta al terreno de juego
La gestión de la frontera sur ha marcado buena parte de la agenda bilateral en la última década. El episodio más recordado se remonta a mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en menos de 48 horas, según datos del Ministerio del Interior, en un movimiento que Rabat no impidió tras la crisis diplomática abierta por la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio instaló en el debate público español la tesis de que Marruecos emplea el control de sus fronteras como instrumento de negociación política, un marco al que apela ahora la crítica de Sumar.
El material periodístico que ha servido de contexto a la polémica alude a la situación de decenas de personas de origen marroquí que sobreviven en Ceuta en condiciones extremas, durmiendo en cementerios o a la intemperie mientras esperan una vía de regularización o tránsito. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han documentado de forma recurrente condiciones precarias y devoluciones sumarias en la frontera hispano-marroquí, denuncias que Rabat ha rechazado en el pasado defendiendo la legalidad de su actuación fronteriza.
Quién decide sobre las sedes
La potestad sobre la designación y eventual revocación de sedes mundialistas corresponde en exclusiva a la FIFA conforme a sus estatutos. La colaboración institucional española para el torneo se articula a través de un marco de cooperación técnica y de seguridad entre los tres países organizadores, pero cualquier alteración del formato de coorganización no dependería de una decisión unilateral española ni de una controversia bilateral migratoria, sino del organismo rector del fútbol mundial.
La RFEF, presidida por Rafael Louzán desde principios de 2024, ha defendido en distintas comparecencias el carácter estrictamente deportivo de la coorganización, subrayando que la elección de sedes responde a criterios técnicos avalados por la FIFA y no a valoraciones sobre la política interior de los países implicados. Esa posición coincide con la línea oficial mantenida por el Gobierno español desde la ratificación de la candidatura en 2023.
El precedente más directo de la interferencia entre fútbol y diplomacia en la región se remonta a la Copa Africana de Naciones de 2015, cuyo derecho de organización fue retirado a Marruecos por la Confederación Africana de Fútbol después de que el país solicitara aplazarla por la epidemia de ébola. Aquel choque derivó en sanciones deportivas y económicas contra la federación marroquí e ilustra hasta qué punto las decisiones sobre sedes han estado sujetas históricamente a factores extradeportivos.
La magnitud económica del acontecimiento es uno de los argumentos habituales de sus defensores, que computan la construcción y reforma de infraestructuras, el turismo y el empleo temporal asociados al torneo. En ediciones anteriores, sin embargo, las cifras han sido objeto de fuerte controversia: el Mundial de Catar 2022 se convirtió en el más caro de la historia y quedó marcado por las denuncias sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes empleados en sus obras, un debate que ha reforzado el escrutinio sobre los estándares de derechos humanos exigidos a los países organizadores.
Los próximos hitos
La controversia se produce en la antesala de los preparativos logísticos del torneo. La FIFA debe concretar en los próximos meses el reparto definitivo de sedes dentro de cada país organizador, y el proceso de homologación de estadios y coordinación de seguridad transfronteriza entre España, Portugal y Marruecos se intensificará a medida que se acerque 2030. Ese calendario técnico convivirá con una relación bilateral que, a falta de reacción oficial de los ejecutivos de Madrid y Rabat, mantiene abiertos los frentes migratorio y territorial que han condicionado la última década de trato entre ambos países.
