Ochoa explicó que, a diferencia de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo estatal, el presidente del IEE no está obligado por ley a comparecer ante el Congreso, pero sostuvo que el pleno sí puede formular una invitación formal mediante un punto de acuerdo aprobado. Al quedar fuera del orden del día, la propuesta ni siquiera llegó a votarse, lo que el legislador atribuyó a una práctica reiterada en las dos últimas legislaturas cuando los asuntos involucran al gobierno estatal o a figuras cercanas a Morena.
"Si no están de acuerdo con mi propuesta, voten en contra", planteó el diputado del PRI, Emeterio Ochoa, al cuestionar que la mayoría morenista evite someter el tema a votación para no asumir públicamente una postura.
El señalamiento se produjo después de que el representante del PRI ante el IEE Sonora, Luis Donaldo Coronado Rey, pidiera explicaciones y la separación del cargo de Ruiz Arvizu mientras se esclarecen las adjudicaciones. Según la información presentada por Coronado Rey, entre 2017 y 2025 se identifican cinco contratos por aproximadamente 156.8 millones de pesos, sin IVA, con empresas proveedoras de materiales y documentación electoral. De ese total, cerca de 67.8 millones corresponden al periodo en que Ruiz Arvizu ocupó distintos cargos en el instituto bajo la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, y otros 89 millones se adjudicaron ya bajo su propia gestión.
Formas Finas, Cajas Graf y Litoformas
Entre los contratos señalados figura uno otorgado en 2017 a Formas Finas y Materiales por 27.3 millones de pesos y otro adjudicado en 2021 a Cajas Graf por 40.4 millones, además de adjudicaciones posteriores a las mismas Formas Finas y Materiales, a Litoformas y a otras empresas del ramo. Coronado Rey puso especial atención en un proceso de 2025 en el que, según sus datos, Gráficas Corona presentó una propuesta aproximadamente 3.88 millones de pesos menor que la oferta ganadora, de Litoformas. También pidió revisar una adjudicación de 2024 realizada con una sola propuesta y posibles vínculos entre proveedores, subcontrataciones y funcionarios del organismo.
El representante priista aclaró, sin embargo, que la aparición de algunas de estas empresas en reportes vinculados a revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no implica por sí misma responsabilidad individual ni determinación de culpabilidad. La exigencia del PRI, señaló, se limita a transparentar los fallos de las licitaciones, identificar a los funcionarios que autorizaron las decisiones y, de existir elementos, investigar posibles conflictos de interés.
Ochoa cuestionó además los vínculos políticos entre Guadalupe Taddei, Nery Ruiz y el gobierno estatal. El diputado sostuvo que la cercanía entre Ruiz y Taddei —quien encabezó el Instituto Nacional Electoral antes de que aquel asumiera la presidencia del órgano sonorense— debe revisarse, y relacionó a Taddei con el gobernador Alfonso Durazo, a quien atribuyó influencia en su llegada al organismo nacional. La discusión en Sonora corre en paralelo al debate en San Lázaro, donde un diputado panista exigió que el INE no quede en manos afines a Morena tras la renuncia de Taddei a la presidencia del instituto.
"Si no hay nada que esconder, si todo se hizo con rectitud, apegado a derecho, entonces que se contesten las preguntas", sostuvo el diputado del PRI, Emeterio Ochoa.
Para el legislador priista, el trasfondo no es únicamente el destino de los contratos, sino la necesidad de preservar la confianza en el órgano encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en la entidad. El PRI considera indispensable que cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad del instituto quede aclarado antes del proceso electoral del 6 de junio. Ante la negativa de incluir el punto de acuerdo en el orden del día, Ochoa adelantó que fijará un posicionamiento desde la tribuna y buscará sumar a otros legisladores al llamado para que Ruiz Arvizu dé explicaciones.
