En la nota, ambos gobiernos subrayaron su compromiso con "la rendición de cuentas y la justicia, y la lucha contra la impunidad" por unos hechos que marcaron uno de los episodios más graves de la guerra civil siria. El ataque de Guta Oriental, perpetrado con gas sarín contra un área densamente poblada a las afueras de la capital, se considera uno de los mayores atentados con armas químicas del siglo XXI.
La declaración franco-siria recuerda que, entre finales de 2012 y la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024, Siria fue escenario de más de 200 ataques con armas químicas, que causaron la muerte de más de 1.500 personas, entre ellas mujeres y menores, según las estimaciones que maneja París. La cifra convierte a Siria en uno de los casos más extensos de uso de armamento químico contra población civil documentado desde la entrada en vigor de la Convención sobre Armas Químicas de 1997, el tratado internacional que prohíbe su desarrollo, producción, almacenamiento y empleo.
Las nuevas autoridades sirias han solicitado formalmente su incorporación a la Alianza Internacional contra la Impunidad por el Uso de Armas Químicas, una coalición de países creada en 2018 para coordinar respuestas políticas y judiciales frente a estos ataques al margen de los mecanismos del Consejo de Seguridad de la ONU, a menudo bloqueados por el veto. Francia ha acogido favorablemente la petición, que interpreta como una muestra de la voluntad de Damasco de reforzar los mecanismos de responsabilidad tras la caída del régimen anterior.
La aproximación entre ambos países se enmarca en el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales iniciado tras la caída de Asad. Un hito relevante fue la visita que el presidente francés, Emmanuel Macron, realizó a Siria los días 6 y 7 de julio de 2026. Según la diplomacia francesa, aquel desplazamiento abrió una nueva etapa en el vínculo bilateral, orientada a superar el legado del periodo anterior y construir una relación basada en la cooperación y el respeto mutuo.
El papel de la OPAQ y la recuperación de derechos de Siria
Francia y Siria destacaron también el trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, en el esclarecimiento del antiguo programa de armamento químico sirio y en la identificación y verificación de los componentes que aún persisten en el país, con vistas a su eliminación en coordinación con las autoridades actuales. La OPAQ, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2013 precisamente por su labor de verificación en Siria, arrastra desde entonces disputas sobre el grado de cumplimiento del régimen de Asad con sus compromisos de desarme declarados ese mismo año.
Ambos gobiernos celebraron, asimismo, que Siria haya recuperado recientemente la totalidad de sus derechos y privilegios dentro de la organización, y expresaron su apoyo a las labores de la OPAQ para cerrar los asuntos pendientes y fortalecer el régimen internacional de prohibición de las armas químicas. El respaldo francés a este proceso se enmarca en la normalización diplomática hacia las nuevas autoridades sirias, surgidas de la transición política abierta tras la caída de Asad.
La persecución de estos crímenes se apoya en la Convención sobre Armas Químicas, ratificada por Siria en 2013 tras el ataque de Guta, y en los mecanismos de investigación creados posteriormente por Naciones Unidas: el Mecanismo Conjunto de Investigación OPAQ-ONU, activo entre 2015 y 2017, y el posterior Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ, que desde 2018 tiene el mandato específico de determinar responsabilidades individuales en los ataques químicos sirios.
El principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos fuera de sus fronteras, ha sido la vía por la que varias jurisdicciones europeas han abierto causas contra antiguos responsables del régimen de Asad. Alemania se convirtió en 2021 en el primer país en condenar a un exagente de los servicios de seguridad sirios por crímenes contra la humanidad, en aplicación de ese mismo principio, un antecedente que ilustra el recorrido judicial que ahora Damasco y París dicen querer impulsar en un contexto político radicalmente distinto.
La cooperación no está exenta de dificultades prácticas. La identificación y neutralización de posibles restos de arsenal químico en territorio sirio requiere un acceso pleno de los inspectores de la OPAQ a instalaciones y archivos que durante años permanecieron bajo control militar. Rusia e Irán, potencias que respaldaron a Damasco durante la guerra civil, mantienen un papel en el actual proceso de transición que sigue siendo objeto de escrutinio internacional.
Damasco y París enmarcaron sus actuaciones en un objetivo compartido: preservar la memoria de las víctimas, afianzar el principio de rendición de cuentas y evitar que se repitan ataques de esta naturaleza. La declaración conjunta no detalla, sin embargo, un calendario concreto para la apertura de causas judiciales específicas ni para la admisión formal de Siria en la Alianza Internacional contra la Impunidad.
El proceso abre varios frentes para los próximos meses: la respuesta formal de la Alianza Internacional a la solicitud siria, el avance de las inspecciones de la OPAQ sobre el terreno y la eventual apertura de nuevas causas judiciales, tanto en tribunales sirios en reconstrucción como en jurisdicciones europeas que ya investigan a antiguos responsables del régimen de Asad. De su desarrollo dependerá, según los propios firmantes de la declaración, la credibilidad del compromiso conjunto contra la impunidad por armas químicas.
