Morena abrió la vía con sus coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. Al ver que la fórmula daba resultados sin sanción, los partidos de oposición la copiaron: el PAN anunció a sus coordinadores en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad; el PRI, a los Defensores de México; y el PVEM sumó a los Guardianes Verdes. En los hechos, estas figuras no están previstas en la legislación.
El exconsejero electoral Mauricio Merino sostuvo que los partidos inventaron estas figuras para eludir lo que marca la ley y que los nombramientos deberían considerarse actos anticipados de precampaña. Atribuyó su persistencia a una omisión deliberada del Consejo General del INE, que en tres ocasiones habría recibido planteamientos de consejeros y partidos de oposición para regular la figura sin que prosperaran.
"Lo hicieron así y se negaron a regular, a pesar de que en tres ocasiones distintas otros consejeros y otros partidos de oposición se lo plantearon al Consejo General… la máxima autoridad en esta materia ha decidido ser omiso", señaló Mauricio Merino, exconsejero electoral.
Merino extendió la crítica a los Organismos Públicos Electorales Locales, que tampoco han reaccionado pese a que el año electoral ya arrancó formalmente. Para el exconsejero, los mítines, reuniones públicas y reparto de propaganda registrados en la prensa configuran, en los hechos, actividades propias de campaña.
"Estamos metidos en un berenjenal porque las autoridades, repito, han sido omisas para frenar esto y tres partidos principales, Morena, PAN y PRI, decidieron burlar la ley. Los ciudadanos, espero que tengamos capacidad de despertar y de llamar la atención de todo esto, porque lo que mal empieza mal acaba", aseveró Mauricio Merino.
Jessica Rojas, especialista en materia electoral por la UNAM, matizó que el problema tiene raíz jurídica: la legislación no sanciona el nombre de la figura, sino la conducta que vulnere la competencia electoral, y los partidos cuentan con un margen amplio de autoorganización interna que utilizan al límite. Según Rojas, la figura se convierte en "una especie de disfraz jurídico para adelantar una precampaña", aunque el Tribunal Electoral ha reconocido en un par de sentencias la necesidad de valorar el contexto mediante lo que denominan "equivalentes funcionales" para determinar si procede una sanción.
Arturo Espinosa, fundador del Laboratorio Electoral, coincidió en que las coordinaciones no están previstas en la ley y fueron inventadas para hacer campaña anticipada, y puso el acento en el financiamiento de asambleas y eventos. La principal pregunta, dijo, es de dónde sacan el dinero para esos actos. Espinosa recordó que en 2024 el Tribunal Electoral sí ordenó a los partidos establecer reglas de fiscalización para estas coordinaciones, mandato que, pese a impugnaciones posteriores, no derivó en una regulación efectiva, pues el propio Tribunal las ha definido como procesos políticos ajenos a la estructura partidista.
El debate sobre el financiamiento electoral no es nuevo en el país: tras el escándalo del Pemexgate y los Amigos de Fox en las elecciones de 2000, el entonces IFE multó a los partidos involucrados por el desvío de recursos a campañas, antecedente que consolidó la fiscalización como pieza central del modelo mexicano. Enrique Gutiérrez, especialista en análisis político de la Universidad Iberoamericana, se sumó a la demanda de regulación como condición para una contienda equitativa rumbo a 2027.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México respondió, a través de su oficina de comunicación, que tiene quejas sobre el tema y que no puede pronunciarse hasta que se resuelvan. El episodio coincide con la actividad de un gobierno capitalino que, como ha reportado la administración federal, presume inversión pública y mixta de 8 billones 400 mil mdp en el sexenio.