El Banco Central del Paraguay anunció el lunes el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo regulatorio tras un proceso de regularización que obligó a ajustar sus estados financieros. La crisis bancaria derivó en el anuncio de renuncia del presidente Santiago Peña y en el arranque de un juicio político en su contra, un episodio que Moody's vincula con las deficiencias de gobernanza que atribuye al país sudamericano.
La calificadora puso particular atención en los cuestionamientos sobre la independencia del Banco Central del Paraguay, cuyo presidente, Carlos Carvallo, renunció tras la quiebra de Ueno Bank. Carvallo había encabezado previamente Financiera Ueno, la entidad predecesora del banco colapsado, un antecedente que, según Moody's, alimenta las dudas sobre el control regulatorio ejercido sobre la institución antes de su caída.
A esos señalamientos se suman denuncias de legisladores paraguayos sobre el presunto uso indebido de fondos previsionales y posibles encubrimientos institucionales relacionados con la entidad financiera. Moody's indicó que las investigaciones en curso permitirán determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y control, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades individuales.
Según Moody's, los indicadores de gobernanza de Paraguay se ubican sistemáticamente en el percentil 25 o por debajo de este entre los países evaluados por la calificadora, particularmente en materia de efectividad gubernamental, Estado de derecho y control de la corrupción. El deterioro en este último indicador ha sido significativo durante la última década, pese a que ya partía de niveles bajos respecto de países con calificaciones crediticias similares.
La calificadora reconoció que Paraguay ha impulsado reformas relevantes, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal, la modernización de la administración financiera del Estado y cambios en el sistema de pensiones. Sin embargo, consideró que la quiebra de Ueno Bank y los atrasos fiscales que el gobierno anunció el año pasado evidencian limitaciones institucionales persistentes para implementar esas reformas de manera efectiva.
Baa3 con perspectiva estable y deuda al 38%
Pese a ese diagnóstico, Moody's no anticipa un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, que mantiene la calificación Baa3 con perspectiva estable. La calificadora sostiene esa valoración en el crecimiento económico del país y en una deuda pública equivalente a aproximadamente el 38% del PIB, un nivel que, a su juicio, ofrece margen frente a la turbulencia bancaria.
Para los ahorradores de Ueno Bank, Moody's estimó que alrededor del 97% de los depositantes estaría completamente cubierto por el fondo de garantía de depósitos, que a septiembre de 2026 contaba con una liquidez de 1,600 millones de dólares, cifra equivalente a casi el doble de los depósitos asegurados por la institución. Ese colchón es, para la calificadora, el principal factor que permitiría contener los riesgos sistémicos si el proceso de resolución avanza de forma rápida y ordenada.
Un proceso de resolución bancaria como el que aplica el Banco Central del Paraguay busca ordenar la salida de una entidad insolvente —traspasando depósitos y activos viables— sin repetir rescates con fondos públicos. La crisis se produce en un contexto regional donde episodios de fragilidad bancaria han estado ligados a debilidades regulatorias: la crisis financiera mexicana de 1994-1995 forzó la creación del entonces Fobaproa e ilustra cómo la supervisión tardía deriva en rescates costosos para las finanzas públicas, aun cuando circunstancias y magnitudes no sean comparables.
Moody's prevé que una eventual transición presidencial hacia el vicepresidente Pedro Alliana permitiría mantener la disciplina fiscal y la continuidad de la política monetaria paraguaya. No obstante, advirtió que una incertidumbre prolongada sobre esa transición política, combinada con mayor inestabilidad social, podría afectar el desempeño económico y fiscal del país ante un eventual aumento del riesgo político y el deterioro de la confianza de los inversionistas.
El caso paraguayo se suma a una serie de episodios recientes en América Latina donde la fiscalización de recursos públicos y privados ha quedado bajo escrutinio, en línea con hallazgos como los que documentó la Auditoría Superior de la Federación sobre triangulación de recursos públicos a familiares de funcionarios en Nuevo León y Sinaloa, que evidencian patrones de supervisión insuficiente frente a esquemas de desvío de fondos.
Las investigaciones legislativas en Paraguay sobre el presunto manejo irregular de fondos previsionales permanecen abiertas. De su resultado dependerá en buena medida si las fallas detectadas en la supervisión de Ueno Bank se traducen en responsabilidades concretas o si, como advirtió Moody's, el episodio queda registrado como otro síntoma de la debilidad institucional que arrastra el país desde hace más de una década.
La calificadora fijó el pulso de su advertencia en el reporte del viernes: la crisis bancaria refleja, sostuvo Moody's, deficiencias de gobernanza y una efectividad gubernamental limitada que persisten pese a las reformas emprendidas, y que solo el desenlace del juicio político contra Peña y la transición hacia Alliana permitirán mesurar en su verdadera dimensión.