Ramírez Cuéllar, impulsor de la iniciativa en San Lázaro, explicó que el eje central de la propuesta es crear un sistema anticorrupción completamente nuevo, no una actualización del actual, por considerar que el modelo vigente arrastra limitaciones estructurales que le han impedido cumplir sus objetivos de origen.
El paquete contempla una reconstrucción integral del sistema de fiscalización y auditorías, con reformas a la Auditoría Superior de la Federación y mecanismos de coordinación con los órganos fiscalizadores de los estados, cuya actuación hoy depende en buena medida de la voluntad política local. También se plantea un rediseño de las fiscalías anticorrupción, tanto la federal como las de las entidades, varias señaladas por falta de autonomía frente a los gobiernos que deben investigar.
Entre los puntos más sensibles del proyecto figura la revisión de la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios —el fuero—, así como una modificación a los mecanismos del juicio político previstos en la Constitución. La propuesta incluye además una actualización del Código Penal en los delitos relacionados con corrupción y un fortalecimiento de la extinción de dominio, figura que el Senado busca reforzar particularmente frente a los esquemas conocidos como huachicol fiscal.
"No es con Vel Rosita, es con aguarrás"
En su intervención, Martínez reconoció que, pese a la transformación política iniciada en 2018, México no ha logrado erradicar la corrupción de sus gobernantes, fenómeno que calificó como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. El senador llamó a impulsar una limpieza de fondo que permita investigar, sancionar y desarticular las redes de corrupción que persisten en la vida pública, tanto en el gobierno federal como en estados y municipios.
"La corrupción no se elimina con medidas cosméticas ni soluciones a medias, sino con una intervención profunda en las instituciones. No es con Vel Rosita, es con aguarrás", advirtió Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado.
El legislador puso especial énfasis en los gobiernos estatales y municipales, donde dijo que existen numerosos espacios para detectar irregularidades, y cuestionó que el propio Sistema Nacional Anticorrupción y las contralorías se hayan convertido en estructuras que cobran y no cumplen eficazmente con su responsabilidad. La crítica se produce cuando distintos casos locales han evidenciado los límites de la fiscalización, como la renuncia de Zamora a la secretaría de Jalisco tras revelarse una concesión de agua agrícola o los hallazgos de la ASF sobre triangulación de recursos públicos a familiares de funcionarios en Nuevo León y Sinaloa.
Un tribunal de cuentas independiente del Ejecutivo
Como alternativa a las contralorías actuales, Martínez propuso la creación de un tribunal de cuentas independiente del gobierno federal, con facultades para vigilar el gasto público en los tres órdenes de gobierno y llamar a cuentas a gobernadores y presidentes municipales. El senador argumentó que no puede existir una fiscalización efectiva mientras los titulares de las dependencias, los gobernadores y los alcaldes sigan designando directamente a sus propios contralores, pues ello coloca al vigilante bajo la dependencia de quien debe ser vigilado.
Martínez extendió la crítica al sistema de cuotas partidistas en la designación de consejeros electorales, magistrados y contralores, acuerdos políticos que, a su juicio, han debilitado la autonomía de instituciones que deberían operar al margen de los intereses de los partidos. El señalamiento llega en paralelo a otros episodios de tensión institucional, como la disputa en San Lázaro en torno a la comparecencia de funcionarios electorales estatales, cuando un diputado priista acusó a Morena de frenar la comparecencia del titular del IEE Sonora.
El presidente del Senado sostuvo que corrupción e impunidad son fenómenos inseparables y que el país debe aprovechar el momento político para emprender una reforma que vaya más allá de crear nuevas oficinas o modificar leyes sin consecuencias. La formulación coincide con un diagnóstico más amplio sobre la opacidad en la operación de la vida partidista, en línea con lo señalado por especialistas que han documentado cómo los partidos usan "coordinadores" sin regular para adelantar campañas al margen de la fiscalización electoral formal.
El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado en 2015 mediante una reforma constitucional aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como respuesta a escándalos como el de la llamada Casa Blanca. Desde entonces, especialistas han señalado de manera reiterada que el sistema careció de la capacidad legal para sancionar con eficacia a funcionarios y particulares involucrados en actos de corrupción, un diagnóstico que ahora comparte la propia conducción del Senado.
El plan anunciado contempla la integración de equipos de trabajo entre legisladores y especialistas de universidades y organismos empresariales para precisar el contenido técnico de las iniciativas en las próximas semanas. Ramírez Cuéllar reiteró que la revisión alcanzará también la coordinación entre la Federación y los órganos fiscalizadores estatales, una de las áreas donde con mayor frecuencia se documentan desvíos de recursos que terminan sin sanción firme por falta de mecanismos de seguimiento entre ambos niveles de gobierno.
El objetivo declarado es convocar eventualmente a un periodo extraordinario de sesiones en el que el combate a la corrupción y la impunidad sea el tema central de la agenda legislativa, aunque la reunión no fijó una fecha concreta para dicho periodo.