El modo de operar, según detalló la Condusef a través de sus redes sociales, sigue un guion recurrente: una persona que se identifica como empleado bancario llama a la víctima para notificarle movimientos sospechosos en su cuenta, por lo general un depósito que rebasa los 50,000 pesos. El interlocutor advierte entonces que la cuenta será bloqueada si no se realiza una aclaración inmediata, una presión de tiempo diseñada para que la víctima no verifique la información antes de reaccionar.
Generado el temor, los defraudadores solicitan datos personales y bancarios —nombre completo, número de cuenta y contraseñas de acceso— bajo la premisa de que esa información es necesaria para evitar el bloqueo. Si la persona duda o intenta colgar, el guion incluye una segunda amenaza: que la cuenta quedará inhabilitada de inmediato si no se resuelve el supuesto problema en ese momento.
Un elemento que ha dificultado la identificación del fraude es que los delincuentes en ocasiones cuentan con datos reales de la víctima, como su nombre completo o su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que da apariencia de legitimidad a la llamada. El SAT fue explícito al respecto: la autoridad fiscal nunca realiza llamadas telefónicas para informar sobre bloqueos de cuentas ni para solicitar información confidencial, por lo que cualquier contacto de ese tipo, sin importar cuán formal o informado parezca el interlocutor, debe tratarse como un intento de fraude.
La alerta se produce en un contexto de incremento en los reportes de fraude financiero que motivó previamente un acuerdo entre la Condusef y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) orientado a la prevención de estos delitos. El esquema del supuesto bloqueo por depósitos de 50,000 pesos explota precisamente la confusión sobre las facultades reales del SAT en materia de cuentas bancarias.
Cuándo sí puede actuar el SAT
De acuerdo con la información compartida por ambas instituciones, el SAT sí tiene la facultad de inhabilitar cuentas o retener depósitos, pero únicamente en dos supuestos acotados: cuando el contribuyente tiene adeudos fiscales firmes, sin haber interpuesto un medio de defensa o con una resolución definitiva ya emitida a favor de la autoridad, o cuando existen adeudos fiscales sujetos a un medio de defensa que obliga a garantizarlos y el contribuyente no ha ofrecido dicha garantía.
En cualquiera de esos dos escenarios, la autoridad fiscal tiene la obligación de notificar previamente al contribuyente a través de sus canales oficiales, como el correo electrónico institucional o los avisos publicados en el Buzón Tributario, antes de proceder a cualquier bloqueo o retención. Un depósito, transferencia o retiro por un monto mayor a 50,000 pesos, por sí solo, no constituye motivo legal para que el SAT bloquee o retenga el dinero de una cuenta.
Lo que sí existe, y que los defraudadores distorsionan para dar verosimilitud a su relato, es la obligación de los bancos de notificar al SAT cuando los movimientos acumulados en las cuentas de un mismo contribuyente superan los 15,000 pesos en un solo mes. Esa notificación permite a la autoridad fiscal verificar que los ingresos reportados coincidan con la declaración de impuestos, pero no habilita de forma automática ningún bloqueo ni justifica una llamada telefónica exigiendo datos personales.
Ante este tipo de llamadas, el SAT y la Condusef recomendaron a los usuarios colgar de inmediato y no ceder ante la presión de los delincuentes. Ambas instituciones insistieron en que bajo ninguna circunstancia debe compartirse información personal, datos bancarios ni contraseñas de acceso, por convincente que resulte el argumento del interlocutor.
La recomendación operativa es verificar cualquier alerta de movimiento sospechoso directamente a través de la aplicación bancaria propia o de los canales de comunicación oficiales del SAT, nunca mediante los números o enlaces que el supuesto trabajador bancario proporcione durante la llamada. En caso de identificar un intento de fraude, la instrucción es presentar el reporte correspondiente ante la Condusef.
El fenómeno se inserta en un patrón más amplio de suplantación de instituciones que distintas áreas de fiscalización han documentado en México. En paralelo, otros organismos han reforzado mecanismos de transparencia ante señalamientos de manejo irregular de recursos, como ocurrió cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó triangulación de recursos públicos a familiares de funcionarios en Nuevo León y Sinaloa, un caso distinto que ilustra la vigilancia creciente sobre el manejo de dinero público y privado en el sistema financiero del país.
La alerta conjunta se suma a esfuerzos recientes de otras instituciones por reforzar la transparencia frente a señalamientos de opacidad, en la línea de lo que hizo el Instituto Nacional Electoral cuando Taddei presentó el portal de contratos del INE tras señalamientos sobre choferes y proveedores, medida orientada a cerrar espacios de desconfianza institucional mediante información de acceso directo para la ciudadanía.
La recomendación de ambas instituciones permanece como la principal línea de defensa disponible para los usuarios: ante cualquier llamada que advierta sobre bloqueo de cuentas por depósitos, colgar, no proporcionar datos y verificar únicamente a través del Buzón Tributario o de la aplicación bancaria oficial.