El conflicto de atribuciones es un procedimiento regulado en los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permite a un órgano constitucional reclamar frente a otro la titularidad de una competencia que considera vulnerada. En este caso, el Senado argumenta que el artículo 134.3 de la Constitución establece que «el Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», y que la no presentación del proyecto priva a las Cortes Generales de su función esencial de examen, enmienda y aprobación de las cuentas públicas.
El escrito del Senado, de 42 páginas redactadas por los servicios jurídicos de la Cámara bajo la supervisión de la Secretaría General, sostiene que la prórroga automática de los presupuestos prevista en el artículo 134.4 de la Constitución es un mecanismo de excepción diseñado para cubrir la eventualidad de que el proyecto sea rechazado por las Cortes, no para servir como herramienta ordinaria de gobernanza. Los presupuestos actualmente vigentes fueron aprobados para el ejercicio 2024 y llevan prorrogados dos años consecutivos, una situación que el escrito califica de «anomalía constitucional sin precedentes en la democracia española».
El PP ha sido el principal impulsor de la iniciativa. Su portavoz en el Senado ha declarado que el Gobierno «ha decidido vivir en una excepción legislativa permanente que vacía de contenido la función presupuestaria de las Cortes, la más importante de cuantas la Constitución encomienda al Parlamento». El partido ha recordado que España es el único país de la eurozona que no ha presentado un proyecto de presupuestos para 2026 y que la Comisión Europea ha instado al Gobierno en sus últimas recomendaciones específicas a «restablecer la normalidad presupuestaria lo antes posible».
El Gobierno ha respondido a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes con un comunicado en el que rechaza la «instrumentalización partidista» de un mecanismo constitucional y argumenta que la Constitución «otorga al Gobierno la iniciativa presupuestaria sin establecer un plazo imperativo cuyo incumplimiento genere consecuencias jurídicas». Fuentes de Moncloa han añadido que la aritmética parlamentaria hace inviable la aprobación de unos presupuestos y que presentar un proyecto abocado al rechazo «sería un ejercicio de ficción constitucional más perjudicial que la prórroga».
Quienes lo consideran viable argumentan que el artículo 134.3 utiliza el verbo «presentará» en futuro de indicativo, una forma gramatical que en el lenguaje constitucional tiene valor imperativo, no facultativo. La no presentación no sería, según esta lectura, un ejercicio legítimo de la discrecionalidad gubernamental, sino una omisión inconstitucional que priva al Parlamento de una de sus funciones esenciales.
Quienes cuestionan la viabilidad del conflicto señalan que el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre esta cuestión y que la jurisprudencia sobre conflictos de atribuciones es muy escasa — apenas siete sentencias en 45 años de funcionamiento del tribunal. Además, advierten de que admitir el conflicto obligaría al TC a entrar en un terreno políticamente muy sensible: dictaminar si el Gobierno tiene la obligación jurídica de presentar presupuestos o si se trata de una decisión política discrecional.
El Consejo de Estado emitió en febrero de 2026 un dictamen no vinculante sobre la cuestión, a instancias de un grupo de senadores del PP, en el que concluyó que «la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado constituye una obligación constitucional del Gobierno cuyo incumplimiento reiterado erosiona el equilibrio institucional entre el poder ejecutivo y el legislativo, sin perjuicio de que el ordenamiento no prevea un mecanismo específico de compulsión para su cumplimiento». La ambigüedad calculada del dictamen ha sido utilizada por ambas partes para reforzar sus posiciones.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de diez días para admitir o inadmitir el conflicto. Si lo admite, dará traslado al Gobierno para que formule alegaciones en el plazo de un mes y citará a ambas partes a una vista oral. La resolución podría tardar entre seis meses y un año. En el interim, la situación presupuestaria no cambia: los presupuestos de 2024 seguirán prorrogados, con las limitaciones que ello impone al gasto público en inversión, políticas nuevas y ajustes de personal.
La dimensión política del conflicto trasciende la cuestión jurídica. El Senado es la única institución del Estado en la que el PP tiene mayoría absoluta, y la activación de un mecanismo constitucional tan infrecuente se lee en clave de presión sobre un Gobierno que depende de alianzas frágiles para mantenerse en el poder. La coincidencia con la crisis presupuestaria en las comunidades autónomas, varias de las cuales han aprobado sus cuentas con retraso o con presupuestos prorrogados, añade una capa adicional de tensión al conflicto.
