El expediente estima en alrededor de 860 mdd el monto sustraído solo de fondos públicos, cifra que no incluye los autopréstamos —créditos relacionados— otorgados a empresas vinculadas a los propietarios del banco, de acuerdo con la misma columna. Los directivos de la institución, señala el texto, ya cumplen prisión como parte de las consecuencias del caso.
La caída contrasta con la imagen que Peña proyectaba hasta hace poco entre sectores conservadores de América Latina y España. El propio Fernández-Vega recoge que esos círculos lo presumían como ejemplo de gestión económica liberal. En palabras de su columna:
"La derecha y ultraderecha latinoamericana y española lo presumían como 'ejemplo a seguir' y a Santiago Peña le auguraban un futuro venturoso 'por lo bien que lo ha hecho' como mandatario paraguayo", escribió Carlos Fernández-Vega en La Jornada.
El Ueno Bank aparece como el centro de la operación: ahí estaban depositados el ahorro, las pensiones y la caja de jubilaciones de millones de paraguayos, además de recursos directos del Estado. Peña fue accionista oficial de la entidad hasta 2025, aunque mantuvo, según la columna, estrechos lazos con sus directivos incluso tras desprenderse formalmente de sus acciones.
Esa relación entre la función pública y la cercanía con instituciones financieras privadas que manejan fondos estatales es el nudo que examina la justicia paraguaya, en un proceso que corre en paralelo al juicio político que ya costó a Peña la presidencia.
El mecanismo del juicio político
: La destitución se produjo por la vía del juicio político, mecanismo previsto en el orden constitucional paraguayo para remover a un presidente en ejercicio. Tras ella, Peña fue procesado penalmente y colocado bajo arresto domiciliario, medida cautelar que, conforme a cualquier estándar de debido proceso, no equivale a una sentencia ni implica culpabilidad confirmada: el expresidente permanece en la fase de acusación, sin que conste en el material un fallo definitivo.
Los cargos formales apuntan a dos figuras penales distintas pero complementarias: el abuso de confianza, referido al manejo irregular de fondos confiados en su carácter de servidor público; y el tráfico de influencias, por el presunto aprovechamiento de su posición para favorecer a terceros vinculados al banco señalado.
El elemento que más resuena en la población paraguaya es el impacto directo sobre el ahorro y las pensiones de millones de personas. A diferencia de otros escándalos de corrupción que afectan a las arcas del Estado sin que el ciudadano común perciba el daño de inmediato, aquí la afectación recae sobre cuentas de ahorro y fondos de jubilación, lo que dimensiona la magnitud del reclamo social que acompañó a la destitución.
La cifra de 3 millones de personas potencialmente afectadas, equivalente a la mitad de la población de Paraguay, mide el alcance del esquema, según los cálculos difundidos por la columna. El material no precisa si existen mecanismos de restitución para los ahorradores ni el estado de las pesquisas sobre el paradero de los fondos.
El patrón de gobernantes identificados con el libre mercado que terminan señalados por el manejo discrecional de recursos públicos no es nuevo en América Latina. En México, la vigilancia sobre el flujo de dinero público hacia círculos cercanos al poder quedó expuesta cuando la ASF detectó triangulación de recursos públicos a familiares de funcionarios en NL y Sinaloa, un hallazgo de naturaleza distinta pero que ilustra el mismo nudo entre dinero público y supervisión insuficiente.
En la memoria reciente del continente, el caso evoca la caída de Fernando Collor de Mello en Brasil, destituido por juicio político en 1992 tras un esquema de corrupción, y las investigaciones del caso Odebrecht que a partir de 2016 alcanzaron a varios exmandatarios de la región, incluidos procesos con prisión preventiva y arresto domiciliario similares al que ahora pesa sobre Peña.
El proceso penal contra el expresidente continúa su curso bajo arresto domiciliario, sin que el material consigne fecha de audiencia, resolución de vinculación a proceso o eventual juicio oral. Tampoco se detalla si la fiscalía paraguaya ha pedido el aseguramiento de bienes o si hay investigaciones contra otros funcionarios de su gobierno ligados al Ueno Bank.
Por ahora, los directivos de la entidad ya cumplen prisión, mientras Peña permanece como el nombre de mayor perfil político en un expediente abierto y sin sentencia.