En Sinaloa, según detalló el auditor superior, entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra pública a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal, un patrón que la ASF documentó mediante una gráfica presentada ante los diputados. El esquema, dijo, buscaba transferir recursos públicos a través del pago de proveedores.
"El destino final de los recursos estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos", afirmó Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.
El funcionario precisó que de los 374 informes individuales de auditoría presentados —correspondientes a 42 revisiones a municipios, 286 a entidades federativas y 46 a entes del orden federal— se identificaron más de 9,000 mdp pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno. Entre los hallazgos federales, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México concentraron un monto observado de 2,327 mdp por movimientos financieros y gastos de operación no justificados.
En el ámbito estatal, las auditorías reportaron más de 1,200 mdp pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud. El auditor destacó que, tras la conclusión de las revisiones, varias entidades reintegraron 1,132 mdp, con el sector salud como el de mayor devolución, con 553 mdp.
"El sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. Hablamos de que estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, de insumos médicos, de equipamiento y mejorar las condiciones de atención para la población", indicó el titular de la ASF.
5,200 mdp sin acreditar en 42 municipios
El caso municipal resultó el más severo: de las 42 auditorías realizadas, que revisaron el 100% de los recursos otorgados a esos gobiernos, más de 5,200 mdp quedaron sin acreditar su destino. Esto significa, según explicó Hernández Palacios Cardel, que la totalidad de los recursos federales asignados a esos 42 municipios no pudo ser comprobada ante la ASF.
En materia penal, el auditor reportó que en los primeros seis meses de su gestión al frente del órgano fiscalizador se presentaron 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, todas judicializadas. Lo calificó como un hito, al señalar que por primera vez la totalidad de las denuncias lograron avanzar a proceso judicial en un plazo corto.
La fiscalización de recursos observados no es nueva en el combate a irregularidades del gasto estatal y municipal: casos previos, como las auditorías en torno a la red de empresas fantasma que derivó en la llamada Estafa Maestra en 2017, mostraron cómo los desvíos se articulaban mediante proveedores simulados y triangulación de contratos entre dependencias públicas, un patrón afín al descrito ahora para Nuevo León y Sinaloa. La ASF presenta sus informes individuales en entregas escalonadas ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que coordina la revisión de la Cuenta Pública.
Las entidades y municipios observados cuentan con plazos establecidos en la normativa de fiscalización para solventar o aclarar las observaciones antes de que los expedientes puedan derivar en acciones legales adicionales. Los señalamientos sobre Nuevo León y Sinaloa, que la ASF documentó esta semana, se enmarcan en un ejercicio que suma 374 informes individuales de la Cuenta Pública 2025.